O presidenta, ¿dónde está su compromiso?, lo
mismo da que da lo mismo.
“El
Gobierno central y la Junta de Andalucía han firmado este lunes el convenio de
colaboración para la ejecución del Plan Estatal de la Vivienda (2013-2016). La ministra de
Fomento, Ana Pastor y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, han
suscrito este plan, que destinará a la
comunidad cerca de 180 millones de euros para el fomento del alquiler, la
rehabilitación de la vivienda y la regeneración y renovación urbanas. De la
cantidad total, 137 millones los aportará el Estado y los 41,3 restantes la
administración autonómica.
A
estos 137 millones hay que sumar, ha indicado Pastor, el dinero destinado a subsidiaciones de préstamos de vivienda y
otras subvenciones. Una cantidad que, según la ministra, asciende a 455
millones sin sumar la aportación de la Junta.
Con la inversión total se podrán rehabilitar 8.500 viviendas andaluzas,
conceder 52.100 ayudas al alquiler y beneficiar
unos 52.000 préstamos convenidos de la subsidiación. Además, Pastor ha
explicado que se prevé que la rehabilitación de edificios, regeneración y
renovación urbanas puedan generar alrededor de 5.800 puestos de
trabajo en tres años”.
Desconozco, aunque me lo puedo imaginar, si
la Junta de Andalucía ha dado cumplimiento a la primera de las finalidades tras
recibir 137 millones de euros del Estado (22.800 millones de de las antiguas
pesetas, para que no perdamos la perspectiva) destinados al fomento del
alquiler, la rehabilitación de la vivienda y la regeneración y renovación
urbanas.
También ignoro el destino de los 455
millones que el Estado ha puesto en las cuentas de la Junta de Andalucía (casi
76.000 millones de nuestra antigua moneda, más los que en teoría tendría que
haber aportado la administración autonómica) destinados a subsidiar 52.000
préstamos para adquisición de vivienda de otros tantos jóvenes andaluces. Por
el contrario, de esta partida sí puedo asegurar que no ha llegado a sus
destinatarios, a los que se les está hurtando su alícuota parte, que no es precisamente
pequeña como se verá más adelante.
El único antecedente público de este timo lo
ofreció la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de
Obras (GAESCO), que puso el pasado año en conocimiento de la Fiscalía la deuda
de 18 millones de euros que la Junta de Andalucía mantenía con catorce empresas
promotoras que se acogieron a las subvenciones para la construcción de vivienda
protegida correspondientes al Plan de la Vivienda 2008-2012.
La denuncia ante la Fiscalía, de la que
nunca más se supo, se basó en la constatación de que la Junta no sólo no pagaba
la parte de subvención que le correspondía, sino que, capciosamente, estaba
reteniendo la aportación correspondiente al Ministerio de Fomento de estas subvenciones finalistas. GAESCO aseguraba:
«Antes de aprobar otro plan, que paguen las deudas del anterior».
Tan cierto es que el gobierno del “maldito”
Rajoy (culpable: su funesta política de comunicación) ha mantenido para
Andalucía, en tiempos de crisis y estrecheces, una apuesta por la política de
vivienda con el Plan Integral de Vivienda y Suelo 2013-2016, dotándolo con una
financiación de 2.421 millones de euros, como que el envite no ha sido
correspondido por la “bendita” Díaz (responsable: la preciada maquinaria
goebbeliana de propaganda), que ha cuarteado el compromiso de aportar su parte
de financiación y, sobretodo, que ha mostrado su acreditada incapacidad para
ejecutarlo, como ya sucedió con anteriores planes de vivienda de la Junta de
Andalucía de los que quedaron pendientes de atender más del 70% de solicitudes de
los ciudadanos.
Tan real (¡lo que son las cosas, si las
encuestas no están muy descaminadas!) que mientras los unos se disponen a
perder su efímera y anecdótica hegemonía en las Cinco Llagas, los otros se revelan
prestos y dispuestos a recolectar como fruta madura unos votos tan piadosos
como enigmáticos el próximo día 22.
Y aunque ello suceda, las preguntas de los
jóvenes y “jóvenas” andaluzas, tanto ahora a doña María Jesús como antes a doña
Elena -que mientras pisaba moqueta se olvidó de los compromisos de su coalición-,
se perpetuarán en el tiempo: “consejera, ¿qué hay de lo mío, dónde está el
dinero?; presidenta, ¿dónde está la pasta?; ¿a qué se ha dedicado el importe de
este fraude, rayano con la malversación, si no dentro del tipo, que, con toda
seguridad, empujará al desahucio a un buen número de jóvenes andaluces?”.
Pero el gobierno central también deberá
explicar su pasividad:
¿Así que el gobierno socialista “dilapida”
[otros] 455 millones de euros y la denuncia del partido en el Gobierno se ciñe
a un tuit de una diputada malagueña en plena campaña electoral? Y mientras,
¿los servicios jurídicos del Gobierno silbando y mirando al horizonte?
P.S.- Mi
hijo, y con él miles de jóvenes andaluces, tiene en sus manos desde 2012 una
resolución que igual que le reconoce derechos, hoy por hoy es solo papel
mojado.
Con el silencio por única respuesta, en
diversas ocasiones se ha dirigido a la Consejería competente, reclamando a la
Junta el cumplimiento de sus compromisos, la última el pasado mes de noviembre:
“En estos días se cumplen 30 meses de la
firma del contrato de compraventa de mi vivienda de protección oficial que, de
acuerdo con los requisitos de la Orden de 26 de enero de 2010 sobre desarrollo
del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, suscribí con mi promotora.
El citado contrato, del que se adjunta
copia del visado por su Departamento entonces denominado Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, me reconoció la opción a diversas ayudas para la
subsidiación del préstamo convenido, concretamente:
-
Subsidiación estatal: 100 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo
durante un periodo de 5 años a las unidades familiares con ingresos inferiores
a 2,5 veces el IPREM, prorrogable en las condiciones que se establecen por
otros dos periodos iguales, más un incremento de 55 euros por cada 10.000 euros
de préstamo durante el mismo periodo por pertenecer a un colectivo con derecho
a protección preferente.
- Subsidiación autonómica: 250 euros al
año por cada 10.000 euros de préstamo durante un periodo de 5 años, prorrogable
en las condiciones que se establecen por un periodo de igual duración.
- Subvenciones autonómicas: “una ayuda
de 1.200 euros a las y los jóvenes para hacer frente a los gastos inherentes a
la adquisición de la vivienda” y otra “ayuda de 5.000 euros a las unidades
familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, cuando la vivienda
adquirida [como es el caso] esté ubicada en un municipio de precio máximo
superior”.
Desde
el primer vencimiento el Estado viene cumpliendo escrupulosamente su
compromiso, abonando la ayuda convenida directamente a la entidad prestadora
bancaria. Contrariamente, la Consejería de Fomento y Vivienda, mientras abre
nuevas vías de financiación de otras iniciativas, ha desatendido desde el
inicio sus obligaciones.
Al
día de hoy su Consejería mantiene una deuda conmigo superior a los 10.500 euros
por todos los conceptos. La situación -mi caso es el de miles de ciudadanos
andaluces- ya deviene insostenible. La especial vulnerabilidad de nuestro
colectivo (jóvenes con primeros empleos en una región con el 53% de desempleo
en nuestra franja) acentúa negativamente nuestro día a día.
Cada
vez que me he interesado por el asunto, a través de la ventanilla de su
Delegación Provincial en Sevilla, me han ido consolando: “se están liquidando
las ayudas correspondientes a febrero de 2011, a marzo de de 2011...”. Ahora,
dos años y medio después de su compromiso, se me comunica ya sin tapujos que
“no hay crédito y que me olvide de las ayudas”. Mientras tanto, yo sigo
cumpliendo con enorme esfuerzo mi parte del compromiso, liquidando
religiosamente a la entidad bancaria la parte que me corresponde más la que es
consecuencia de su incumplimiento.
Ha
de saber que me embarqué en el proyecto de adquisición de una vivienda de
protección pública con tremenda ilusión, la propia y la que me insufló su
Consejería merced a las medidas de apoyo a la inversión con las que -en un exceso
de confianza al parecer- siempre conté para comprometerme, con muy escasos
recursos, en una aventura que ahora deviene en desventura por su
incumplimiento.
Espero
que rectifique con prontitud y me abone lo debido. ¿Puede imaginarse lo que
supone en mi economía familiar DIEZ MIL EUROS? [ONCE MIL EUROS, al día de hoy].
Si
su actitud persiste no será solo el banco el responsable de los cientos de
desahucios que con toda seguridad se van a producir. Usted y el fraude que su
decisión conlleva, serán su mano ejecutora.”
