¿Rechazo o devolución de los invasores de Ceuta? (y II. Los menores no acompañados)

 

26/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“¿Alguien tiene dudas de que los menores invasores se quedan?”

 

Decíamos ayer que la mal llamada crisis migratoria de Ceuta había colocado al Gobierno español ante otra de sus recurrentes contradicciones. Tras la reseña jurídica a la situación en la que quedan los invasores mayores de edad, es hoy el turno para referirnos a los menores no acompañados.

Para ello, de nuevo, saciamos nuestra sed en las fuentes del derecho. En esta ocasión las normas de referencia resultan ser, entre otras:

• La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, especialmente los artículos:
• 1. Establece que esta ley es de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español.
• 2. Interés superior del menor.
• 2.1. Indica que éste debe ser valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan.
• 2.2. Establece los criterios que deben valorarse, tales como vida, supervivencia, desarrollo y necesidades básicas; deseos, sentimientos y opiniones del menor; entorno familiar y mantenimiento de las relaciones familiares cuando sea posible y positivo; e identidad, cultura, religión, idioma y ausencia de discriminación.
• 2.3. Obliga a ponderar, entre otras circunstancias, la edad y madurez del menor y su especial vulnerabilidad, incluyendo expresamente la situación de quien carece de entorno familiar o es refugiado o solicitante de protección internacional.
• 2.5. Instituye las garantías del procedimiento, en particular: derecho del menor a ser informado, oído y escuchado; intervención de profesionales cualificados; participación de representantes legales y del Ministerio Fiscal; finalmente, motivación de la decisión y posibilidad de recurso. Este apartado es particularmente importante para entender por qué una devolución colectiva o automática de menores desde Ceuta plantea problemas jurídicos.
• 9. Desarrolla el derecho del menor a ser oído y escuchado, conforme a su edad y madurez, sobre la situación personal que se le propone: dónde va a ser acogido; qué medida de protección se adopta; traslado a otra comunidad autónoma; retorno a su país y modificación de su medida de protección.
• 11. Establece un marco general para valorar cómo deben actuar las administraciones públicas ante los menores llegados, en este caso, a Ceuta. Entre los principios que deben regir su actuación destacan: la supremacía del interés superior del menor; el mantenimiento en la familia de origen cuando sea conveniente; la integración familiar y social; la prevención de situaciones perjudiciales; el carácter educativo de las medidas; la objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica; la actuación colegiada e interdisciplinar y la protección frente a toda forma de violencia, explotación, trata, etc.
• y 19 bis.5. Impera que, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.
• La Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería (LOEX) , especialmente sus artículos 35, 35 bis y siguientes y el Real Decreto 557/2011, Reglamento de Extranjería, en sus artículos 191 y siguientes. Establecen un procedimiento individualizado de repatriación, pero no mediante una devolución automática o colectiva. La finalidad no sería simplemente comprobar que Marruecos acepta al menor. Hay que determinar que la repatriación responde al interés superior del menor, mediante la reagrupación con su familia, o por su puesta a disposición de los servicios de protección de menores de su país de origen. Si, por el contrario, se acredita que no es posible el retorno con la familia o al país de origen, entra en juego la protección en España y, en su caso, la autorización de residencia, contemplándose situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y mecanismos de traslado de menores entre comunidades y ciudades autónomas.
• Por su parte, para los retornos a Marruecos, el Acuerdo entre ambos países de 2007, en vigor desde 2012, no permite una devolución automática, pese a la insistencia de las autoridades marroquíes; de hecho contempla la cooperación entre ambos países para la identificación, protección, retorno y reinserción de menores y establece que los retornos deben realizarse preservando el interés superior del menor, procurando la reunificación familiar efectiva o la entrega a una institución de tutela.
• Finalmente, encontramos un punto decisivo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando dispuso en su sentencia de 22 de enero de 2024 que el anterior acuerdo bilateral no sustituye al procedimiento exigido por la legislación española, tal y como ya había establecido el órgano supremo, precisamente a raíz de las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos realizadas en agosto de 2021. Entonces, el Supremo declaró ilegales aquellas devoluciones porque no se había seguido el procedimiento individual previsto en la Ley de Extranjería, añadiendo que el acuerdo con Marruecos no es por sí solo fundamento suficiente para devolver a los menores. Además, consideró que aquella actuación constituyó una expulsión colectiva, prohibida por el artículo 4 del Protocolo n.º 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En definitiva, pese a la grandilocuencia de la Unión Europea proclamando que se devuelvan inmediatamente a los menores a Marruecos, de los avisos/amenazas de los portavoces del propio reino alauí solicitando su inmediato retorno, tal y como están las cosas al día de hoy respecto a los menores que deambulan por Ceuta, solo restan dos posibilidades:

- Traslado a otros puntos de España, para solucionar la situación de saturación en Ceuta, en virtud de los mencionados artículos 35 bis y siguientes de la LOEX que contemplan expresamente, como se dijo, situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y mecanismos de traslado de menores entre comunidades y ciudades autónomas.

- Devolución a Marruecos: La existencia de una situación excepcional no transforma el procedimiento de repatriación en una devolución colectiva. Todo lo contrario, sigue teniéndose que cumplir el artículo 35 y el procedimiento reglamentario y, en definitiva, la necesidad de incoar tantos expedientes administrativos como personas interesadas en regresar a su patria.

¿Alguien tiene dudas de que los menores invasores se quedan?

¿Quién las tiene de que los responsables gubernamentales, aún sabedores de la anunciada IN-VA-SIÓN, permanecieron parados, mirando al Pirineo y silbando ufanamente?

¿Rechazo o devolución de los invasores de Ceuta? (I. Los mayores)

 

25/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“¿Estamos, por tanto, ante una contradicción entre España y Europa?”

 

La mal llamada crisis migratoria (IN-VA-SIÓN) de Ceuta ha colocado al Gobierno español ante otra aparente contradicción. Por un lado, el Ejecutivo sostuvo (ahora ya sabemos que mintiendo, como siempre) que las personas que permanecieran irregularmente en la ciudad autónoma serían retornadas a Marruecos e, incluso, defendió que los menores migrantes también serían objeto de retorno. Por otro, durante los últimos años la posición de las autoridades españolas -y, sobre todo, la jurisprudencia de los tribunales- ha dejado claro que no puede realizarse una devolución automática de los menores ni de quienes entran irregularmente en Ceuta sin respetarse determinadas garantías jurídicas.

La controversia ha adquirido una nueva dimensión este 18 de agosto de 2026, después de que la Comisión Europea respaldara expresamente el retorno a Marruecos de los migrantes que permanecen irregularmente en Ceuta, incluidos los menores extranjeros no acompañados. El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, afirmó que la normativa europea contempla también el retorno de menores y que esta cuestión está “cubierta por el Derecho de la UE”.

Para no extendernos, nos referimos hoy solo a los mayores, dejando a los menores no acompañados para la siguiente entrega.

Tras las palabras del portavoz, ¿estamos, por tanto, ante una contradicción entre España y Europa? Cuando la decisión queda en manos de un gobierno entregado a los deseos de Mohamed VI para dar al traste con la España que conocemos, la respuesta jurídica se hace aún más compleja: no necesariamente existe una contradicción entre la posibilidad de devolver y la obligación de respetar un procedimiento de devolución. El problema aparece cuando la discusión política convierte esas dos cuestiones diferentes en una sola, obviando el debate jurídico.

Para ello, nada mejor que beber en las fuentes del derecho para el caso en cuestión:

La norma principal es la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como ley de extranjería), que expresamente contempla (contemplaba, por lo que se dirá a continuación) desde el punto de vista de los legisladores la posibilidad de repatriación:

-        La disposición adicional décima: establece el régimen especial de Ceuta y Melilla y permite (apartado 1) el rechazo en frontera de extranjeros detectados en la línea fronteriza mientras intentan superar los elementos de contención (vallas y alambradas, elementos naturales o del terreno, concertinas u otros elementos disuasorios, puertas y sistemas de cierre, presencia de fuerzas de seguridad, cámaras, drones, sensores y sistemas de vigilancia o iluminación y caminos de vigilancia, según se entendía hasta ahora). Por otra parte, ese rechazo (apartado 2) debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte.

-        El artículo 58.3 establece sin matices: No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos:

a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España.

b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.

¿Qué ha ocurrido para que un mandato de la ley tan campanudo como incuestionable duerma el sueño de los justos de la improvisación? Pues sencillamente aprovechando el reino alauí, ante la inacción del gobierno español, lo considerado por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado mes: “no cabe aplicar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla; y, por ello, a estas personas no se les debe aplicar el procedimiento de rechazo en frontera, sino el de devolución”, basándose, textualmente, en que “no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”.

En definitiva, el Tribunal Supremo, con toda lógica, no considera elementos de contención a los dispositivos tecnológicos anteriormente enumerados. Por lo tanto, restados estos, sólo continuarían siéndolos los elementos naturales o del terreno (siempre escasos en ambas ciudades autónomas), las vallas y alambradas (cada vez más abordables), las concertinas (si no se hubieran retirado por TRAGSA en 2020 por orden de Marlaska “como parte del plan de modernización de las fronteras de Ceuta y Melilla”), las puertas y sistemas de cierre (absolutamente ineficaces) y… la presencia de fuerzas de seguridad.

Y ahí está el quid de la cuestión: nadie del gobierno previó (¿o sí?) que, a raíz de la sentencia, solo la presencia de la guardia civil y de la policía, con la necesaria colaboración del ejército, emergería de cara al futuro como el más importante de los elementos de contención. Peor aún, si se previó y no se actuó.

La serpiente de verano vuelve con melena

 

22/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Y si Pedro Sánchez prolonga sus vacaciones, si Ceuta continúa monopolizando la política y si el resto de la actualidad decide tomarse unos días libres, todavía estamos a tiempo de que la Guardia Civil tenga que buscar un tigre en Valdemoro, un cocodrilo en el Tajo o un dinosaurio en Despeñaperros”

 

Hay tiempos en los que la actualidad se toma vacaciones con una disciplina admirable. Y el verano sabe de esto bastante, tanto que, llegadas estas fechas, es convencimiento general que, si se deja suficiente espacio en los periódicos, alguien acabará llenándolo con un animal… si bien distinto de los componentes del consejo de ministros.

Por lo demás, tampoco es que falten asuntos. Está Ceuta, naturalmente, que estos días proporciona suficiente material para mantener ocupados al ministro de jornada, a la oposición, a tertulianos y a comentaristas hasta que llegue septiembre. Para colmo de males informativos, sin abrir la boca, sigue Pedro Sánchez, a costa del contribuyente, instalado en La Mareta con todos sus ascendientes, descendientes, amigos y famosillos.

Y, fuera de eso, ¿qué le queda al verano? ¡Un león!

La noticia apareció esta semana en la Sierra de San Vicente, en Toledo, después de que un repartidor comunicara que había visto un gran felino en las proximidades de la carretera TO-1375. La Guardia Civil puso en marcha un dispositivo que incluyó patrullas, drones y helicóptero. Se buscó al animal, se preguntó en zoológicos y fincas cercanas y se llegó incluso a considerar si aquello que alguien había tomado por un león podía ser un mastín de considerable tamaño. Finalmente, no apareció el león, ni aparecieron huellas concluyentes, ni nadie comunicó que le faltara uno en su corral. La búsqueda terminó ayer sin evidencias de que el felino se paseara por las estribaciones del Sistema Central.

Y aquí es donde la actualidad española recupera una de sus tradiciones más nobles y recurrentes: la serpiente de verano.

No necesariamente una serpiente. Puede ser un león. Puede ser un monstruo marino, un cocodrilo en un embalse, un ovni, o cualquier criatura que permita al periodista titular con cierto entusiasmo mientras el resto del país se encuentra tumbado en una playa, una piscina o una hamaca.

Porque la serpiente de verano no es exactamente una especie de reptil. Es un género periodístico. Su característica fundamental es que aparece cuando la realidad se empeña en no producir noticias.

La historia tiene además un precedente sevillano que merece ser rescatado del archivo de la memoria popular: En junio de 1979, en Alanís y Guadalcanal, en la Sierra Norte de Sevilla, una boa comenzó a convertirse en protagonista de conversaciones y noticias locales. Aparecía y desaparecía. Un día estaba por aquí; otro, por allá. Nadie terminaba de atraparla y, como suele ocurrir con estos animales, cada nueva versión parecía añadirle algún metro de longitud y bastantes centímetros de diámetro.

 

La boa de 1979 y el león de 2026 tienen, por tanto, mucho más en común que su condición zoológica: ambos comprenden perfectamente el funcionamiento de la prensa en verano: la bestia aparece, el periodista aparece, el lector aparece… y el animal vuelve a desaparecer.

Hay algo profundamente humano en esa mecánica desde la perspectiva antropológica. Durante el invierno exigimos información permanente, análisis, datos, contexto, declaraciones y expertos. En verano, en cambio, los medios son capaces de dedicar un despliegue extraordinario a averiguar si una sombra que se movió entre unos matorrales pertenecía a un león, a una boa, sencillamente a alguien que estaba buscando cobertura en el móvil o, lo más seguro, a la inventiva de un cachondo mental.

La serpiente de verano cumple una función social. Nos recuerda que no todo tiene que ser trascendental. Que un animal misterioso puede ocupar durante una mañana el lugar que normalmente reservaríamos para una crisis de Gobierno (que se lo pregunten a Sánchez). Que una noticia puede durar días y no cambiar el destino de la nación (que se lo pregunten a Sánchez).

Cuando el Parlamento está medio cerrado, se abre la temporada de avistamientos:

- Yo creo que era un león.

Cuarenta y siete años antes, en la Sierra Morena sevillana, la frase pudo haber sido:

- Yo creo que era una boa.

Agosto es largo. Y si Pedro Sánchez prolonga sus vacaciones, si Ceuta continúa monopolizando la política y si el resto de la actualidad decide tomarse unos días libres, todavía estamos a tiempo de que la Guardia Civil tenga que buscar un tigre en Valdemoro, un cocodrilo en el Tajo o un dinosaurio en Despeñaperros.

¿Qué fue de AMAMA, de su presidenta y de Marixu?

 

15/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Hubo errores, retrasos, mujeres afectadas que sufrieron un calvario. Y esas mujeres, incluidas las socias de AMAMA, para vergüenza y oprobio de sus directivas y de quienes políticamente las utilizaron, han merecido y recibido todas las explicaciones administrativas necesarias”

 

Hubo un tiempo (no llega al año) en que el caso del cribado del cáncer de mama en Andalucía era presentado como el Watergate pepero.

La noticia saltó a los medios de comunicación a finales de septiembre de 2025 y se convirtió en un escándalo político y sanitario (a ocho meses escasos de las elecciones autonómicas) al conocerse que alrededor de dos millares de mujeres podían haber sufrido retrasos o problemas en el seguimiento de sus pruebas.

Días después, la crisis adquirió mucha mayor dimensión pública, con protestas, manifestaciones, denuncias e investigaciones que forzaron la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, el 8 de octubre.

Ya en noviembre, con Antonio Sanz a los mandos, trascendió que en una reunión con AMAMA, el 29 de octubre, el nuevo consejero había pedido a la asociación los datos de las supuestas afectadas ya que la administración sanitaria contabilizaba 2.317 mujeres afectadas, mientras la presidenta de las asociadas (¡menudo papelón!) continuaba agarrada como clavo ardiendo a sus números: “unas 4.000 llamadas recibidas”. Un mes después, y dos y tres… el vicepresidente seguía sin recibir respuesta.

Mientras tanto, cada rueda de prensa prometía revelaciones definitivas. Cada comparecencia anunciaba responsabilidades penales inminentes. Cada micrófono parecía asistir al prólogo de un juicio histórico. Y así hasta las elecciones en las que, después de otro repaso histórico de la Andalucía socialista a la Andalucía socialista, retornó el silencio sepulcral.

De aquel escándalo sanitario y mediático que amenazaba con socavar por siempre los cimientos del gobierno popular andaluz, nunca más se supo, hasta que algunos (muy pocos) nos hemos enterado de que, con agosticidad y alevosía, se han archivado las últimas denuncias presentadas ante la Fiscalía, hasta un total de quince se contaban a tres meses de las pasadas elecciones. Quince denuncias. Quince. Un resultado judicial que no deja precisamente mucho margen para sostener el relato de una gigantesca trama criminal.

Mientras tanto, quienes durante meses elevaron el tono hasta convertir cada comparecencia en un avance del Juicio Final parecen haber encontrado -¡eureka!- una institución jurídica que lleva vigente centenares de años en nuestro derecho: el silencio administrativo… durante sus bien ganadas vacaciones.

Ya incursos en el inminente nuevo curso político, tocará descubrir que nunca se habló realmente de responsabilidades penales, que lo importante era “la responsabilidad política”, que el objetivo era “visibilizar” el problema, o cualquier otra reinterpretación retrospectiva digna de una competición olímpica de gimnasia argumental. ¡Que se lo pregunten a quienes han sido sujeto pasivo de la investigación del ministerio fiscal!

La ironía alcanza cotas extraordinarias cuando algunas voces que reclamaban confianza absoluta en las instituciones consideran impecable a la Fiscalía cuando investiga a sus adversarios, pero profundamente decepcionante cuando concluye que no aprecia indicios de delito cuando son ellos quienes esgrimen el Código Penal desde donde dice “JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA - A todos los que la presente vieren y entendieren” a “El Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ”.

No significa eso que el problema sanitario no existiera. Existió. Hubo errores, retrasos, mujeres afectadas que sufrieron un calvario. Y esas mujeres, incluidas las socias de AMAMA, para vergüenza y oprobio de sus directivas y de quienes políticamente las utilizaron, han merecido y recibido todas las explicaciones administrativas necesarias.

Precisamente por eso conviene distinguir entre una crisis de gestión sanitaria y la existencia de delitos penales. Son asuntos absolutamente distintos, y la Fiscalía ha decretado que no ha encontrado base para sostener las denuncias penales presentadas.

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse (y yo respondo afirmativamente sin dudarlo) si algunas asociaciones y los partidos del progretariado confundieron la defensa de las pacientes con la construcción de un relato político. Y es que resultó tan evidente como grotesco que cuando dirigentes políticos -Marixu entre ellos- aparecían sistemáticamente junto a portavoces de AMAMA en ruedas de prensa, la frontera entre activismo ciudadano y estrategia partidista comenzaba a difuminarse.

Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿quién, en la búsqueda incesante de una fallecida por esta crisis, ha pedido perdón tras haber anunciado durante meses una macrocausa judicial que nunca llegó a existir?

Una democracia sana precisa de asociaciones independientes, oposición fiscalizadora y medios críticos. Lo que no necesita es convertir cada problema administrativo en una conspiración penal antes de que hablen los investigadores.

Quizá el verdadero escándalo no sea que la Justicia archive denuncias. Quizá sea la facilidad con la que algunos construyen condenas mediáticas mucho antes de que exista una sola resolución judicial. Y en esas ha estado la opinión publicada y sincronizada con el asentimiento de la prensa centrista y pastelera, ayuna de criterio propio y sometida a la primera por aquello, otra vez, de la superioridad moral. ¿Dónde quedan ahora los días y horas, los programas y tertulias, dedicados a la difusión de una falacia rayana en la calumnia del 205 del Código Penal (“imputar a alguien un delito sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad”)?

Y es que, tras quince archivos consecutivos, siempre quedará el viejo recurso de los que no tienen paciencia, ni frontera: mirar hacia otro lado, cambiar el argumento... y esperar al próximo escándalo.

Porque reconocer un error nunca ha dado tantos titulares como anunciar una conspiración.

Porque, cuando decimos que están dispuestos a todo, ¿qué otras pruebas necesitan?

Zapatero: Del “que se investigue todo” al “bueno, despacito…”

 

12/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Quien ayer entregaba las llaves de la investigación con una sonrisa, hoy parece preguntar desde la puerta cuánto piensa quedarse el invitado y si realmente necesita abrir todos los armarios”

 

Durante su comparecencia ante el juez instructor José Luis Calama en la Audiencia Nacional, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó en su natural modo engolado: “Yo quiero dar un paso más, señoría. Autorizo a que se investigue fuera de España, en todo el mundo si tengo alguna sociedad, algún bien, a todo…”, manifestando así su total disponibilidad para que se examine su patrimonio internacional. Con el pecho aún henchido, como quien entrega las llaves de la cámara acorazada del Banco de España, añadió: “Si encuentran algo, adelante”.

Los cronistas de la época (17 de junio de este año) recordaban que el mensaje transmitía una confianza casi temeraria en la independencia judicial. Investigar era sinónimo de transparencia. Cuanto más lejos llegara el juez, mejor. El lema parecía ser: “No dejen un cajón sin abrir”.

Años después, perdón, transcurrido mes y medio, el inefable Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor para que la Policía Nacional pueda investigar, entre otras, sus cuentas bancarias, las de sus hijas, Alba y Laura, y las de su secretaria, ya internacionalmente conocida como la Gertru.

En el escrito remitido al juez el 3 de agosto, su abogado pide dejar sin efecto el permiso del propio magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para “ampliar la información que se considere pertinente” sobre los referidos productos bancarios. Porque, entre otras cosas, “una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva”.

El mismo verbo -investigar- parece haber sufrido una reforma lingüística. Antes parecía significar “llegar hasta el final”. Ahora, para nuestro -en todas sus acepciones- caro presidente, viene acompañado de un asterisco: “hasta donde resulte oportuno... y siempre que no me incomode demasiado”.

La escena tiene algo de entrañable. Quien ayer entregaba las llaves de la investigación con una sonrisa, hoy parece preguntar desde la puerta cuánto piensa quedarse el invitado y si realmente necesita abrir todos los armarios.

Para los que están dispuestos a seguir engullendo ruedas de molino, no se trata de una contradicción, sino de una sofisticada evolución del pensamiento político mediante la cual la independencia judicial es un principio absoluto... especialmente cuando sus resoluciones coinciden con las propias expectativas.

La hemeroteca, mientras tanto, permanece en silencio. No vota, no habla y no concede entrevistas. Solo recuerda. Y eso, para algunos, debiera resultar mucho más incómodo que cualquier investigación, lo que no es el caso de esta ganadería.

Ceuta, otra vez el Ministerio de la Responsabilidad Ajena

 

10/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

«Cambian los protagonistas según el caso, pero el desenlace político parece inmutable. Nunca falla el comunicado (a posteriori). Nunca falla la explicación (si llega a darse). Nunca aparece un responsable político entonando el mea culpa: “Nos equivocamos”»

 

Con motivo de la IN-VA-SIÓN de Ceuta, en un nuevo ejercicio de equilibrio progre entre la explicación zopenca y la excusa de mastuerzo, el Gobierno de España ha vuelto a reeditar la teoría del “nadie podía imaginarlo”. Según la versión oficial, los avisos no hablaban de un escenario de “semejante magnitud”, así que, naturalmente, “no había motivos para adelantarse a los acontecimientos”.

La de estos personajes es una doctrina fascinante: “si la realidad supera la previsión, la responsabilidad desaparece”. Impasible el ademán...

Sin embargo, saben aplicar la teoría contraria y selectivamente. Cuando la DANA arrasó la Comunidad Valenciana, además de La Mancha y el oeste andaluz, las alertas meteorológicas advertían de un episodio de lluvias extremas, aunque nadie, ni la AEMET, anticipó que podrían acabar registrándose cantidades muy superiores a las anunciadas y aunque nadie, ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, predijera el desbordamiento de cauces y barrancos, el del Poyo entre ellos, del que se informó dos horas antes que su caudal descendía. Si el criterio ahora conocido se aplicara a aquella catástrofe resultaría que el aviso solo obligaba cuando acertara hasta el último litro por metro cuadrado, motivo por el que no habría que exigir responsabilidades, ¿O no Mazón?

Ahora se afirma que los servicios de inteligencia no alertaron de una situación comparable a la finalmente vivida en Ceuta. Quizá sea cierto que nadie describió exactamente lo que acabaría ocurriendo. Igual que una previsión de fuertes lluvias no puede adivinar los centímetros cúbicos exactos que caerán sobre una superficie. Igual que los informes de los maquinistas no pueden asegurar el momento exacto en que se rompa una vía, como diría el primer alcalde de Atapuerca tuit mediante.

Pero la función de un gobernante no consiste únicamente en reaccionar cuando la catástrofe hace acto de presencia, sino en prepararse para escenarios calamitosos cuando existen señales de riesgo. Porque si los políticos solo actúan cuando el desastre ya es una certeza absoluta, entonces ya no hablamos de prevención, sino de retirada de lodos, en un caso, de infraestructuras paralizadas durante meses, en otro, de acogimiento de miles de personas y de saturación de los servicios públicos, en el último y de muchos -demasiados- muertos en ambos casos.

Momentos todos en los que relumbra la incapacidad de manera tan redundante como difícil de ignorar: la gestión de la pandemia, el apagón, los incendios, los accidentes ferroviarios, las crisis de seguridad… episodios en los que se cuestiona no tanto el hecho en sí como la respuesta institucional. Cambian los protagonistas según el caso, pero el desenlace político parece inmutable. Nunca falla el comunicado (a posteriori). Nunca falla la explicación (si llega a darse). Nunca aparece un responsable político entonando el mea culpa: “Nos equivocamos”.

La responsabilidad política se ha convertido en una especie protegida. Todos los problemas tienen autor, excepto cuando el autor se sienta en el consejo de ministros portando con orgullo, no ajeno de carácter, la Cartera de la Responsabilidad Ajena.

Siempre habrá un informe insuficiente, una alerta incompleta, una administración anterior a la que culpar, una competencia compartida, un enemigo invisible o una circunstancia extraordinaria. Lo extraordinario, en realidad, es encontrar una ocasión en la que alguien asuma personalmente las consecuencias de su mala/pésima gestión.

Mientras tanto, la maquinaria de comunicación continúa funcionando a pleno rendimiento. Las ruedas de prensa llegan puntuales. Las campañas institucionales son impecables. Las videoconferencias muestran buena iluminación. Las fotografías revelan gran actividad. Y, si la realidad resulta incómoda, siempre quedará el nuevo y ya tan viejo recurso del “nadie podía preverlo”.

Quizá algún día la responsabilidad política deje de ser un concepto decorativo y vuelva a significar lo que su nombre indica: responder por las decisiones tomadas e, igual de importante, por las que nunca llegaron a tomarse.

Ojalá que nunca llegue, pero la próxima crisis, con estos mangutas al mando, ya tiene redactado el primer párrafo del comunicado oficial: “Los avisos no indicaban una situación de esta magnitud”.

La Marcha Verde 2.0: otra muestra de debilidad

 

04/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Mientras Mohamed planifica a veinte años, Pedro lo hace a veinte votos. Menos aún: ¡Sánchez, por siete votos…!”

 

Dice un buen amigo, militar de alto rango, que existe una máxima en estrategia que rara vez falla: los Estados ponen a prueba la determinación de sus vecinos cuando perciben vacilación y debilidad. Contrariamente, suelen ser más cautos cuando reciben una respuesta firme e inesperada.

Marruecos ya tuvo ocasión de aprender de lo último en julio de 2002. La ocupación del islote de Perejil por efectivos marroquíes fue respondida de inmediato por el Gobierno de José María Aznar con la Operación Romeo-Sierra, una intervención tan jocosamente criticada por la progresía como rápida y precisa, tanto que restituyó la soberanía española sobre el islote en cuestión de horas. Más allá del debate político o del chiste fácil que siempre acompañó aquella decisión, el mensaje estratégico fue inequívoco: determinadas líneas no pueden cruzarse sin una respuesta inmediata. Aquella crisis terminó tan deprisa como había comenzado, sencilla y llanamente porque el morador del Palacio Real de Rabat comprobó que, frente a él, había un Ejecutivo dispuesto a asumir el coste político de defender los intereses nacionales.

No deja de ser significativo que, casi un cuarto de siglo después, el contraste sea tan acusado. Donde entonces se proyectó determinación, hoy muchos perciben cautela, mesura y aprensión; donde antes se disuadió, ahora se incita a la embestida.

Hay países que invierten miles de millones en inteligencia para detectar los momentos de debilidad de su adversario. Marruecos, además de gastar más, ahorra con tan solo echar un vistazo ahora a La Moncloa y antes a El Pardo: en 1975, Hassan II, mientras Franco agonizaba, observó un magnífico momento para organizar la Marcha Verde. Y acertó de lleno. Porque cuando un jefe de Estado percibe que el vecino está más pendiente de su propia supervivencia -física o política- que de defender sus intereses, las oportunidades aparecen solas.

Cincuenta y un años después, casi puede imaginarse a los estrategas de la milicia marroquí reuniéndose la pasada semana alrededor de un mapa, mientras visualizaban videos de las sabinianas saunas, donde uno pregunta: “¿Cómo andan hoy los españoles?”. Y alguien responde: “Tranquilos, como casi siempre, bastante entretenidos consigo mismos”. Fin de la reunión.

La diferencia entre 1975 y 2026 es puramente antropológica. Entonces el problema era que el jefe del Estado se moría. Ahora quien atraviesa una lánguida agonía es un proyecto político personalísimo diseñado al margen de la nación, dispuesto a hacer equilibrios imposibles para ganar unas semanas más de oxígeno parlamentario.

Y eso, en geopolítica, tiene consecuencias. Así, mientras España discute sobre su propia crisis, Marruecos hace exactamente lo que hacen los Estados que defienden sus intereses: fortalecer los suyos. Mientras Mohamed planifica a veinte años, Pedro lo hace a veinte votos. Menos aún: ¡Sánchez, por siete votos…!

Marruecos ha demostrado que puede ocupar Ceuta en horas sin pegar un tiro. Fuentes fiables elevan la cifra de los invasores sin armas y sin vehículos a 100.000 en algo más de veinticuatro horas. Imaginen solo la mitad, pertrechados de kalashnikovs y acompañados de unas docenas de sus casi 5.000 vehículos militares.

El cambio de posición sobre el Sáhara Occidental de 2022, sin pasar por Las Cortes, se presentó ya como una brillante operación diplomática destinada a inaugurar una nueva etapa con Rabat: el principio de una relación idílica, casi una luna de miel perpetua.

Cuatro años después, curiosamente, parece que las tensiones no han desaparecido, tampoco las coacciones. Y cada episodio parece exigir nuevas dosis de prudencia, nuevos silencios y nuevas explicaciones sobre por qué todo va tan magníficamente bien mientras los hechos se empeñan en estropear el relato. Porque no es discutible que Rabat continúa marcando el ritmo de una relación que España secunda al segundo siguiente. Mientras el reino africano considera la política exterior una cuestión de Estado, el chulo tranviario la ha convertido en una nota de prensa redactada al albur de la información contenida en teléfonos clonados.

La defensa nacional no consiste únicamente en tener buenos soldados -que los tenemos- ni excelentes policías y guardias civiles -que también los tenemos-. Consiste, sobre todo, en que quien está al frente del Gobierno transmita la imagen cierta de que hay determinadas líneas que nadie puede cruzar.

Por el contrario, si el mensaje que recibe el vecino es que todo es negociable salvo permanecer un día más en el poder, no debería sorprendernos que ese mismo vecino interprete que merece la pena seguir apretando.

Vista con perspectiva, la enseñanza de la Marcha Verde nunca fue que Marruecos era extraordinariamente fuerte. Sí fue que España parecía extraordinariamente débil.

Y esa es la clase de lecciones que conviene no olvidar, incluso desde el retiro de La Mareta con más guarnición a estas horas que la ciudad autónoma recién IN-VA-DI-DA.

De momento Ceuta y Melilla siguen donde siempre. Españolas ayer. Españolas hoy. ¿Españolas mañana?

31 años del 2 de agosto y 46 días del 18 de junio. ¿Mereció la pena luchar?

 

 

31 años ya... más de seis lustros. Parece que fue ayer. Pretendían acabar con el Sevilla, pero no contaban con el patrimonio más importante del club hispalense: su afición. Entre cuarenta y cincuenta mil personas se echaron a la calle aquel 2 de agosto para exigir justicia. La cacicada de Jesús Gil, Antonio Baró, Jesús Samper, Ramón Mendoza, Rafael Cortés Elvira y José María García fue abortada por todos y cada uno de los sevillistas, en especial los que se echaron a la calle, con cuarenta grados a la sombra, como un solo hombre (o una sola mujer, para ser correctos ahora).

¿Qué sevillista no recuerda aquel despertar de la siesta agosteña del primero de mes?: ¿Cómo? ¿qué dices? ¡tú estás loco... ! ¡Y tanto que estaban locos! El sevillismo así se lo demostró... ¡Qué grande eres -¿eras?-, Sevilla!

Ernesto López de Rueda, Javier Tenorio y Enrique fueron los promotores de aquella demostración de fuerza del sevillismo. Aquel mismo día a las tres de la tarde (cinco horas antes del comienzo y cuando Internet y las redes sociales eran una entelequia) presentaron en la Delegación del Gobierno la comunicación de la gran manifestación que se pretendía convocar. Todo un documento para la historia sevillista:

 

  

 

Meses después, Ernesto López de Rueda, vicepresidente de Foro Sevillista, plasmó en los capítulos 3 y 4 de su libro "Sevilla hasta la Muerte, El coraje de una afición" el acontecer de aquellos tremendos días en que se forjaron los sólidos cimientos del Sevilla actual: El libro de cabecera del sevillismo en el que se narra la intrahistoria del abortado abordaje del Sevilla F.C. por los invasores madrileños y marbellíes.

 

Pero de nuevo volvieron a sonar tambores de guerra: los grandes capitales que aglutinan la mitad de las acciones del Sevilla FC emprendieron hace más de un lustro una lucha desaforada en pos de hacerse con el mayor número posible de títulos con el pretendido afán de controlar la institución, y lo hacen ofreciendo precios desorbitados... o no tanto. Los 3.200 - 3.400 euros que han llegado a pagarse por un título accionarial, pusieron -otra vez- en alerta máxima a un sevillismo de base que, no es nuevo, siempre había vendido -de forma consciente- a señalados sevillistas. Ahora saben, sin embargo, que, con la mediación de esos mismos sevillistas, peleas al margen, el objetivo no es otro que dar entrada, más pronto que tarde y mediante su agosto particular, a capital extranjero en la gran casa del fútbol andaluz, pero, embolsándose una ganancia ya bastante menguada por sus desaciertos y riñas. El pasado 18 de junio el sevillismo volvió a empetar las calles de Sevilla solicitando la marcha por su manifiesta incapacidad de todos los grandes accionistas del club.

 

Para colmo, firmamos cuatro temporadas, las últimas, incluida la 2022/2023 en la que se cosechó inesperadamente el octavo entorchado europeo, que no se corresponden con nuestra historia. Deuda desaforada de la mano de pingües beneficios de los administradores, familias enfrentadas, desabruptos de mostrador de taberna, insultos, descalificaciones… todo ello pensando en un scotazzo (sinónimo de pelotazo y que me perdone el gringo) que garantice el futuro de sus bisnietos y olvidándose de lo que dicen es sagrado: El Sevilla FC, ése que, ahora sí, solo somos nosotros.

 

"¡El fútbol está así, mira en Inglaterra, en Francia, en Italia... donde los magnates del Próximo o del Lejano Oriente se han hecho los dueños de los grandes emblemas europeos!". Eso dicen, para conformarnos y quizá no les falte razón, pero ese fútbol, ese Sevilla inminente que se viene tejiendo ahora entre bastidores no es el club por el que nosotros luchamos o se dejaron la piel y una parte importante de su peculio nuestros antepasados... ese Sevilla dandy que nos están pergeñando seguramente -al menos eso nos siguen vendiendo- atestará aún más las vitrinas y convertirá al Grande de Andalucía en primer referente a nivel mundial, pero ese Sevilla "sushi", "de arroz tres delicias" o de "chop suey de pollo", no será el Sevilla de hoy ni aquel de 1995. Si eso ocurre, posiblemente asista a algún encuentro, lo mismo que me presento en un musical de la Gran Vía, pero no, no puede ser lo mismo.

 

Una afición en permanente lucha por la independencia de "su" club está hoy llamada -31 años después- a defender su identidad, esta vez no frente a invasores extraños, sino ante este reto de "los nuestros", y éste sí que se antoja imposible de superar. Tanto que cabe preguntarse: ¿mereció la pena luchar?