Fuenlabrada. Comité Federal PSOE 17-O

 

22/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

Montse Mínguez: “Quiero dejar claro que no soy responsable de cada decisión económica de mi consorte. Él lleva el papeleo muy bien. De hecho todos sus desahucios se han consumado sin que ningún inquilino ponga una pega y sin ninguna concentración de perroflautas para impedirlos”

 

Sábado, 17 de octubre. Fuenlabrada. Centro de Arte Tomás y Valiente. Hora: 10:00. Puertas cerradas. Móviles boca abajo, excepto uno que ilumina la cara del primer alcalde de Atapuerca. Una pantalla LED resplandece: “Por una vivienda digna”. Voces desde la calle: “Pedro Sánchez, hijo…”. Se celebra un comité Federal del PSOE, mientras se hace tiempo de cara al acto público posterior, previsto para las 11:30.

En torno a la mesa presidencial, Pedro Sánchez, Montse Mínguez, Óscar López, Óscar Puente y María Jesús Montero. Hay dos ministros invitados: Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Sobre ella reposan una carpeta rotulada “Ceuta”, otra “Nuestras aguas territoriales” y una tercera titulada “Vivienda: no abrir hasta después de las elecciones”.

PEDRO SÁNCHEZ (P.S.): Compañeras, compañeros… Fernando, gracias por venir. Tenemos tres asuntos menores: Marruecos, fronteras y vivienda; dos trascendentes: Montse “Buitre” y Begoña. Y el sexto que, como siempre, no figura en el orden del día: cómo conseguir que mañana los periódicos hablen de otra cosa.

MARGARITA ROBLES (M.R.): Pedro, con la venia, ya que aquí estoy de invitada. La frontera de Ceuta va a implosionar...

GRANDE-MARLASKA (G.M.) (Cortando a la ministra): Yo también estoy de invitada pero me siento como en casa. Sobre Marruecos necesitamos rigor, coordinación y una política migratoria humanitaria.

P.S.: De acuerdo, Margarita, Fernando, gracias. Hasta aquí resueltos dos de los asuntos menores…

G.M.: Bueno, solo una cosa más: si una persona marroquí solicita protección alegando que corre peligro por su orientación sexual, su caso debe examinarse individualmente en un procedimiento. Al día de hoy tenemos a cinco marroquíes homosexuales.

P.S.: Correcto. Pero también debemos impedir que el procedimiento se convierta en un coladero, como hacemos habitualmente.

M.R.: La expresión “coladero” queda muy bien en una tertulia. En un expediente judicial, en cambio, hacen falta pruebas, hechos individualizados y una resolución motivada.

ÓSCAR LÓPEZ (O.L.): Podríamos crear un protocolo de verificación reforzada.

G.M.: Así es, Óscar. Lo esencial es que no se humille a nadie ni se le someta a pruebas invasivas para demostrar su orientación sexual. Eso sería inadmisible. La evaluación debe realizarse mediante procedimientos respetuosos, entrevistas adecuadas y garantías jurídicas. Y, yo como magistrado, soy quien debería hacer esos interrogatorios.

P.S.: De acuerdo. Concedido. Ahora sí, resueltos dos de los asuntos menores… vayamos al tercero. Nuestra posición es clara: la vivienda es un derecho, no un negocio.

MONTSE MÍNGUEZ (M.M.): Completamente de acuerdo, Pedro.

M.R.: Me alegra escuchar eso, Montse. Entonces supongo que todos los presentes estaremos dispuestos a publicar nuestro patrimonio inmobiliario, las condiciones de nuestros alquileres y las ayudas que recibimos. Comienzo yo: tengo dos viviendas, una en Madrid y otra en Asturias.

(Silencio en la sala que lleva el nombre de una víctima de ETA, el mismo que estaría revolviéndose en su tumba si presenciara la escena).

M.M. (rompiendo el silencio sepulcral): Margarita, ¿y del medio millón de euros que tienes en el banco, no hablamos? A ver… no confundamos el debate político con la vida privada de las familias, sobre todo cuando todo se hace dentro de la legalidad.

O.L.: ¿A quién le importa que yo sea propietario de cuatro viviendas y un garaje entre Segovia y Madrid y que solo cuente con 60.000 euros en cuentas bancarias? La transparencia es fundamental, pero tampoco podemos convertir cada declaración patrimonial en una serie de Netflix.

M.R.: No, tanto no, pero bastaría con una hoja de cálculo. Suele ser mucho más terrorífica.

P.S.: Montse, ya se está hablando públicamente de lo que todos sabíamos: que tu pareja tiene más de treinta viviendas. Hasta ahora todo estaba bien, pero una vez que el facha de Chicote te ha desenmascarado públicamente, entenderás que la cuestión política es incómoda.

M.M.: ¿Incómoda para quién? ¿Para el partido que defiende el derecho a la vivienda o para el partido que tiene que explicar que sus dirigentes están forrados de ladrillo por todas partes menos por una? Porque yo no soy la única… ya lo estamos viendo.

O.L.: Lo importante es distinguir entre poseer viviendas y especular con ellas.

M.R.: Por supuesto. Y entre defender la sanidad pública y tener seguro privado. Y entre predicar austeridad y viajar en Falcon. Y entre la decencia y hacer la carrera política con sobres de las saunas de su suegro. Perdonad, como voy de número dos me he crecido.

M.M.: Quiero dejar claro que no soy responsable de cada decisión económica de mi consorte. Él lleva todo el papeleo muy bien. De hecho todos sus desahucios se han consumado sin que ningún inquilino ponga una pega y sin ninguna concentración de perroflautas para impedirlos.

P.S.: Todo es razonable, pero no podemos presumir públicamente de eso. Hay que conseguir que nuestro ganado siga pastando y, para ello, al final de este acto vamos a dar a conocer tu dimisión.

M.M.: ¿Mi qué?

P.S.: Sí, acabas de manifestar que dejas la portavocía de la Ejecutiva Federal del PSOE, que renuncias a tu puesto en la Ejecutiva Federal como secretaria de Estudios y Programas y que no te presentarás al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre… Y también que renuncias al acta de diputada.

O.L.: Bueno, Pedro, para. Quizá no tanto. Montse debería reconsiderar esto último.

M.M.: ¿Yo reconsiderar? ¡Me estáis poniendo en la puta calle!

P.S.: Tiene razón Óscar. Acepto que no renuncies a tu acta de diputada. Tenemos que seguir riéndonos de la Constitución y en la Diputación Permanente necesitamos tu voto para descojonarnos de la soberanía popular.

M.M.: O sea, me echáis y me utilizáis.

P.S.: Como a todos y a todas, Montse. Como a Fernando también. Además, tú no vas a la puta calle. Tienes tres viviendas propias y más de treinta inmuebles para elegir, especular y seguir haciéndote una millonaria consorte de dos pares de huevos.

M.M.: ¿Ah, sí? ¿Y Óscar sí sigue? ¿Desahucia a un vecino enfrente de Maricarmen y se queda tan pancho?

O.L.: Querido presidente, creo que debemos abordar ese asunto que también Chicote pretende utilizar contra mí.

P.S.: Adelante.

O.L.: No podemos convertir el asunto de una vivienda vinculada a una entidad pública en un escándalo.

P.S.: Óscar, te comprendo pero tampoco puedes pedir que se investigue todo cuando afecta a los demás y que se aplique el beneficio de la duda cuando te afecta a ti.

O.L.: No estoy pidiendo un trato de favor. Estoy pidiendo contexto.

M.R.: El contexto es magnífico. En España, un ciudadano corriente, ante el banco, presenta nóminas, fianza, avalista y dos riñones. En cambio, cuando ha de hacerlo ante MUFACE, descubre de repente que lo verdaderamente importante es el contexto.

O.L.: Esa comparación es demagógica.

M.R.: Naturalmente. La demagogia consiste en querer comparar dos situaciones incómodamente idénticas.

M.M.: Lo que deberíamos hacer es aplicar el mismo criterio a todos.

P.S. (en tono sarcástico): Exactamente. Y publicar las conclusiones antes de las elecciones. En fin… aquí acaba el punto tercero. Comencemos con el cuarto: la oposición lleva semanas hablando de mi entorno familiar. Begoña, mi hermano, mi suegro… Siempre lo mismo.

M.R.: Pedro, una cosa es criticar la utilización política de los familiares y otra que… ¡vaya ganao que tienes alrededor!

P.S.: ¡Margarita, recuerda que estás de invitada y lo mismo que Montse ya no es número uno por Lleida, tú ya mismo no eres número dos por Madrid! No he dicho eso. He dicho que, si siguen utilizando a mi familia como munición electoral, quizá haya que dar una respuesta política.

O.L.:¿Una comparecencia en el Palacio Real?

P.S.: Algo más contundente. Si hace falta, los pongo en las listas.

(Silencio absoluto)

M.M.: ¿A tu mujer?

P.S.: Si hace falta.

O.L.:¿A tu hermano también?

P.S.: Si hace falta.

M.R.: ¿Y a tu suegro?

P.S.: Si hace falta.

M.R.: Pedro, iba a decirte que las listas electorales no son un programa de protección familiar. Pero mejor me callo… por aquello del número dos por Madrid.

M.M.: Y un mensaje: “la familia que resiste unida, permanece unida”.

P.S.: Estoy diciendo que no voy a aceptar que se condene a personas por asociación.

MARÍA JESÚS MONTERO (M.J.): Entonces dilo así. Es mucho más defendible que amenazar con convertir una candidatura en una reunión familiar de Navidad.

P.S.: Marixu, tú cállate que me tienes contento…

O.L.: Entonces, habría que ver quién ocupa el número uno.

P.S.: Óscar…

O.L.: Retiro la pregunta.

P.S.: Por respeto a Margarita que lleva un minuto callada, os informo que mantendrá el número dos en Madrid por detrás del Duce, es decir por detrás de mí. Tercera, Begoña, cuarto, David y quinto, Sabiniano. Y ahora, señor conserje mayor, que entre Begoña.

(El silencio ahora puede oírse en toda su magnitud. Son las diez y cuarto. La hija de Sabiniano aparece sonriente en la sala entre el desconcierto general para acabar sentándose junto a su marido. El mutismo torna en una salva de aplausos que recuerda aquellas de la Plaza de Oriente, aunque todavía incapaces de ahogar los gritos que siguen atronando las calles de Fuenlabrada: “Pedro Sánchez, hijo…”).

P.S.: Muchas gracias de nuevo. Vamos a cerrar con una declaración común: unidad, responsabilidad, transparencia y compromiso con la ciudadanía.

M.M.: ¿Y sobre las viviendas?

P.S.: Ni mú.

M.J.: ¿Y sobre el cribado del cáncer en Andalucía?

P.S.: Marixu, calla, calla. La que has liao pa ná. Ni mú también.

O.L.: ¿Y sobre MUFACE?

P.S.: Lo mismo.

M.R.: ¿Y sobre Ceuta y las aguas territoriales?

P.S.: Ídem.

G.M.: ¿Y sobre las solicitudes de protección internacional a los emigrantes homosexuales?

P.S.: Evaluación individual en el Ministerio del Interior y respeto a los derechos fundamentales.

M.R.: ¿Y sobre tus familiares en las listas?

P.S.: Será una sorpresa cuando la gente los vea en las papeletas, aunque en unos instantes presentaré a Begoña en público y le diré cuanto la amo. Ha sido una idea de Delcy: me ha enviado un video de Nicolás bailando y besando a Cilia en el balcón del Palacio de Miraflores. Hoy, Begoña, proclamaré mi amor besándote en este mitin de Fuenlabrada y, naturalmente, bailaremos.

ÓSCAR PUENTE (absorto, y sin haber tuiteado a estas alturas) (O.P.): Pero, Pedro, eso no lo veo conveniente. Están los dos en una cárcel de Nueva York, en manos de Trump.

P.S.: Así es. Eso sí que lo envidio. Ninguno de mis mil asesores me ha dicho todavía qué hay que hacer para alcanzar semejante gloria.

O.P.: De acuerdo. “La situación ferroviaria está siendo objeto de seguimiento permanente. Seguimos trabajando. #GobiernoDeProgreso”. Enviar.

(Un asesor levanta tímidamente la mano, mientras interioriza “como una chota, está como una chota”).

ASESOR: ¿Podemos decir que la reunión ha sido muy constructiva?

P.S.: Por supuesto y que hemos salido unidos.

(Once menos diez. Se apagan las pantallas que seguían mostrando el lema “Por una vivienda digna”. Alguien ha añadido debajo, esta vez con rotulador permanente: “Y por una explicación convincente”. Los asistentes abandonan la sala camino del mitin. En la mesa queda una última hoja con el título “Punto sexto del orden del día: Plan de comunicación para mañana”. La primera instrucción dice: “El aticazo”. La segunda, escrita a mano, recuerda: “El padre, el novio y el hermano de Ayuso”).

Medio siglo de sevillismo y el VAR me echa

 

21/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Habíamos aceptado que el fútbol tenga errores porque quienes lo practican y lo juzgan son humanos. Lo que cuesta admitir es que, con más medios que nunca para aclarar las jugadas, la sensación de indefensión no haya desaparecido. Todo lo contrario. Te gritan a la cara: ¡Manos arriba, esto es un atraco… Y lo sabes!”

 

Mientras España, que es lo trascendental, se va al guano, permítanme una reflexión personal. Aunque creo hablar en nombre de una parte importante de lo más sano del fútbol, sus aficionados. Los que pagan su abono, se dejan la garganta en la grada, discuten los lunes en el trabajo y organizan la vida alrededor de “su” escudo. Esa gente que, pese a los disgustos, siempre está.

Me entretengo hoy en algo aparentemente secundario: el fútbol. Y digo aparentemente porque, para algunos, el fútbol no es solo un deporte, el Sevilla no es solo un club. Es memoria, abuelos, padres, hermanos, tíos, hijos, nietos, sobrinos… es identidad, son abrazos, decepciones, llantos de alegría y de sufrimiento. Una manera de entender la vida. Y cuando te pisotean todo eso durante años, llega un momento en el que hasta el más fiel se pregunta si merece la pena continuar.

El año que viene, si Dios lo estima procedente, cumpliré cincuenta años como socio del Sevilla Fútbol Club, aunque el sentimiento se remonte un lustro más allá. Medio siglo de sevillismo. Medio siglo de lo ya dicho: satisfacciones, amarguras, viajes, finales, derrotas dolorosas y victorias inolvidables. Medio siglo viviendo unos colores que no se eligen por conveniencia, sino porque se llevan dentro, incluso cuando te llevas más disgustos que satisfacciones.

Y, sin embargo, ha llegado un momento que jamás pensé que anunciaría: me retiro del fútbol.

No me retiro del Sevilla porque haya dejado de quererlo. No me retiro porque el equipo pierda, porque no juegue como antes o porque tres temporadas se tuerzan. El sevillismo está acostumbrado a sufrir. Lo que no puede exigírsele al aficionado es que, además de sufrir por su equipo, acepte que se rían de él en su propia cara.

Porque ya no se trata únicamente de lo que ocurre sobre el césped. Se trata de lo que sucede alrededor, de una maquinaria que supuestamente llegó para garantizar la justicia deportiva y que ha terminado convirtiéndose en una fuente permanente de sospechas, indignación y desconfianza.

El domingo, a las nueve y veintiocho de la noche, cuando el Sevilla empataba en La Castellana, abandoné toda posibilidad de seguir siendo futbolero.

Lo ocurrido en el Santiago Bernabéu -que desde la grada emocional del aficionado sevillista se vivió como un nuevo episodio de videoarbitraje incomprensible a sumar a las decenas de mangazos sufridos en esa Cueva de Alí Babá- ha sido la gota que ha colmado el (mi) vaso.

Al parecer no fue una jugada aislada, porque he leído que después llegaron otras. Con la primera tuve suficiente para cambiar de canal y decirme: ¡hasta aquí! No es un enfado pasajero. Es la acumulación de demasiadas tardes en las que uno lleva tiempo preguntándose si las reglas son iguales para todos o si hay equipos que juegan con una red de seguridad de la que otros ni siquiera disponen.

Hasta la llegada del VAR -en mis narices- se equivocaban, o me engañaban, tres personajes vestidos de negro sobre el césped. Entonces podía enfadarme y maldecir al árbitro. Pero al menos existía una explicación sencilla con la que nos consolaban / consolábamos: el colegiado no lo había visto, había interpretado mal la jugada o había cometido un error humano. Dolía, pero se asumía.

Desde la llegada del videoarbitraje, mi cuenta particular de responsables de este espectáculo circense se ha acrecentado. Ya no son tres. Son treinta y tres, o trescientos treinta y tres, si a los árbitros de campo sumamos los de la sala VOR, los responsables de los distintos estamentos, las cámaras de televisión y los realizadores que deciden qué imágenes se ofrecen (o no), desde qué ángulo y en qué momento.

Antes, el error podía o debía ser entendido como humano; ahora, cuando tienes todas las imágenes y todas las herramientas a tu disposición, resulta mucho más difícil pedirle al aficionado que comulgue con ruedas de molino. Para mí ya resulta imposible.

El VAR nació con una promesa: corregir errores claros y manifiestos, ayudar al árbitro y aportar justicia al fútbol. Nadie sensato debería oponerse a eso. El problema aparece cuando una herramienta concebida para reducir las injusticias se convierte, a ojos del aficionado, en un nuevo motivo de frustración y de engaño colectivo. Así ocurre cuando unas jugadas se revisan con lupa mientras sobre otras parecen pasar de puntillas; cuando una decisión se explica con una interpretación y la siguiente, aparentemente igual, se resuelve justo al contrario.

Es entonces cuando surge el interrogante: para qué sirve tanta tecnología si el resultado final sigue siendo la desconfianza.

Dicen que le pasó algo semejante al Betis el día anterior en La Cartuja, según la percepción del aficionado neutral. No hace falta compartir colores, rivalidades ni sentimientos para reconocer una frustración que atraviesa las gradas de la mayoría de los estadios. Hoy le toca a uno; mañana, a otro. Y pasado mañana, a cualquiera que no consiga entender por qué una jugada, video en mano, se juzga de manera diferente por las docenas de profesionales que “comen de esto” a nuestra costa.

Porque esa es la cuestión: esto no va solamente del Sevilla, aunque sea mi pasión. Va de todos aquellos que todavía creen que el fútbol debe ser una competición en la que las reglas se apliquen con la misma exigencia, independientemente del escudo que luzca cada futbolista.

El VAR ha venido, disculpen la opinión, para (suavemente) llamar ingenuos a los aficionados a la cara. Y yo, que lo he sido durante más de medio siglo, prefiero retirarme con la cabeza alta mejor que seguir formando parte de quienes, con todo su amor y sentimiento, aceptan cualquier tropelía con tal de seguir viendo jugar a su equipo. ¡Honor a todos ellos!

Que nadie confunda la fidelidad con la resignación. Ser aficionado no significa renunciar al sentido crítico. Pagar un abono -en ocasiones con gran sacrificio- no convierte a nadie en marioneta del capricho ajeno. Y amar un escudo no obliga a guardar silencio cuando uno cree que se está cometiendo una injusticia.

Durante años hemos soportado que nos llamen apasionados, que aseguren que no entendemos las reglas (“que ellos tan bien conciben”) o que vemos fantasmas donde solo hay decisiones arbitrales. Habíamos aceptado que el fútbol tiene errores porque quienes lo practican y lo juzgan son humanos. Lo que cuesta admitir es que, con más medios que nunca para aclarar las jugadas, la sensación de indefensión no haya desaparecido. Todo lo contrario. Te gritan a la cara: ¡Manos arriba, esto es un atraco… Y lo sabes!

Mientras tanto, los dos clubes españoles más beneficiados históricamente por el reparto de atención, poder mediático y capacidad de influencia, siguen expresando sus “quejas”, presionando a los estamentos y protagonizando un debate arbitral que parece no tener fin. Cada cual defiende sus intereses, como es lógico, pero, desde la opulencia, lo hacen rayando el insulto a la gente del común. De manera que cabe preguntarse qué espacio queda para los demás cuando ambos paquidermos convierten sus reclamaciones en asunto permanente de la competición.

¿Quién escucha al aficionado que lleva cincuenta años pagando su carné? ¿Quién defiende al socio que no tiene una televisión, un micrófono ni una sala de prensa para explicar su indignación? ¿Quién le devuelve la confianza a los que abandonan los estadios pensando que el partido ya no depende exclusivamente de lo que hagan los jugadores sobre el césped?

El fútbol profesional ha olvidado que su razón de ser no está en los despachos, las retransmisiones, los comunicados ni las guerras entre dirigentes. Está en la gente. En el niño que acude por primera vez al estadio con su padre y de la mano del abuelo. En el padre que, recién intervenido y aún con los puntos quirúrgicos, atraviesa España en tren para ver una final. En la madre que guarda las entradas y fotografías de los partidos importantes. En el tito que hacía aportaciones para culminar el estadio. En el abuelo que vio jugar a varias generaciones y repartía optalidones cuando el Sevilla perdía. En los hijos a los que desde la cuna inoculaste este bendito veneno. En la hermana que lo sigue por televisión junto a los hijos de sus hijos… que se marchan al estadio. En el socio que lleva medio siglo o dos años sin abandonar su localidad.

Esa es la única parte sana del fútbol. La que no vive de él, sino que vive para él.

Y esa parte merece algo más que explicaciones técnicas, comunicados de circunstancias y debates interminables sobre si una imagen demuestra una cosa o la contraria. Merece reglas claras, decisiones coherentes y la tranquilidad de saber que, cuando termine el encuentro, podrá discutir sobre fútbol sin sentir que está participando en una tragicomedia cuyo desenlace se decide en una oficina de Las Rozas y casi siempre a favor de los mismos.

Por eso mi despedida no es una rabieta. Es una decisión meditada, aunque haya terminado de tomarla a las nueve y veintiocho de la noche del pasado domingo. Estoy seguro que el fútbol no va a echarme de menos. A ciencia cierta, a sus dirigentes les resultará indiferente que un socio ya sesentón deje de consumir partidos. Pero yo sí sé lo que pierdo: una parte de mi identidad, una costumbre y una pasión que me han acompañado durante toda mi vida.

Lo que ya no estoy dispuesto a perder es la dignidad de sentirme burlado y, encima, tener que justificar mi enfado.

El año que viene ansío celebrar esos cincuenta años como socio del Sevilla FC. Quisiera hacerlo con orgullo, recordar todo lo vivido y pensar que he tenido la fortuna de pertenecer a una afición extraordinaria. Pero no quiero que esa efeméride se convierta en una condena a perpetuar una relación que ha dejado de hacerme feliz por culpa de esos terceros, ajenos a nuestro sentimiento, que han metido cizaña en nuestra relación.

No sé si el fútbol cambiará. No sé si algún día el VAR recuperará la confianza de quienes hoy lo miramos con recelo. Tampoco sé si quienes gobiernan este negocio comprenderán que una competición sin credibilidad termina devorando aquello que la hace grande. Dudo mucho que todo eso ocurra.

Lo que sí sé es que la decisión está tomada. Me voy con mis recuerdos, con mis colores y con la tranquilidad de haber sido fiel al Sevilla incluso cuando más difícil resultaba. Me jubilo del fútbol sin renegar de mi equipo, sin avergonzarme de haber creído ingenuamente en los estamentos y sin pedir permiso para dejar de participar en algo en lo que ya no me reconozco.

El domingo, a eso de las nueve y media, Bernabéu mediante, dejé de ser futbolero.

¿Sevillista?, eso es otra cosa. Eso no se jubila.

La controversia sobre la Ley de Nietos abre la vía a todos los ciudadanos

 

20/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

El pasado viernes, un Defensor del Pueblo, a los pies del Gobierno, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto del Tribunal Supremo de 12 de octubre que confirmó en todos sus términos el de 10 de septiembre y por el que estableció unas medidas cautelares sobre el censo que fueron acordadas cuando todavía no se habían convocado las elecciones generales.

Gabilondo, el exseminarista y hermano del famoso locutor (“nos conviene que haya tensión” y “voy a empezar a dramatizar”), dice que inició el procedimiento tras estudiar el citado Auto y recibir solicitudes de “particulares y entidades” (que él conocerá).

¿Qué pide exactamente el Defensor al Constitucional?

• Que declare la nulidad de los autos del Tribunal Supremo que establecen la suspensión electoral.
• Que acuerde la suspensión inmediata de esos autos mediante medidas cautelarísimas.
• Que ordene a la Junta Electoral Central mantener la inclusión de los ciudadanos afectados en el CERA para que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que está compuesta por María Luisa Balaguer, Ramón Sáez [conózcalos aquí] y Enrique Arnaldo, ponente del asunto, tiene previsto reunirse hoy mismo, a prisa y corriendo, para examinar el citado recurso de amparo y, así, determinar si se admite el recurso y si se concede la suspensión urgente solicitada por el Defensor del Pueblo para dejar sin efecto provisionalmente la medida del Supremo.

Es importante reseñar que este acto de hoy no debe significar que vaya a dictarse necesariamente una resolución definitiva, pues cabe que el asunto se eleve a la Sala o al Pleno, según afirma la cadena radiofónica en la que prestó sus servicios el hermano del recurrente.

Mientras tanto, la cuestión inmediata será si el Constitucional concede la medida cautelarísima antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

¿Tienen alguna duda? ¿Y dónde quedan los derechos del resto de votantes? ¿Puede hacerse algo?

En este contexto, el Auto irrecurrible dictado por el Tribunal Supremo el pasado 12 de octubre -por el que se mantiene expresamente la suspensión de los efectos electorales respecto de las inscripciones comprendidas en la medida cautelar previamente acordada, salvo en aquellos casos en los que los Registros Consulares acrediten el cumplimiento de los dos requisitos establecidos por la Sala- constituye un nuevo hito en un procedimiento de especial trascendencia jurídica y social.

Ante esta situación, se ofrece un modelo de queja ante el Defensor del Pueblo al alcance de todas las personas que, habiendo tenido conocimiento de estas actuaciones y de sus posibles consecuencias, consideren necesario defender sus derechos e intereses legítimos. Así, podrán solicitar que la situación en la que queda como elector sea examinada conforme a la normativa aplicable y a los criterios establecidos por los tribunales.

Tras la exposición de los hechos por todos conocidos, se solicita, en defensa del derecho individual al sufragio activo:

“Que se tengan por presentadas estas manifestaciones y se valore la adopción de las actuaciones que correspondan, dentro de las competencias de esa Institución, a fin de verificar el cumplimiento efectivo del Auto del Tribunal Supremo de 12 de octubre de 2026 y de las resoluciones judiciales precedentes relacionadas con las inscripciones afectadas del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Asimismo, solicito que se recabe de las administraciones competentes información suficiente sobre las actuaciones realizadas para ejecutar la medida cautelar, la acreditación de los requisitos establecidos por la Sala y los mecanismos de control aplicados para garantizar que los efectos electorales de las inscripciones se ajusten estrictamente a lo dispuesto en las resoluciones judiciales.

En particular, solicito que se promueva, dentro del ámbito competencial correspondiente, la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la suspensión cautelar y la aplicación rigurosa de las excepciones expresamente reconocidas por el Tribunal Supremo, evitando tanto el ejercicio del sufragio en supuestos no habilitados por la resolución judicial como cualquier restricción que exceda de sus términos.

Finalmente, solicito que se me informe de las actuaciones que, en su caso, se acuerden, de las administraciones a las que se haya requerido información y de las conclusiones que puedan comunicarse legalmente, con el fin de contribuir a la seguridad jurídica, la igualdad de los electores y la integridad del proceso electoral”.

 

El modelo de queja está disponible en formato Word en: Modelo

Puede hacerse llegar la queja al Defensor del Pueblo, preferiblemente con certificado digital, a través del siguiente ENLACE.

O al correo electrónico. registro@defensordelpueblo.es

Censo electoral: ley de nietos y voto por correo (y II)

 

15/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“El censo de españoles residentes en el extranjero ha aumentado en 444.335 personas con respecto a las últimas generales de 2023”

 

El pasado lunes decíamos que el debate político seguía centrado en dos cuestiones paralelas de cara a las urnas del 29 de noviembre: quiénes podrán ejercer el derecho al voto desde el extranjero y qué garantías ofrece el voto por correo.

Ambos asuntos los tratamos en su variante jurídica. Restaba hoy analizar la incidencia numérica del voto de nuestros compatriotas del otro lado del charco; los que, ante nuestra ignorancia, van a intentar reconducir los destinos de nuestra patria.

Sin embargo, las consideraciones previstas para esta segunda entrega se han visto afectadas por nuevos matices, al haberse conocido entremedias el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictado el mismísimo Día de la Hispanidad, que confirma las medidas cautelares del 10 de septiembre, al tiempo que enreda los argumentos primarios, por lo que vamos a intentar poner orden entre tanto desconcierto.

Hagamos memoria: Iustitia Europa (después vinieron otras) fue la primera organización civil en reclamar ante los tribunales lo que debía ser elemental en una democracia: conocer los integrantes del censo, cómo llegaron a formar parte de él y examinar jurídicamente cómo se produjo cada inscripción. Y es que las citadas medidas cautelares fueron recurridas por la Abogacía del Estado, es decir, por el gobierno, y no ha sido hasta anteayer cuando el máximo órgano judicial las ha confirmado íntegramente de cara al 29 de noviembre.

Conviene no olvidar que aquellas medidas cautelares se acordaron cuando todavía no se habían convocado las elecciones generales. Y ahora, con el proceso electoral en marcha, el Supremo ha decidido mantener de forma expresa la suspensión de los efectos electorales respecto de las inscripciones comprendidas en la cautelar, con la excepción a la que nos referiremos más adelante.

Además, el Tribunal Supremo no desaprovecha la ocasión de “tirar de las orejas” al Ejecutivo al afirmar, en relación al Auto del 10 de septiembre, por el que le ponía ciertos deberes, que “el nivel de cumplimiento [... ha sido] inexistente o, al menos, desconocido”. Resulta que ni la Administración General del Estado ni el Instituto Nacional de Estadística han aportado en este tiempo información que permita conocer cuántos expedientes han sido efectivamente desglosados o cuál es el grado real de cumplimiento de lo ordenado por la Sala.

En resumen, desde hace un mes existía una resolución del Tribunal Supremo, concurría una obligación de ejecución por parte del gobierno y, ahora, la propia Sala afirma desconocer cuál es el grado de cumplimiento, sencillamente porque no se le han facilitado los datos.

El Auto afirma con rotundidad que la limpieza y pulcritud del censo constituye un valor esencial y advierte que “la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho si existe la más mínima duda de irregularidad”. Por si fuera poco, para dejar clara la inacción gubernamental, recalca: “No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla”.

Pero dejando al margen las valoraciones jurídicas, ¿qué es lo que de mollar dice la resolución judicial? Pues sencillamente que el gobierno no ha acreditado hasta ahora la legitimación de 163.020 electores inscritos en el CERA a fecha de cierre censal del 1 de agosto. Electores para los que, de forma genérica, suspende los efectos electorales salvo los de aquellos que los Registros Consulares acrediten el cumplimiento de los dos requisitos establecidos por la Sala, a saber: ser descendientes de españoles que emigraron entre 1936 y 1959 y que el motivo de ello fueran razones políticas (exiliados).

Pero, ¿de dónde sale esa cifra tan exacta de 163.020?

Desglosemos la maraña de números en la que, desde el punto de vista legal, nos movemos en relación a los hermanos gachupines que -interesados en obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ley de nietos- nos van a enseñar a votar correctamente:

- Han solicitado cita o iniciado el procedimiento:               2.500.000 aprox.

Sobre esta cifra, no olvidemos las dotes previsoras del ministro Ángel Víctor Torres, en declaraciones a El País del 13 de julio de 2026: “serán alrededor de 500.000 los nuevos nacionalizados para el verano de 2027”, curiosamente el momento de las elecciones que parecía hasta ahora irrenunciable para el sanchismo.

- Expedientes aprobados a 31/05/26:                                   571.761.

- Expedientes aprobados a 31/08/26:                                   600.684.

- Inscritos en el Registro Civil Consular a 31/05/26:             333.696.

- Inscritos en el Registro Civil Consular a 31/08/26:             369.017.

- Inscritos con efectos suspendidos para el 29/11/26:          163.020.

Paralelamente, los datos que al día de hoy ofrece el INE muestran que, de cara a las inminentes elecciones del 29N, el censo de españoles residentes en el extranjero ha aumentado en 444.335 personas con respecto a las últimas generales de 2023, tal y como se muestra en la siguiente tabla de provincias, ordenadas de mayor a menor variación en lo que al número de españoles en el extranjero se refiere:

Cada cual hará su análisis, si bien de un simple vistazo resalta:

-        Mientras TODAS las provincias, más Ceuta y Melilla, han visto incrementado el número de electores residentes en el extranjero, CATORCE provincias han perdido electores residentes en España.

-        Los nuevos electores del extranjero suponen en Madrid casi un 33,00 % más que en 2023; en Baleares casi un 28,50 %; en Álava casi un 27,00 %; en Gerona casi un 26,00 %; en Soria más de un 24,00 %, cifra similar a Tarragona. Entre un 20,00 y un 24,00 % más aparecen en Castellón, La Rioja, Guadalajara, Guipúzcoa, Valladolid, Cantabria, Málaga, Barcelona, Alicante y Navarra. Veinticuatro provincias, entre ellas Sevilla con un 13,34 %, aparecen con un crecimiento de entre el 13,00 y el 20,00 %.

-        Curiosamente, las provincias gallegas, por antonomasia las más generadoras de emigración a Hispanoamérica, aparece en los postreros lugares en cuanto a crecimiento del voto en el extranjero se refiere: Lugo el 11,34 %; Pontevedra el 9,85 %; La Coruña el 9,29 % y Orense, que resulta ser la última de las provincias españolas, con un 7,96 % y que, además de perder 3.716 orensanos sobre el terruño, recibe 8.197 de América.

-        Zamora es la provincia que más voto autóctono pierde en estos años (justo 4.000) que se ven enriquecidos con 3.273 nuevos votantes de allende los mares.

-        Asturias pierde 158 votantes en la tierrina mientras recibe 20.233 descendientes de antiguos indianos; los que, por otra parte, emigraron mucho antes del conflicto bélico.

-        En Málaga, mientras la cifra de residentes ha ascendido un 3,38 %, nuestros hermanos en América han aumentado en un 21,85 %, alcanzando la cifra de 74.033 (13.277 más que en 2023).

-        En Sevilla, mientras la cifra de crecimiento de la población residente ha ascendido un 2,48 %, los nuevos miarmas de Las Indias han aumentado en un 13,34 %, alcanzando la cifra de 43.565 (5.128 más que en 2023).

Sean cuantos sean los nuevos invitados a la fiesta de la democracia en España, abrochémonos los cinturones que vienen curvas…

Censo electoral: ley de nietos y voto por correo (I)

 

13/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

“Si el deseo de los legisladores de 1985 hubiera sido incluir en el censo electoral a todos los españoles que viven en el extranjero de forma invariable, sin haber hollado en su vida suelo español, el artículo 31.2 se habría redactado de otra forma”

 

Al día de hoy, el debate político sigue centrado en dos cuestiones relacionadas no con las próximas elecciones generales en sí, sino con quiénes podrán ejercer el derecho al voto desde el extranjero y qué garantías ofrece el voto por correo. Ambos asuntos están generando acusaciones y controversias entre todos los partidos.

Respecto al segundo, ya fueron denunciados tras las últimas elecciones generales de 2023 diversos intentos de subvertir la soberanía popular en varios municipios. Aunque más antiguo, el más cercano para nosotros, el de Albaida del Aljarafe, sigue su marcha y un juzgado de primera instancia e instrucción de Sanlúcar la Mayor ha citado, además de a otros investigados, como trabajadores del ayuntamiento y empleados de Correos, al actual alcalde socialista. Al tiempo, Soledad Cabezón, exalcaldesa y exdiputada del PSOE en el Congreso, comparecerá el próximo 1 de diciembre, justo después de las elecciones… ¿por aquello del lawfare? De ahí que Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado que va a proponer a la Junta Electoral Central la adopción de “algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo”, mientras que Santiago Abascal propone directamente que no se vote por correo.

En relación al derecho al voto desde el extranjero, la llamada ley de nietos no es sino una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permitió a determinados descendientes de españoles, incluidos hijos y nietos de personas exiliadas, optar a la nacionalidad española. Adquirida ésta y cumplidos los requisitos electorales, pueden incorporarse al CERA.

El chanchullo llegó después con la instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE al día siguiente, cuya titular, Sofía Puente, hermana del actual ministro tuitero de mismo apellido, añadió por su cuenta y riesgo que podían acogerse a la vía de la nacionalidad no solo los descendientes de exiliados, sino también los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, sin necesidad de acreditar que la pérdida de nacionalidad estuviera vinculada al exilio.

Pero, ¿qué es el CERA y cuándo se creó? El CERA es el “Censo Electoral de Residentes Ausentes” y se instituyó por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que fue la primera en reconocer expresamente el censo de los españoles en el extranjero como parte del censo electoral.

Decía (y continúa diciendo) el artículo 31.2 de esta norma en vigor desde 1985: “El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero. Ningún elector podrá figurar inscrito simultáneamente en ambos censos”. Además, el artículo 32.3 instaba a los españoles residentes-ausentes que vivan en el extranjero, a inscribirse en el Consulado español correspondiente y el 75 regulaba el envío de la documentación electoral a los inscritos.

Sabido lo anterior, surge otra pregunta: ¿y qué se entiende por residente-ausente? La reiterada LOREG de 1985 no lo definió de forma expresa y autónoma mediante una definición -tantas veces dadas por las leyes- del tipo “es aquella persona que…”.

Se limitó, pues, a establecer la categoría (residente-ausente) sin definirla, dando por hecho que la propia denominación es más que suficiente para definir a las personas a las que iba dirigida.

Cualquier conocedor de la lengua española común, sin necesidad de haber compartido un solo café con Fernando Lázaro Carreter, entendía hace 41 años -y hoy también- que el concepto de residente-ausente se obtiene mediante la contradicción literal de sus dos palabras: “una persona que mantiene su vivienda, estatus o plaza oficial en un lugar, pero que en la práctica no se encuentra físicamente allí en ese momento o durante un periodo de tiempo”.

Si el deseo de los legisladores de 1985 hubiera sido incluir en el censo electoral a todos los españoles que viven en el extranjero de forma invariable, sin haber hollado en su vida suelo español, el artículo 31.2 se habría redactado de otra forma. Más o menos así, detrayendo del texto las palabras tachadas entre paréntesis: “El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes (-ausentes que viven) en el extranjero”.

Claramente, al armonizar las palabras “residentes” y “ausentes”, la idea primigenia del legislador no iba más allá de permitir el voto a los españoles residentes en España y ausentes temporalmente (TEM-PO-RAL-MEN-TE) en el extranjero, por motivos de trabajo, estudios, vacaciones, etc.

La ocurrencia en esta ocasión no fue sanchista. Fue la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica zapateril, la que ya permitía, también por exceso de una interpretación administrativa, acceder a la nacionalidad no solo a hijos y nietos de españoles exiliados, sino a descendientes de emigrantes españoles que no se habían exiliado. Pero, en todo caso, yendo más allá al incorporarlos al censo.

Y para la controversia derechos amplios / derechos restringidos para el ejercicio del voto de los residentes en el extranjero, nada mejor que ir al derecho comparado: Estados Unidos les impone importantes restricciones. En Canadá no pueden votar, aunque sean ciudadanos canadienses por descendencia. Países de nuestro entorno, como Dinamarca, Irlanda, Malta y Chipre no contemplan el voto de sus nacionales desde el extranjero. En Portugal la inscripción electoral está vinculada a la dirección registrada y en Italia se utiliza un sistema (el registro AIRE) para los residentes en el extranjero, asignándoles una circunscripción exterior. El Reino Unido exige acreditar una conexión previa con una dirección británica para poder registrarse. Y Francia dispone de 11 circunscripciones electorales específicas para sus ciudadanos residentes en el extranjero, que eligen directamente la insignificante cifra de 11 diputados de los 577 que conforman la Asamblea Nacional.

En resumen: la controversia sobre la ley de nietos gira en torno a una medida cautelar judicial que afecta al derecho de voto de estos nacionalizados; la del voto por correo a las garantías y seguridad del procedimiento. En ambos casos, las decisiones del Tribunal Supremo y de las autoridades electorales, respectivamente, serán decisivas. A fecha de hoy, 12 de octubre (¡Feliz día de la Hispanidad!), seguimos a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la validez del censo de estos residentes-ausentes que nos hace recordar a Adorno, aquel futbolista “oriundo” que, tras fichar por el club vigués, aseguró en rueda de prensa que su abuelo había nacido en Celta de Vigo.

En otra entrega analizaremos la incidencia, provincia por provincia, del voto de nuestros “compatriotas” del otro lado del charco que, ante nuestra ignorancia, van a intentar reconducir los destinos de nuestra patria.