No tendremos nada, pero ¡qué felices seremos!

 

10/11/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“… una sociedad -incluidos pensionistas actuales, que pide a sus jóvenes que renuncien a tener una vida propia, mientras les exige que financien el estado de bienestar- no está construyendo un futuro sostenible; está cimentando un mercado de esclavos en pleno siglo XXI …”

 

La Agenda 2030 promete un horizonte de prosperidad y bienestar, pero millones de jóvenes españoles se encuentran ante una realidad mucho menos idílica: salarios insuficientes, vivienda inaccesible, precariedad laboral… Súmenle nuestros dispendios, en forma de endeudamiento intergeneracional, para mantener nuestro actual estado de bienestar y un sistema de pensiones cuya factura tendrán que afrontar durante décadas.

“No tendrás nada y serás feliz” es uno de sus lemas. Una frase que se observa con desconfianza por muchos ciudadanos a la vista del modelo de sociedad que se presenta bajo el paraguas del globalismo, la sostenibilidad y la dichosa resiliencia.

El origen del lema parte de una previsión en el entorno del Foro Económico Mundial. Pero eso no resta importancia al debate que ha suscitado: ¿qué sociedad estamos construyendo y quiénes serán sus beneficiarios? Hasta ahora, solo aparentan serlos, entre otros, la familia Rothschild o el filántropo George Soros. Para ellos son las merecidas y facilonas críticas, pero seamos sinceros: también nuestra generación de recién jubilados que se suma a la anterior es partícipe del fraude que estamos cometiendo con nuestros hijos y nietos.

Hemos dicho a nuestros jóvenes: estudiad, formaos, aprended idiomas, adaptaos a los cambios tecnológicos y preparaos para un mercado laboral cada vez más exigente. Y una parte importante lo ha hecho. Sin embargo, cuando llega el momento de incorporarse al mundo laboral, descubren una paradoja inesperada: toda esa preparación no garantiza un salario digno, tampoco independencia.

Y, después de todo esto, llega la pregunta: ¿es este el bienestar que les habíamos prometido o, más bien, es el nuestro?

Los datos del Consejo de la Juventud de España dibujan un panorama demoledor: la tasa de emancipación se situó en el 14,5% al cierre de 2025. La edad media para abandonar el hogar familiar alcanzó los 30,2 años.

Todavía más revelador es el dato del alquiler: el coste medio mensual de una vivienda alcanzó los 1.176 euros, equivalente al 98,7% del salario medio de una persona joven. Así que: el sueldo para el hogar. ¿Vivir, comer…? ¡Ah!, ¿que también hay que hacer eso?

La paradoja resulta todavía más hiriente cuando se observa que muchos terminan aceptando trabajos por debajo de su formación, contratos que no ofrecen estabilidad y remuneraciones que no pueden catalogarse ni siquiera de mileuristas, como se nominaba al salario entonces insuficiente de los jóvenes, hace ya 24 años, en tiempos de Aznar.

Mientras tanto, quienes ya disponen de patrimonio, siquiera inmobiliario, en forma de dos o tres viviendas (no hablemos de grandes fortunas), parten de una posición completamente distinta. Pueden aprovechar las oportunidades de inversión y las subidas de sus activos, sin renunciar a sus magras pensiones, mientras los jóvenes que no llegan a fin de mes ni siquiera tienen capacidad para entrar en ese mercado.

No es una acusación contra quien ha trabajado y ha conseguido ahorrar o adquirir propiedades legítimamente, que también. Es una crítica a un sistema en su conjunto que corre el riesgo de perpetuar y agrandar las desigualdades entre generaciones.

La pregunta que deberían responder quienes diseñan las grandes estrategias económicas y sociales, y nosotros exigirles respuesta, es sencilla: ¿qué oportunidades reales tendrá quien empieza hoy su vida laboral frente a quien pudo comprar una vivienda hace treinta-cuarenta años con un salario que sí permitía ahorrar?

A la dificultad de acceder a una vivienda y conseguir un salario digno se suma otra preocupación de enorme trascendencia: el futuro de las pensiones.

España se enfrenta al progresivo retiro de la generación del baby boom. Durante las próximas décadas aumentará considerablemente el número de pensionistas y el gasto asociado a sus prestaciones en proporciones geométricas.

Los actuales jóvenes trabajadores financian, mediante sus cotizaciones, buena parte de las pensiones de quienes ya están jubilados. Al día de hoy, para financiar una pensión media en España, se precisan casi 2,5 trabajadores activos. A mí, que de chico supe que dos y dos son cuatro, tampoco me cuadran los números.

Mientras, ellos no están acumulando en una hucha individual la pensión que recibirán dentro de cuarenta años, pues continúan participando en el actual sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, que es, desde el punto de vista egoísta y facilón, el adoptado en aquellos primeros momentos en que se debatía este sistema frente al de capitalización individual y que la gran mayoría, entonces, rechazábamos desde una postura individualista y avariciosa.

Las consecuencias están a la vista: nuestra generación, con el sistema en vigor, ha puesto en el fiel los dos platillos de la balanza, aportando y recibiendo. La juventud solo tiene asegurado cumplir con el primero de los gerundios, dejando en el aire el segundo.

Una gran parte de los actuales jubilados (no todos) pudo desarrollar carreras laborales más largas, adquirir viviendas en un contexto de precios mucho más asequibles respecto a sus ingresos y construir un patrimonio que hoy les proporciona estabilidad.

Al contrario, hoy, los jóvenes se enfrentan a trayectorias laborales fragmentadas, con periodos de desempleo, salarios bajos y una incorporación más tardía al mercado de trabajo.

Y aquí aparece una contradicción que nadie debería eludir: se exige a los jóvenes que sostengan un sistema de pensiones cada vez más costoso, mientras sus propias posibilidades de generar derechos futuros se ven condicionadas por la precariedad presente: ¿Qué pensión les corresponderá cuando llegue su jubilación? ¿A qué edad podrán retirarse? Lo dicho, todo está en el aire.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de la presión que supondrá el envejecimiento demográfico. Sus proyecciones de 2026 sitúan el gasto bruto en pensiones en torno al 16,4% del PIB en 2050, frente al 12,9 de 2025. Ello, ha llevado al único ministro medianamente serio del actual gobierno (que no se apellida Muñoz, ni Figueredo) a proclamar sin recibir censura alguna, que “tenemos que poner en marcha las reformas necesarias para que se pueda absorber [el reto del baby boom] y que el sistema siga siendo sostenible” (El primer alcalde de Atapuerca se ha ido sin retuitear la propuesta del vicepresidente Cuerpo).

Por tanto, no se trata de negar el derecho de los actuales pensionistas a cobrar lo que les corresponde. Se trata de exigir que la solidaridad no se convierta en una obligación unilateral para quienes vienen detrás.

La práctica totalidad de los partidos de la izquierda y del centro derecha europeos y, en España, el Gobierno de Pedro Sánchez, han convertido la Agenda 2030 en uno de los grandes referentes de su discurso político. Pero los ciudadanos tienen derecho a exigir algo más que declaraciones, objetivos y documentos institucionales.

¿Dónde está el resultado tangible para una generación que no puede emanciparse? No basta con presentar planes, aprobar estrategias y anunciar objetivos para 2030. La política debe medirse por sus resultados y no por la grandilocuencia de sus declaraciones.

La sostenibilidad no es solo medioambiental. También debe ser económica, laboral, social y, sobre todo, generacional. Porque no hay sostenibilidad posible si quienes tienen que mantener el sistema no es ya que, finalmente, no reciban nada de él, sino que no puedan construir su propia vida.

“No tendrás nada y serás feliz”. El lema, más que una predicción, resulta una provocación y empieza a parecerse demasiado a una descripción desvergonzada de las perspectivas económicas futuras. El “no tendrás nada” parece asegurado; lo de “serás feliz” solo es una proclama o, en todo caso, un deseo basado en la nada.

Los jóvenes no precisan que se les prometa que serán felices teniendo menos. Necesitan salarios que permitan vivir, viviendas que puedan pagar, empleos que reconozcan su preparación y un sistema de pensiones que no hipoteque su futuro. Necesitan, en definitiva, tener algo que sea suyo y la libertad de decidir qué hacer con ello, todo lo contrario que le ofrece esta agenda más comunista incluso que globalista.

Porque una sociedad -incluidos pensionistas actuales, que pide a sus jóvenes que renuncien a tener una vida propia, mientras les exige que financien el estado de bienestar- no está construyendo un futuro sostenible; está cimentando un mercado de esclavos en pleno siglo XXI que sería reprobado por los gerifaltes de los antiguos imperios de Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma, o por las élites gobernantes de Gran Bretaña, Portugal, España, Francia u Holanda, más cercanas en el tiempo.

Casi 200 países alrededor de las Naciones Unidas, con la Agenda 2030 de la mano, ni siquiera están construyendo una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda, lo que ya sería despreciable; están cimentando, por una parte, una sociedad de patricios y, por otra, un comercio de esclavos, que, como mucho -y solo los excelentes-, aspirarán a libertos a través de una manumisión que al día de hoy no vislumbra la gran mayoría.

De octubre de 1934 a noviembre de 2026: la convivencia en peligro

 

07/11/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Y, conocida la historia de nuestra izquierda, aparece un interrogante que no debería tener cabida en una democracia consolidada del siglo XXI: ¿aceptarán esta vez el resultado de las urnas?”

 

La democracia no consiste únicamente en contar votos. Sí, principalmente en respetar al que piensa diferente, aceptar la alternancia política y preservar la convivencia. Y hoy hay algo que preocupa tanto o más como la confrontación entre partidos: el deterioro de los afectos y la ruptura de relaciones entre los propios españoles.

En los 48 años transcurridos desde la aprobación de nuestra Constitución, nunca había percibido con tanta preocupación un cambio en las relaciones personales entre ciudadanos de distintas sensibilidades políticas. Durante décadas, la cordialidad entre amigos de diferentes pareceres era lo que primaba. Se podía discutir de política, discrepar apasionadamente e incluso mantener posiciones radicalmente opuestas, pero la amistad estaba por encima de las diferencias ideológicas.

Hoy, sin embargo, tengo la sensación de que algo fundamental está cambiando: pareciera que el desafío empieza a estar por delante del apego; que la discrepancia política se convierte en motivo de distanciamiento y que el adversario ideológico deja de ser alguien con quien debatir para convertirse en alguien a quien rechazar. Es una transformación preocupante. Y no deberíamos asumirlo.

La historia de España contiene episodios que convendría recordar para no repetirlos, especialmente cuando la tensión política vuelve a ocupar el centro de nuestra vida pública: Baste recordar que en las elecciones generales de noviembre de 1933, la CEDA, encabezada por José María Gil-Robles, obtuvo el mayor número de escaños. Sin embargo, inicialmente quedó fuera del Gobierno que presidió Alejandro Lerroux del Partido Republicano Radical.

En octubre de 1934, tres ministros del partido ganador un año antes, se incorporaron al Ejecutivo. Era una decisión adoptada dentro de la más absoluta legalidad y respondía a los mínimos de la aritmética parlamentaria, ésa que en España solo pudo, puede y podrá practicar el PSOE con sus aliados de toda calaña.

Y, aquel PSOE, que por entonces cumplía 55 añitos, bajo el liderazgo de Largo Caballero -el Lenin español-, celebró la llegada del nuevo gobierno convocando una huelga general (al menos no preventiva, en comparación con la anunciada para el miércoles que viene) con el loable propósito de culminar, mediante una insurrección revolucionaria, una rebelión armada en distintos puntos de España que tuvo su culmen en Asturias, donde adquirió dimensiones extraordinariamente violentas y que hubo de ser reprimida, entre otros, por el capitán Rodríguez Lozano, abuelo de Zapatero. El balance fue trágico: alrededor de 1.500 muertos, miles de heridos, detenciones y una profunda fractura social.

La cuestión histórica que merece reflexión no es que existieran discrepancias ideológicas entre izquierda y derecha. Es que una importante parte de la izquierda optó por la insurrección armada ante la incorporación de la fuerza más votada al Gobierno.

Queriendo salvar las distancias, aunque con dificultades, observamos que la izquierda de hoy, en homenaje a aquella, ya anuncia que “no va a haber paz en las calles” (Manuela Bergerot, Mas Madrid o Frente Amplio, cualquiera sabe), o que nos dirigimos a “cuatro años de protestas en la calle” si los votantes del 29-N se equivocan”  (Óscar Puente, PSOE o ex, cualquiera sabe), o, en fin, que “el poder está en las calles y es el camino para ganar a las (ultras) derechas” (Pablo Iglesias, Podemos o Irene, cualquiera sabe…).

No se trata de establecer equivalencias automáticas entre aquella España y la actual, aunque los paralelismos sean evidentes. ¡Claro que las circunstancias históricas son muy diferentes!, pero sí existe una lección que sigue teniendo vigencia a pesar de los que solo entienden, como el citado Lenin español, tras ser condenado y amnistiado (¿les suena?), que “la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Y esa lección no es otra que ninguna fuerza política debería considerar ilegítimo que sus adversarios alcancen el Gobierno cuando lo hacen respetando las reglas democráticas.

Y tras una guerra buscada y perdida, seguida de una dictadura de cuarenta años, la Transición española fue posible porque, después de tantas décadas de enfrentamiento, los españoles comprendieron que la convivencia exigía generosidad, renuncias y respeto al adversario. Para ello, la izquierda y la derecha mantuvieron profundas diferencias, pero asumieron una regla esencial: “el otro” tenía el mismo derecho a participar en la vida política y a gobernar si conseguía los apoyos necesarios.

Ese espíritu, con sus imperfecciones, hizo posible nuestra democracia constitucional, con un espíritu de convivencia por el que muchos apenabas daban un duro.

Todo marchaba según lo acordado. Sin embargo, aquel entendimiento comenzó a deteriorarse con el Pacto del Tinel, un acuerdo político firmado el 14 de diciembre de 2003 entre Pasqual Maragall, del PSC, candidato a presidir la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, de ERC y Joan Saura, de ICV-EUiA. El documento incluía un compromiso de los partidos firmantes para no establecer acuerdos estables de gobernabilidad con el PP, no solo en Cataluña, sino también en las instituciones estatales. ¿Y quién gobernaba en España alamismavé que tutelaba el partido de los socialistas catalanes? Un tal Rodríguez Zapatero, entonces tan famoso por sectario y divisionista, como hoy por la sucursal de Tiffany montada frente a la sede socialista de Ferraz, en unas oficinas propiedad del partido.

Ya con Pedro Sánchez, aquella fractura ha adquirido una dimensión impensable hace una década: Para mantenerse en el poder, el sádico monclovita ha necesitado construir mayorías parlamentarias con formaciones de extrema izquierda, independentistas y EH Bildu, formación en cuyo entorno se encuentran, además de antiguos integrantes de la izquierda abertzale, dirigentes procedentes de organizaciones vinculadas a ETA o, directamente, de la propia banda terrorista.

Y todo ello, con el empeño de blanquear lo que representa ese pasado. ETA asesinó a 853 personas, según las cifras del Ministerio del Interior, y dejó miles de heridos, familias destrozadas y una sociedad marcada por décadas de terrorismo.

Que EH Bildu participe en la política democrática es una realidad del sistema parlamentario. Pero igual de legítimo es exigir a sus representantes una condena inequívoca del terrorismo que no acaba de producirse y el respeto a la memoria de las víctimas que, en su caso, sigue tirado por el suelo.

Del mismo modo, los pactos con partidos independentistas son constitucionalmente posibles, pero deberían someterse al debate público y a la exigencia de que las instituciones y la unidad constitucional de España fueran respetadas por encima de ellos, lo que está lejos de ocurrir.

El problema de fondo no es que existan pactos. Pactar forma parte de la democracia parlamentaria. El problema aparece cuando se pretende convertir determinadas alianzas en legítimas por definición y, al mismo tiempo, deslegitimar cualquier mayoría alternativa simplemente porque quiénes la integran son los otros, naturalmente “los malos”.

Los españoles de la piel de toro (y los recolectados al otro lado del Atlántico por la mal llamada ley de nietos) afrontamos el próximo 29 de noviembre una nueva cita electoral que puede marcar un cambio de ciclo político. La posibilidad de que PP y VOX sumen los apoyos necesarios para formar un Gobierno ha provocado ya una intensa confrontación política. Y, conocida la historia de nuestra izquierda, aparece un interrogante que no debería tener cabida en una democracia consolidada del siglo XXI: ¿aceptarán esta vez el resultado de las urnas?

Quienes pierdan tendrán todo el derecho a criticar, fiscalizar y oponerse al Gobierno que resulte de las urnas. Lo que no tendrán es el derecho a desconocer la voluntad popular, amenazar con la violencia o pretender que su derrota invalide el resultado.

Porque es perfectamente legítimo manifestarse contra un Gobierno, criticar sus decisiones y expresar desacuerdo con sus políticas. Es incluso saludable que exista una oposición firme, pero una cosa es la protesta democrática y otra muy distinta cuestionar de antemano la legitimidad de un resultado electoral o insinuar que la violencia es una respuesta aceptable si vence la otra opción política.

No hay democracia a la carta y la historia de 1934 no debe utilizarse para establecer equivalencias automáticas con la España actual. Las circunstancias, las instituciones y el contexto histórico son distintos. Pero sí sirve para recordar, 92 años después, adónde puede conducir la intolerancia política cuando se sustituye el respeto al voto por la imposición antidemocrática de una determinada visión ideológica.

España ya ha pagado un precio demasiado alto por sus enfrentamientos y sus divisiones.

Que nadie olvide que las urnas son el único camino legítimo para alcanzar el poder y que su resultado debe ser respetado por todos, especialmente por quienes no han conseguido ganarlas.

Parece obvio. Pues para “ellos” no, en absoluto. Y esta reflexión en modo de “regreso al futuro” aquí queda para, por desgracia, empezar a confirmarse en menos de un mes.

Prórrogas de los Presupuestos: ¿Crimen o castigo?

 

30/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“¿La falta de presupuestos actualizados y adaptados a las necesidades tienen repercusión sobre la vida de las personas?”

 

Dicen que ayer, desde el centro de control de Atocha, tras la caída del sistema de seguridad LZB, un técnico de Adif dio autorización a un maquinista para continuar la marcha sin avisar que más adelante había un tren parado. Así que, de momento, es el ministro quien ya apunta al error humano como el causante de la última tragedia ferroviaria y casi da por sentado que ése es el final del asunto, cuando en realidad nos sitúa en el principio del problema.

El sistema LZB, ya antiguo, está en funcionamiento desde 1992 en la primera línea española de alta velocidad Madrid-Sevilla, mientras el resto funciona con el estándar europeo ERTMS.

Dicen, también, que se han invertido 700 millones en la renovación integral de esa línea, que han debido ir a vías, desdoblamientos, estaciones, etc., pero parece claro que no han llegado a lo más fundamental de la circulación, la señalización y la seguridad.

Paralelamente, viene a cuento recordar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el plan económico del Gobierno para cada año. En ellos se prevé cuánto dinero ingresará el Estado y cómo se distribuirá el gasto público, naturalmente previo análisis de las necesidades.

Los PGE, disculpen la obviedad, sirven para financiar los servicios públicos, como la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y las infraestructuras estatales; distribuir los recursos públicos, decidiendo qué partidas reciben más o menos dinero; establecer prioridades políticas y económicas, como invertir en vivienda, mantenimiento de infraestructuras o reducción del déficit y, finalmente, controlar el gasto público, ya que permiten al Parlamento examinar y aprobar las cuentas del Estado.

La Constitución española no solo establece que el Gobierno elabora los presupuestos, sino que también le obliga a presentarlos ante las Cortes Generales, órgano que, posteriormente, los examinarán, enmendarán, rechazarán o aprobarán.

Los últimos presupuestos, los de 2023, fueron aprobados en 2022, ya en la anterior legislatura. Desde entonces, no es que no se hayan aprobado nuevos presupuestos, sino que en toda esta legislatura que finaliza, para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, el gobierno no ha llegado a presentar un nuevo proyecto de PGE en el Congreso, como le es obligado por la Constitución.

Ya lo advirtió el jefe de la banda que nos gobierna el 7 de septiembre de 2024: “Vamos a avanzar con determinación, con o sin el apoyo de la oposición. Con o sin el concurso del Poder Legislativo”. En definitiva, lo importante es el Ejecutivo con el consiguiente desprecio de los demás poderes.

Surge entonces la pregunta: ¿hay diferencias entre aprobar los presupuestos o prorrogarlos? Algunas hay y no son menores:

Aprobar presupuestos cada año	Prorrogarlos años tras años
Se adaptan los gastos a la situación económica actual.	Los gastos están referidos a una situación económica del pasado.
Se pueden modificar las partidas y establecer nuevas prioridades.	Apenas hay margen para introducir cambios sobre las nuevas necesidades.
El Parlamento debate y vota un nuevo proyecto presupuestario.	En la reciente legislatura, el Parlamento ni siquiera ha recibido el proyecto.
Facilita planificar nuevas inversiones y medidas económicas.	Dificulta o hace imposible la planificación de nuevas actuaciones.
Acrecienta la capacidad de adaptación a las actuales necesidades	Merma cuando no imposibilita la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades

Desde ayer, el Adamuz de hace solo nueve meses parece pertenecer al Pleistoceno, a una época remota que creíamos superada, pero cuya tragedia vuelve a instalarse en nuestra memoria con una crudeza insoportable. Urda se convierte ahora en el nombre propio de otra desgracia que obliga a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias hacen falta para que el mantenimiento de las infraestructuras deje de ser una cuestión secundaria en la agenda política? Porque detrás de cada accidente hay víctimas, familias destrozadas y una sociedad que tiene derecho a exigir explicaciones.

¿La falta de presupuestos actualizados y adaptados a las necesidades tienen repercusión sobre la vida de las personas? Pues naturalmente: su ausencia plantea un problema que ningún Gobierno debería minimizar.

No solo, pero en particular las inversiones en conservación, modernización y seguridad no pueden quedar subordinadas a los cálculos parlamentarios, a la comodidad política ni a la espera indefinida de acuerdos que nunca llegan. Cuando las administraciones no priorizan adecuadamente aquello de lo que dependen la seguridad y la vida de los ciudadanos, la responsabilidad política adquiere una dimensión que trasciende las cifras y los discursos.

Porque la grandeza de un país no puede medirse solo por sus grandes anuncios, sus promesas electorales o sus cifras macroeconómicas, sino también y sobre todo por la seguridad con la que sus ciudadanos pueden desplazarse y confiar en los servicios públicos. Adamuz fue una advertencia que todavía pesa sobre la conciencia colectiva; Urda es ya el más sublime de los recordatorios de que las tragedias no pueden despacharse con minutos de silencio, declaraciones solemnes y promesas de investigación. Las víctimas merecen verdad, las familias merecen justicia y la sociedad merece explicaciones concretas y ciertas.

Si hubo negligencia, debe esclarecerse; si fallaron los controles, deben corregirse; y si las decisiones políticas contribuyeron al deterioro de la seguridad, sus responsables deben rendir cuentas. La prevención no es un gasto prescindible ni una promesa aplazable: es una obligación pública cuyo incumplimiento debe tener un coste no sólo político, sino claramente enfrentado al Código Penal.

Lección de Economía resumida para Pedro, el doctor-economista, y para Óscar, el mantenedor de infraestructuras. A ver si se enteran:

Los PGE sirven para decidir cómo se recauda y se gasta el dinero público. Aprobarlos cada año permite renovar y debatir esas decisiones; prorrogarlos un año sí y otro también, solo da para mantener la actividad del Estado, pero prolonga un marco presupuestario antiguo, no actualizado a las nuevas realidades y, entre ellas, destaca especialmente la obligación fundamental del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos.

La prórroga, claro que es legal y evita que la Administración se paralice por completo, pero está concebida como una solución transitoria hasta que se aprueben nuevos presupuestos que contengan las necesidades actualizadas; y no, no es una simple renovación anual de las cuentas, como nos ha querido vender este gobierno.

Una prórroga presupuestaria aislada no es un crimen en sí misma, pues garantiza la continuidad de los servicios públicos más inmediatos, pero tampoco debería convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente las decisiones que afectan, entre otros asuntos, a la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras y la inversión necesaria.

¿Es un castigo para los ciudadanos vivir entre presupuestos prorrogados y promesas incumplidas, o es directamente un crimen consecuencia de la incapacidad para alcanzar acuerdos de un gobierno solo preocupado por permanecer una semana más en el machito?

Yoli en el diván de Pedro

27/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Lo suyo es ubicuidad administrativa en concomitancia con insolente desfachatez, más conocido como cara de pedernal”

 

—Buenos días, doña Yolanda. Siéntese… si puede.

—¿Cómo que si puedo? ¡Eso es una obscenidad!

—No, no, no. En ese caso, tiéndase mejor.

—Yo me voy. Esto es un acoso de libro.

—No, no, no. Serénese. Soy un profesional. Es que me ha dicho don Pedro que últimamente está usted en todas partes.

—Naturalmente. Soy vicepresidenta, ministra, líder de Sumar, portavoz de la coalición y conciencia crítica del Gobierno.

—¿Todo a la vez?

—Por supuesto y, si hace falta, en dos o tres sitios alamismavé, como decía don Manuel, que en paz descanse.

—Ah. Entonces su jefe no exageraba cuando me habló de su don de la ubicuidad.

—¿Mi qué?

—Su capacidad para estar simultáneamente dentro del Gobierno, fuera del Gobierno, contra el Gobierno y reclamándole cosas al Gobierno.

—No, no me refiero a eso. Ha dicho “su jefe” y, yo, el único jefe que tengo es el pobo galego. Y no es ubicuidad. Es capacidad de coordinación política. Soy mujer y puedo hacer más de dos cosas a la vez.

—Claro… coordinación política… ¡ya! Ese fenómeno por el que una persona puede ocupar un ministerio y, cinco minutos después, manifestarse contra el ministerio que ocupa.

—Yo no me manifiesto contra mí misma.

—Eso es lo que diría alguien que acaba de convocar una protesta, entre otras cosas menos entendibles, contra la precariedad laboral.

—Mire, yo estoy perfectamente. El problema lo tiene el Gobierno.

—¿Qué Gobierno?

—El Gobierno.

—¿El Gobierno del que usted forma parte?

—Sí.

—¿Como vicepresidenta?

—Sí, aunque ya menos.

—¿Y ministra de Trabajo?

—También. Y de Economía Social, no lo olvide.

—¿Y líder de una formación que reclama medidas al Gobierno?

—Exactamente.

—Fascinante. Está usted dentro del Gobierno con una parte de su personalidad y fuera con la otra.

—Eso se llama pluralidad y no renunciar a ningún papel.

—En psiquiatría política lo llamamos “ajomari” y en psiquiatría clínica bilocación.

—Pedro me ha recomendado venir porque él tampoco entiende la dinámica de la izquierda.

—¿Qué le ha dicho exactamente?

—Que si hay que ir contra el Gobierno, vamos contra el Gobierno.

—¿Y usted aceptó?

—Por supuesto.

—¿Y contra qué Gobierno?

—Contra el de Pedro.

—¿Y usted dónde está?

—En el Gobierno.

—¿Y Sumar?

—En el Gobierno.

—¿Y su despacho?

—En el Gobierno.

—¿Y su sueldo?

—También.

—Entonces, tranquila, lo suyo no es bilocación. Simplemente, tiene usted un don extraordinario: puede estar en el Gobierno y protestar contra él sin moverse del sitio, todo ello por la pasta.

—Eso es un insulto. Es eficiencia institucional.

—Lo suyo es ubicuidad administrativa en concomitancia con insolente desfachatez, más conocido como cara de pedernal. Usted no necesita desplazarse: le basta con cambiar de comunicado a su conveniencia.

—No me gusta el tonito, ni esa calificación.

—No es una calificación. Alégrese. Es un diagnóstico y no necesita medicación, solo vergüenza.

—Mucho mejor entonces.

—Vamos a otro asunto. Después del desahucio de Maricarmen, desde Sumar se reclamaron públicamente soluciones al PSOE y al Gobierno.

—Porque había que actuar.

—Naturalmente. ¿Y quién gobierna?

—El Gobierno.

—¿Y quién forma parte del Gobierno?

—El PSOE.

—¿Y quién más?

—Bueno, Sumar también.

—¿Y quién reclamaba medidas?

—Sumar.

—¿Y quién podía aprobarlas?

—El Gobierno.

—¿Y quién estaba dentro del Gobierno?

—Sumar.

—Yolanda, acaba de completar usted un círculo perfecto.

—¿Qué círculo?

—El de pedirle al Gobierno que haga algo mientras usted, desde el Gobierno, espera que el Gobierno se lo pida a usted.

—Eso es una interpretación maliciosa.

—No, es una reunión del Consejo de Ministros vista desde fuera.

—En el Consejo de Ministros nos sentamos alrededor de una mesa.

—¿Y quién está enfrente?

—El PSOE.

—¿Y quién está a su lado?

—Sumar.

—¿Y quién está en medio?

—Pedro.

—¿Y usted dónde está?

—En todas partes.

—No me joda. Acabo de descartar la ubicuidad como mal grave.

—También estoy en la mesa, en la rueda de prensa, en el comunicado y en la crítica posterior.

—¿Y en la solución?

—¿Solución para qué?

—Por ejemplo, para acabar con las maricarmenes en España.

—Las ministras de Sumar hemos reclamado medidas porque la situación de Maricarmen era inaceptable.

—Eso es perfectamente comprensible.

—Entonces, ¿por qué me mira así?

—Porque me pregunto si ellas también poseen el don de la ubicuidad aunque don Pedro no me las haya enviado.

—¿Por qué?

—Porque, igual que usted, aparecen simultáneamente como ministras del Gobierno y como reclamantes ante el Gobierno.

—Lógico. Quieren soluciones.

—Podrían haberlas solicitado en el Consejo de Ministros.

—Lo hicieron.

—¿Y qué pasó?

—Que el Gobierno no nos echa cuenta.

—¡Otra vez! ¿Y quién era el Gobierno en esa sala?

—Nosotras.

—¿Y quién esperaba la respuesta?

—También nosotras.

—Esto ya no es terapia individual. Es una serie de ciencia ficción.

—¿Podría ser más respetuoso?

—Lo intento, pero cada vez que usted habla aparece en otra institución.

—¿Qué deberíamos hacer, entonces?

—Una terapia sencilla: en la próxima reunión, antes de exigir al Gobierno que actúe, compruebe si usted está en la sala.

—¿Y si estoy?

—Pregúntese quién es.

—¿Y si soy yo?

—Si está a gusto, relájese y no anuncie que convocará una manifestación contra el Gobierno de usted.

—¿Y si no me gustan los acuerdos que se adopten?

—Entonces pueden dimitir y salir a la calle a protestar contra el Gobierno.

—¡Eso y nos vamos todos al INEM que tan bien dirijo! Eso sería absurdo. Para eso, mejor acepto el puesto de máxima responsable de la OIT, por el que me embolsaré TRESCIENTOS MIL EUROS ANUALES, aparte falcons, chóferes oficiales, residencia de gañote, etc.

—Por fin coincidimos.

—Doctor, creo que Pedro tenía razón al mandarme aquí.

—¿Ve? Primer síntoma de recuperación.

—¿Cuál?

—Ha empezado a hablar de don Pedro en tercera persona.

—¿Y eso qué significa?

—Que todavía no ha asumido que cuando Pedro dice “el Gobierno”, también está hablando de usted.

—Doctor…

—¿Sí?

—¿Cuánto cuesta la sesión?

—Para usted, nada.

—¿Por qué?

—Porque la paga el Gobierno.

—¡Perfecto!

—Aunque, técnicamente, la paga usted, mejor dicho, el resto de españoles.

—¿Yo?

—Sí, el contribuyente, usted, el Gobierno, la vicepresidenta, la ministra, Sumar y hasta la oposición interna.

—¿Todo eso soy yo?

—No exactamente.

—¿Entonces?

—Tranquila, no posee un don de la ubicuidad. Está usted en todas partes… menos en la ventanilla de pagos.

—Nos vemos el martes.

—¿Otra vez?

—Sí. Es el Consejo de Ministros.

—¿Y vendrá sola?

—No

—¿Con las ministras?

—No, con todo el Gobierno.

—Perfecto. Prepararé la sala grande.

—¿Para una terapia de grupo?

—No. Para una reunión de carad…, digo del Gobierno.

—¿Y quién la preside?

—¡Qué más da! El que la tenga más dura. Cualquiera de los veintitrés.

La memoria selectiva del perro andaluz

 

24/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“No se puede criminalizar a todo el que discrepa de una determinada visión de la historia, ni presentar como cómplice de un asesinato a quien comparte ciertas ideas políticas”

 

Hay frases que suenan tan rotundas que parecen no admitir ninguna discusión.

“Querido amigo pepero… No se puede ser amigo de Blas Infante y de sus asesinos. No se puede ser amigo de Lorca y de los que le pegaron un tiro”.

Si esa es la reflexión de Manu Sánchez, el perro andaluz, merece una respuesta que vaya más allá del eslogan. Porque la cuestión no es si debemos condenar el asesinato de Federico García Lorca. Lo que, con estos obstinados, no merece ni respuesta. La cuestión es si ese principio moral se aplica a todos por igual o si, en la política o en la farándula, lo mismo da, existen víctimas cuya memoria incomoda más que otras.

Los responsables directos de los asesinatos de Lorca y de Blas Infante pertenecen a una época histórica distinta y parecía que superada. Por tanto, cuando en 2026 el cuentista de Dos Hermanas habla de “ser amigos de sus asesinos”, debería precisar. ¿Se refiere a quienes -si los hubiera- justifican aquellos crímenes, o a quienes discrepan de “su” interpretación de la historia?

Con esta gente, resulta conmovedor tener que explicar lo obvio: discrepar de las ideas de Lorca no convierte a nadie en cómplice de su asesinato, del mismo modo que defender una determinada ideología no convierte automáticamente a una persona en responsable de los crímenes cometidos en su nombre (ejemplo: 100 millones frente a 20 marca a esta hora el marcador del macabro derbi de crímenes a consecuencia del comunismo y del nazismo). Si confundimos esas categorías de manera consciente, no estamos haciendo un juicio moral sobre los hechos, y sí estamos utilizando la historia como actual instrumento de descalificación política.

Puestos a ser bondadosos, aceptemos la premisa del titiritero a sueldo de Sánchez con dinero de todos los españoles y llevémosla hasta sus últimas consecuencias. Si no se puede ser amigo de Lorca y amigo de sus asesinos, ¿se puede ser amigo de Miguel Ángel Blanco y amigo de sus asesinos? Más, teniendo en cuenta que en este caso no han transcurrido tres generaciones y media, todo lo contrario: los interlocutores del gobierno siguen siendo al día de hoy amigos bien avenidos de criminales que dejaron de matar hace 15 años, a los que se les está aplicando, sin requerirles arrepentimiento previo, urgentes y desproporcionadas progresiones al tercer grado por una consejera socialista del País Vasco.

A falta de su enseñanza en las escuelas, parece mentira que tengamos que recordar casi 30 años después que Miguel Ángel Blanco fue un concejal del Partido Popular en Ermua (Vizcaya) al que ETA secuestró y asesinó en julio de 1997, después de someter a toda España a una angustiosa cuenta atrás, cronómetro en mano. Su muerte conmocionó a España y convirtió su nombre en símbolo de la resistencia cívica frente al terrorismo. No era una víctima franquista ni una figura del imaginario de la izquierda: era un representante público elegido democráticamente, asesinado por una organización terrorista que pretendía imponer sus objetivos mediante la violencia.

ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011, bajo la presidencia de Zapatero y se disolvió en 2018, días antes del abandono de Rajoy de La Moncloa, moción de censura mediante. Pero eso no borra sus crímenes, ni convierte en irrelevante la responsabilidad política (y criminal) de quienes justificaron y justifican la violencia, ni de quienes, prometiendo en campaña que nunca negociarían con sus herederos, lo hicieran al día siguiente. Tampoco significa que ese acuerdo con una formación vinculada a una banda terrorista equivalga a una complicidad con ella, aunque se le parezca mucho. En todo caso, lo que sí permite es formular preguntas legítimas sobre esos pactos en la penumbra o directamente desconocidos, o sobre las no exigencias de condena del terrorismo y del tratamiento digno de las víctimas a los de un lado, que culminan con el ascenso al poder de los del otro.

No se puede condenar a unos asesinos y blanquear a otros, ni convertir a las víctimas en propiedad exclusiva de una ideología. La coherencia moral, ética y no partidista se demuestra cuando se aplica también a los propios aliados.

En definitiva, Manu Sánchez tiene todo el derecho a reivindicar a Lorca y a denunciar la complicidad moral con sus asesinos. Conniventes que, por otra parte, no logro identificar. Lo que cabe exigirle, como a cualquier figura pública que interviene en el debate político, es que explique dónde sitúa los límites de esa afirmación y si los aplica con la misma firmeza cuando la víctima se llama Miguel Ángel Blanco aunque el vasco no haya desplegado el arte y la maestría necesarios para crear un Romancero gitano II.

No se puede criminalizar a todo el que discrepa de una determinada visión de la historia, ni presentar como cómplice de un asesinato a quien comparte ciertas ideas políticas. Pero tampoco se puede pedir indulgencia para quienes justificaron el terrorismo mientras se exige una condena sin fisuras a los responsables de otros crímenes.

La historia no pertenece a una sigla. Lorca no pertenece en exclusiva a la izquierda; Blas Infante no es patrimonio de quienes invocan su nombre en campaña; Miguel Ángel Blanco no puede quedar reducido a un símbolo incómodo para quienes necesitan los votos de determinados socios, bien golpistas, bien filoterroristas.

Las víctimas merecen memoria, respeto y justicia, no una utilización partidista que seleccione qué sufrimiento conviene recordar y cuál resulta más práctico silenciar.

No se puede ser amigo de los asesinos, ni justificar sus crímenes, vengan de donde vengan. Y tampoco se puede exigir coherencia a los demás sin estar dispuesto a practicarla.

Esa debería ser la regla. Para Lorca. Para Blas Infante. Para Miguel Ángel Blanco. Para todas las víctimas. Y también para quienes, desde una tribuna pública, pretenden decirle a la audiencia que le paga quién merece su memoria y quién no.

Manu, artista: frente a una indecente postura frentepopulista y próxima a la lisonja del guerracivilismo, 90 años después y seguramente con más integridad, podría responderte:

“Querido amigo susialista… No se puede ser amigo de Miguel Ángel Blanco y de sus asesinos. No se puede ser amigo de un concejal y de los que le pegaron dos tiros”.

Prefiero distinguirte con dos expresiones muy características del habla andaluza que te vienen de puta madre: bienpagao y agradaó. Ambas reflejan la riqueza de nuestro lenguaje, donde el humor, la ironía y la personalidad siguen teniendo un papel importante. Lo que, por otro lado, tu arte sabía expresar de forma genial cuando no ejercías de bienpagao y agradaó, precisamente.