07/11/26. Mi
colaboración de ayer en Sevillainfo
“Y, conocida la
historia de nuestra izquierda, aparece un interrogante que no debería tener
cabida en una democracia consolidada del siglo XXI: ¿aceptarán esta vez el
resultado de las urnas?”
La democracia no consiste únicamente en
contar votos. Sí, principalmente en respetar al que piensa diferente, aceptar
la alternancia política y preservar la convivencia. Y hoy hay algo que preocupa
tanto o más como la confrontación entre partidos: el deterioro de los afectos y
la ruptura de relaciones entre los propios españoles.
En los 48 años transcurridos desde la
aprobación de nuestra Constitución, nunca había percibido con tanta
preocupación un cambio en las relaciones personales entre ciudadanos de
distintas sensibilidades políticas. Durante décadas, la cordialidad entre amigos
de diferentes pareceres era lo que primaba. Se podía discutir de política,
discrepar apasionadamente e incluso mantener posiciones radicalmente opuestas,
pero la amistad estaba por encima de las diferencias ideológicas.
Hoy, sin embargo, tengo la sensación de
que algo fundamental está cambiando: pareciera que el desafío empieza a estar
por delante del apego; que la discrepancia política se convierte en motivo de
distanciamiento y que el adversario ideológico deja de ser alguien con quien
debatir para convertirse en alguien a quien rechazar. Es una transformación
preocupante. Y no deberíamos asumirlo.
La historia de España contiene episodios
que convendría recordar para no repetirlos, especialmente cuando la tensión
política vuelve a ocupar el centro de nuestra vida pública: Baste recordar que
en las elecciones generales de noviembre de 1933, la CEDA, encabezada por José
María Gil-Robles, obtuvo el mayor número de escaños. Sin embargo, inicialmente
quedó fuera del Gobierno que presidió Alejandro Lerroux del Partido Republicano
Radical.
En octubre de 1934, tres ministros del
partido ganador un año antes, se incorporaron al Ejecutivo. Era una decisión
adoptada dentro de la más absoluta legalidad y respondía a los mínimos de la aritmética
parlamentaria, ésa que en España solo pudo, puede y podrá practicar el PSOE
con sus aliados de toda calaña.
Y, aquel PSOE, que por entonces cumplía
55 añitos, bajo el liderazgo de Largo Caballero -el Lenin español-, celebró
la llegada del nuevo gobierno convocando una huelga general (al menos no
preventiva, en comparación con la anunciada para el miércoles que viene) con el
loable propósito de culminar, mediante una insurrección
revolucionaria, una rebelión armada en distintos puntos de España que tuvo
su culmen en Asturias, donde adquirió dimensiones extraordinariamente violentas
y que hubo de ser
reprimida, entre otros, por el capitán Rodríguez Lozano, abuelo de Zapatero. El balance fue
trágico: alrededor de 1.500 muertos, miles de heridos, detenciones y una
profunda fractura social.
La cuestión histórica que merece
reflexión no es que existieran discrepancias ideológicas entre izquierda y
derecha. Es que una importante parte de la izquierda optó por la insurrección
armada ante la incorporación de la fuerza más votada al Gobierno.
Queriendo salvar las distancias, aunque
con dificultades, observamos que la izquierda de hoy, en homenaje a aquella, ya
anuncia que “no va a haber
paz en las calles”
(Manuela Bergerot, Mas Madrid o Frente Amplio, cualquiera sabe), o que nos
dirigimos a “cuatro años de
protestas en la calle” si los votantes del 29-N se equivocan” (Óscar Puente, PSOE o ex, cualquiera sabe), o,
en fin, que “el poder está
en las calles y es el camino para ganar a las (ultras) derechas” (Pablo
Iglesias, Podemos o Irene, cualquiera sabe…).
No se trata de establecer equivalencias
automáticas entre aquella España y la actual, aunque los paralelismos sean
evidentes. ¡Claro que las circunstancias históricas son muy diferentes!, pero
sí existe una lección que sigue teniendo vigencia a pesar de los que solo
entienden, como el citado Lenin español, tras ser condenado y amnistiado
(¿les suena?), que “la clase obrera
debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es
incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de
entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Y esa lección
no es otra que ninguna fuerza política debería considerar ilegítimo que sus
adversarios alcancen el Gobierno cuando lo hacen respetando las reglas
democráticas.
Y tras una guerra buscada y perdida,
seguida de una dictadura de cuarenta años, la Transición española fue posible
porque, después de tantas décadas de enfrentamiento, los españoles
comprendieron que la convivencia exigía generosidad, renuncias y respeto al
adversario. Para ello, la izquierda y la derecha mantuvieron profundas
diferencias, pero asumieron una regla esencial: “el otro” tenía el mismo
derecho a participar en la vida política y a gobernar si conseguía los apoyos
necesarios.
Ese espíritu, con sus imperfecciones,
hizo posible nuestra democracia constitucional, con un espíritu de convivencia
por el que muchos apenabas daban un duro.
Todo marchaba según lo acordado. Sin
embargo, aquel entendimiento comenzó a deteriorarse con el Pacto del Tinel, un
acuerdo político firmado el 14 de diciembre de 2003 entre Pasqual Maragall, del
PSC, candidato a presidir la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, de ERC y
Joan Saura, de ICV-EUiA. El documento incluía un compromiso de los partidos
firmantes para no establecer acuerdos estables de gobernabilidad con el PP, no
solo en Cataluña, sino también en las instituciones estatales. ¿Y quién gobernaba
en España alamismavé que tutelaba el partido de los socialistas
catalanes? Un tal Rodríguez Zapatero, entonces tan famoso por sectario y
divisionista, como hoy por la sucursal de Tiffany montada frente a la sede
socialista de Ferraz, en unas oficinas propiedad del partido.
Ya con Pedro Sánchez, aquella fractura
ha adquirido una dimensión impensable hace una década: Para mantenerse en el
poder, el sádico monclovita ha necesitado construir mayorías parlamentarias con
formaciones de extrema izquierda, independentistas y EH Bildu, formación en
cuyo entorno se encuentran, además de antiguos integrantes de la izquierda
abertzale, dirigentes procedentes de organizaciones vinculadas a ETA o, directamente, de
la propia banda terrorista.
Y todo ello, con el empeño de blanquear
lo que representa ese pasado. ETA asesinó a 853 personas, según las cifras del
Ministerio del Interior, y dejó miles de heridos, familias destrozadas y una
sociedad marcada por décadas de terrorismo.
Que EH Bildu participe en la política
democrática es una realidad del sistema parlamentario. Pero igual de legítimo
es exigir a sus representantes una condena inequívoca del terrorismo que no
acaba de producirse y el respeto a la memoria de las víctimas que, en su caso,
sigue tirado por el suelo.
Del mismo modo, los pactos con partidos
independentistas son constitucionalmente posibles, pero deberían someterse al
debate público y a la exigencia de que las instituciones y la unidad
constitucional de España fueran respetadas por encima de ellos, lo que está
lejos de ocurrir.
El problema de fondo no es que existan
pactos. Pactar forma parte de la democracia parlamentaria. El problema
aparece cuando se pretende convertir determinadas alianzas en legítimas por
definición y, al mismo tiempo, deslegitimar cualquier mayoría alternativa
simplemente porque quiénes la integran son los otros, naturalmente “los malos”.
Los españoles de la piel de toro (y los recolectados
al otro lado del Atlántico por la mal llamada ley de nietos) afrontamos
el próximo 29 de noviembre una nueva cita electoral que puede marcar un cambio
de ciclo político. La posibilidad de que PP y VOX sumen los apoyos necesarios
para formar un Gobierno ha provocado ya una intensa confrontación política. Y,
conocida la historia de nuestra izquierda, aparece un interrogante que no
debería tener cabida en una democracia consolidada del siglo XXI: ¿aceptarán esta
vez el resultado de las urnas?
Quienes pierdan tendrán todo el derecho
a criticar, fiscalizar y oponerse al Gobierno que resulte de las urnas. Lo que
no tendrán es el derecho a desconocer la voluntad popular, amenazar con la
violencia o pretender que su derrota invalide el resultado.
Porque es perfectamente legítimo
manifestarse contra un Gobierno, criticar sus decisiones y expresar desacuerdo
con sus políticas. Es incluso saludable que exista una oposición firme, pero
una cosa es la protesta democrática y otra muy distinta cuestionar de antemano
la legitimidad de un resultado electoral o insinuar que la violencia es una
respuesta aceptable si vence la otra opción política.
No hay democracia a la carta y la
historia de 1934 no debe utilizarse para establecer equivalencias automáticas
con la España actual. Las circunstancias, las instituciones y el contexto
histórico son distintos. Pero sí sirve para recordar, 92 años después, adónde
puede conducir la intolerancia política cuando se sustituye el respeto al voto
por la imposición antidemocrática de una determinada visión ideológica.
España ya ha pagado un precio demasiado
alto por sus enfrentamientos y sus divisiones.
Que nadie olvide que las urnas son el
único camino legítimo para alcanzar el poder y que su resultado debe ser
respetado por todos, especialmente por quienes no han conseguido ganarlas.
Parece obvio. Pues para “ellos” no, en absoluto. Y esta reflexión en modo de “regreso al futuro” aquí queda para, por desgracia, empezar a confirmarse en menos de un mes.
