Hemos sabido que, a una semana vista de las últimas elecciones municipales, el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el Sevilla FC pactaron un convenio de colaboración que hubiera permitido al club compensar la deuda tributaria por el impago de impuestos -tanto en fase de pago voluntario como en periodo ejecutivo- con la compra de entradas de partidos de Primera División por parte del Ayuntamiento por un importe de un millón de euros al año. Asimismo, al equipo menor de la ciudad, cuya deuda actual es pareja y superior a los dos millones de euros, se le habría ofrecido un convenio similar.
Sensatamente, en aplicación de la legalidad, la Intervención municipal parece que no comulgó con la idea y consideró que la compensación de la deuda tributaria de los clubes de fútbol debería instituirse sobre parámetros más sólidos, que dejaran entrever un interés social para la ciudad más allá del simple reparto de entradas gratuitas.
La llegada a la Alcaldía del popular Juan Ignacio Zoido paralizó la operación, al tiempo que se retomaban las negociaciones con la intención de conseguir un acuerdo que reporte mayores beneficios a la ciudad, entre ellos, parece ser, la disputa de encuentros en el estadio de la Cartuja -otro asunto para el futuro debate-.
Nos duela más o menos –a los seguidores del Sevilla FC en este caso-, nos beneficie más o menos, he aquí la realidad de dos formas de hacer política: una, desde la óptica del “todo es posible si nos ponemos de acuerdo” y otra, desde la respetable posición de defensa de los derechos de todos y del máximo respeto a las normas que regulan las relaciones de las administraciones con sus clientes, los ciudadanos.
No obstante ello, una medida como la ahora pretendida, aunque mejore en términos legales y morales a la pretendida en los estertores del extinto gobierno socialista, sigue siendo tremendamente injusta e insuficiente, además de incompatible con el sacrosanto derecho de igualdad ante la Ley.
Todos tenemos el derecho y el deber de contribuir con la Hacienda y los clubes de fútbol no son una excepción. Es por ello que ese necesario entendimiento debiera originarse a través del mutuo reconocimiento de la universalidad de los impuestos combinado con la firma de contratos, públicos o privados, de patrocinio, de imagen, o de cualesquiera otras modalidades, con luz y taquígrafos.
De ese modo los clubes abonarían fielmente sus impuestos, como es su obligación, al tiempo que la municipalidad liquidaría a los clubes, a través de los citados contratos, el valor añadido que a la ciudad le reporte la participación de sus principales clubes por los campos de España y, sobretodo, por lo estadios de Europa y del resto del mundo.
Así, todo ello se concebiría en base a una valoración, a un baremo preestablecido, que, al cierre de cada ejercicio económico, habría de liquidarse entre las partes, ingresando o recibiendo del Tesoro, en este caso los clubes, el resultado de la previa y pactada liquidación.
