miércoles, 8 de julio de 2015

Jodida ley mordaza



08/07/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal


Acabo de recibir un mail de “mi amigo” Chuli. Me permito compartir con ustedes algunos párrafos:
“… Mañana se cumple una semana de la entrada en vigor de la repugnante Ley Mordaza, llamada Ley de Seguridad Ciudadana por la casta pepera y sus correveidiles navarros de UPN que fueron los únicos en apoyarla.
Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre ella, principalmente, y como siempre, por los que ni siquiera se la han leído: esa derechona infame que pretende coartarnos reduciendo los escasos ámbitos de independencia y de soberanía que nos van dejando.
Su aplicación supone un nuevo ataque contra los derechos fundamentales y un recorte de libertades nunca visto en cualquier sociedad que se llame a sí misma democrática.
…/…
El pasado miércoles, primero de mes, día de estreno de esta mugrienta norma corrupta, inmunda, liberal y capitalista, junto a un selecto grupo de nuestros colegas -no más de cinco- impedí la celebración de la misa de ocho en la parroquia del barrio, llenita a rebosar de meapilas y viejas impenitentes, como bien conoces. Pues resulta que la sanción por este simple acto de libertad de expresión, según el hideputa de Fernández Díaz, asciende a 600 euros por ser la primera vez.
Cuando me lo dijo Juanma no daba crédito. Así que no dudé en ilustrarme, como hacemos siempre la gente seria. Me fui al BOE y, efectivamente: 600 por ser la primera vez, pero puede llegar, como falta grave que la considera el artículo 36, hasta los 30.000 euros. Y no solo eso, resulta que si le niego mi identificación a las autoridades policiales, otros 600. Además, me castigarían con otros 100 del ala cuando -¡es la puta verdad!- les confesara que no podía entregarle la documentación porque la perdí y no denuncié su extravío y con otros 100 si los mamones comprueban que es la tercera vez que la pierdo en un año. ¡Una injusticia! Si, para colmo, me detienen y descubren la “pipa” -legal, que conste- que llevo siempre en los calcetines, otros 600 euros. ¡Esto es un sinvivir!
Si no te lo crees, échale un vistazo a la Sección 2ª de la ley, donde se establecen las infracciones y sanciones que copio y pego como anexo al final: 4 muy graves, 23 graves y 17 leves que te lees en un pis-pas.
…/…
¡Una putada de las gordas! Para que te hagas una idea: ¿te acuerdas cuando nos infiltramos con los coleguis del 15M en una manifestación de fachas provida a las puertas de la Delegación del Gobierno, que acabamos reventando a hostia limpia? Pues, por eso, otros 600 euros, a los que habría que añadir otra suma igual porque la pasma ni apareció gracias a las barricadas que montamos en la calle, más otros 600 porque también impedimos el paso de las ambulancias que iban a atender a los antiabortistas a los que le dimos fuerte y flojo. Ésta es la jodida ley que se han sacado de la manga estos cabritos y que nos hace retroceder a los peores años de la Dictadura.
Ahora resulta que tampoco podemos celebrar nuestras hazañas como bien se merecen, pues han previsto otra multa de 600 tacos para el que traslade a otros, en cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitarles el acceso al chute. Tampoco podré continuar con el cultivo de la mejor maría que se cría en el patio de mi casa y que tú sabes apreciar como pocos (otros 600 euros, ¡serán estúpidos: no tienen ni idea del coste del costo!). ¿Sabes cuánto te sacan por consumir en lugares públicos o dejar tiradas las jeringuillas en el suelo? Correcto, otros 600. Los mismos que por usar el uniforme verde y el tricornio de tu hermano para confundirte entre los maderos. ¡Hay que joderse!
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Y es que te coartan la libertad de expresión, de circulación… de todo. ¿Recuerdas cuando nos pusieron aquel autobús tela de guapo para ir a manifestarnos a Madrid? Pues no te lo pierdas: la paradita que, en solidaridad con el pueblo extremeño, hicimos en Almaraz para mostrar nuestra repulsa a las nucleares del carajo y tras la que, con dos huevos, nos colamos en la central, nos hubiera costado ahora 30.000 euros. Y eso si no nos descubrían las mochilas repletas de explosivos caseros lo que, en su caso, duplicaría el importe de la sanción.
Parece que fue ayer: a mediodía estábamos ya en la capital y lo primero que hicimos fue impedir a la autoridad judicial -en el ejercicio legítimo de sus funciones, decían los cabrones- el desahucio de una familia que hacía dos años que había dejado de pagar la renta a una viuda capitalista que no tenía bastante para vivir con los 700 euros de pensión, sino que exprimía a esos desgraciados los 500 euros que le hacían falta para comer. Aquel acto pleno de solidaridad nos hubiera supuesto hoy otros 600 pavos. Ya por la tarde  nos reunimos en Neptuno y enfilamos la Carrera de San Jerónimo donde, con unos simples palos y algunas tuercas como armas, exigimos la verdadera democracia y no el simulacro que nos trajeron en el 78. Pues bien, hoy esa reivindicación de libertades nos hubiera costado los consabidos 600 pavos. Por cierto, por aquello de no perderle el cariño a esa mierda de cifra, acabo de retirar de Youtube los vídeos de aquel día en los que filmé a los maderos dando caña a diestro y siniestro. A partir de ahora me tendré que conformar con llevarlos a la comisaría y presentar la oportuna denuncia.
Lo que peor llevo es que ya no podremos desfogarnos como aquella noche, unos en los jardines de El Prado, otros en la Glorieta de Atocha, pues ahora resulta que -toma nota- te sacan otros 600 euros por (copio y pego) ‘la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial’. ¡Ya ni de putas se puede ir tranquilo! Si te trincan y echas cuentas, ¿por cuánto te sale el polvo?
…/…
¡Ah!, otra cosa: desde ya tendremos que repensarnos el cachondeo semanal del puente de la autovía. No te lo creerás: otros 30.000 euros por la simple diversión de deslumbrar a los conductores.
Y menos mal que somos unos simples curritos, que ni somos empresarios, ni tenemos avión, ni lancha, ni yate, porque, por ejemplo, celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad, por razones de seguridad pública, está castigado con multas entre 30.001 y 600.000 euros, lo mismo que fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
Lo dicho: ¡una putada de las gordas para la gente decente que no podemos permitir de ninguna de las maneras! ¡Como siempre, cuento contigo para la lucha!
Un abrazo del Chuli.”

Aclaración final: no tengo ningún amigo que se llame así. Parece claro que el correo tenía otro destinatario; no obstante, aún incumpliendo las leyes que protegen el secreto de las comunicaciones, me he atrevido a publicarlo. ¡Total, aquí nunca pasa nada!
Por cierto, leo y releo las entrañas de la “Ley Mordaza” que, amablemente, me ha enviado “mi amigo” y constato… que no me afecta. ¡Claro que yo soy un tío muy raro!

ANEXO
Sección 2ª de la ley: Infracciones y sanciones:
Artículo 34. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones tipificadas en esta Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 35. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.
2. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves.
3. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
Artículo 36. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.
3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.
7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
8. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal.
9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
10. Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal.
11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.
12. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
13. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal.
15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7.
16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.
17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito.
18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal.
19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.
20. La carencia de los registros previstos en esta Ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
21. La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya infracción penal.
22. El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Artículo 37. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.
2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave.
3. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos.
4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
5. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal.
6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.
8. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de la misma.
9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana, incluyendo la alegación de datos o circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos establecidos, siempre que no constituya infracción penal.
10. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío.
11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
12. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado su retirada o retención.
13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal.
14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.
16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Artículo 39. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2, los tramos correspondientes a los grados máximo, medio y mínimo de las multas previstas por la comisión de infracciones graves y muy graves serán los siguientes:
a) Para las infracciones muy graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 30.001 a 220.000 euros; el grado medio, de 220.001 a 410.000 euros, y el grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros.
b) Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros.
2. La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción:
a) La retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.
b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta, salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de dicha infracción que los haya adquirido legalmente. Cuando los instrumentos o efectos sean de lícito comercio y su valor no guarde relación con la naturaleza o gravedad de la infracción, el órgano competente para imponer la sanción que proceda podrá no acordar el comiso o acordarlo parcialmente.
c) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses para las infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.
d) La clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.

miércoles, 1 de julio de 2015

Prisas desaforadas y diligencia 3.0



01/07/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal


Casi una semana después, se habla y no se para del Auto del pasado 24 de junio del Magistrado de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, señor Barreiro; en especial sobre los Fundamentos de Derecho y la Parte Dispositiva, cuyos enunciados y términos más significativos se transcriben en anexo final a este artículo, en un intento espero que no baldío de que todos puedan conocer en cuatro líneas la urdimbre y la trama de una instrucción, la que afecta a la cúpula de los ERE, que acumula a estas alturas decenas de miles de folios.

Lo fundamental a mi entender es que se ha transitado de puntillas sobre lo fundamental del procedimiento. Así, llama poderosamente la atención el único punto de los Antecedentes de Hecho que describe escrupulosamente a un aforado desaforadamente expeditivo en sus decisiones. Dice textualmente el auto:

“El pasado 15 de junio el imputado [¡ah, resulta que lo era!] José Antonio Griñán Martínez [obsérvese la ausencia de la dignidad del cargo, ni tan siquiera del don propio del tratamiento de respeto] renunció a su derecho a seguir ostentando el mandato de Senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante escrito presentado en el Parlamento Andaluz. Y al día siguiente se ha dictado un acuerdo de la Mesa del Senado por el que se da por perdida la condición de Senador del referido imputado [¿queda claro?].

Su defensa ha presentado un escrito ante esta Sala el 17 de junio en el que postula que se declare la falta de competencia con efectos de 15 de junio de 2015 de este Tribunal para instruir los hechos que se le atribuyen al exsenador, por haber perdido la condición de aforado, con lo que entraría a conocer de los hechos el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla”.

Resulta, pues, que el 15 de junio, lunes, Griñán presenta su renuncia como senador en representación de la Comunidad Autónoma en el Parlamento Andaluz; al día siguiente, martes, el Senado no solo recibe la renuncia enviada por la cámara andaluza, sino que la Mesa de la Cámara Alta dicta un acuerdo por el que le reconoce la pérdida de la condición de senador y la pone en sus manos para, finalmente, el miércoles, solicitar al Tribunal Supremo, a través de su abogado, que se declare incompetente (con efectos de dos días antes) para conocer de los hechos que se le atribuyen, lo que comportaría que la juez Alaya prosiguiera la instrucción contra él como si de un vulgar mortal se tratara.

En tres días, en lo que va de un lunes a un miércoles, tres administraciones distintas, dos poderes diferentes y un solo designio verdadero se dieron cita conjugada y coordinadamente para alcanzar el propósito perseguido: la anhelada huida del Supremo por el que se suspiró antaño para ponerse en manos inopinadamente de Bolaños que no de Alaya como -todo apunta- se dispondría en cuanto el expresidente cruzara de nuevo Despeñaperros, en esta ocasión hacia el sur.

A la vista de los acontecimientos parece que, por fin, disfrutáramos de una Administración Electrónica digna de la Tercera Modernización, superada con creces la Segunda que tantos frutos reportó… a sus mentores.

Hasta para los más lerdos queda al descubierto la burda maniobra: parece claro que gargantas profundas del Supremo han hecho trascender que las cosas pintaban mal por allí y que resultaría más ventajoso buscar amparo -por sus actos los/las conoceremos- en la nueva inquilina del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.

Pero el hombre propone y Dios dispone, o lo que es lo mismo, salvando las distancias y evitando la transgresión religiosa: Griñán diseña una jugada maestra y el juez Barreiro, en un auto elaborado y donde no da puntada sin hilo, acuerda mantener su competencia; medida que, por si no faltaba de nada, se ha visto reforzada por la decisión de otro de los imputados dos días después, pues Viera, o “ese señor” como ahora le llama estapresidenta, a la vista de que los suyos han decidido inmolarlo junto a Guerrero, se desmarca, no renuncia a su escaño, manda al PSOE a hacer gárgaras y se decanta por el amparo del Supremo.

Aunque, pensándolo bien, o mal, conociendo al personal: ¿formará todo este sainete parte de una estrategia común?


P.S.-


Preguntas: ¿Por qué 6.000 y no 15.000 o 3.000? ¿Por qué esas 6.000 y no otras con las mismas o superiores necesidades?

Reflexión: Igual sucede con los empleados de la administración paralela: ¿Por qué 30.000 y no 40.000 o 20.000? ¿Por qué esos 30.000 -si finalmente resultara ser el número- y no otros con las mismas o superiores capacidades?

Conclusión: Estas son las consecuencias de la discrecionalidad improvisada y de la arbitrariedad instituida.





ANEXO



Los ERE: 140.000 folios en un auto de 27 páginas resumido en dos

Aparte del trascendente único punto de los Antecedentes de Hecho, por lo curioso y apresurado de las decisiones que se enuncian, el auto subraya -para mantener la imputación a los responsables políticos de la Junta de Andalucía- los explícitos informes que les hizo llegar el Interventor General, pudiendo servir, entre otros, el de 25 de julio de 2005 que destacaba que las transferencias de financiación a través de modificaciones presupuestarias ilegales -sin cumplimiento de los requisitos legales y sin pasar los controles propios ni de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales- no constituían el mecanismo adecuado:

La figura procedente para materializar desde el punto de vista administrativo y presupuestario la concesión de las ayudas era la subvención excepcional reglada, y que al no ajustarse a la normativa propia de tales subvenciones, se estaba vulnerando el Título VIII de la Ley 5/1983 Genera de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pues se concedían realmente subvenciones excepcionales bajo la forma de transferencias de financiación, prescindiendo “de manera total y absoluta” del procedimiento establecido en el art. 107 de dicha Ley. Además… se había podido vulnerar el artículo 38 de esta Ley, al ser utilizados créditos que, por definición, habían sido aprobados para financiar la gestión ordinaria de la empresa y en cambio se estaban utilizando para financiar actuaciones de una subvención excepcional.

La relevancia del Procedimiento Administrativo: la elección por el gestor de una figura u otra no se reduce a una mera cuestión de forma, sino que es de fondo, pues aunque el correcto cumplimiento de las normas que disciplinan estos procedimientos administrativos, es por sí solo, argumento suficiente, hay más: los regímenes de fiscalización, justificación de la actuación y pago material son marcadamente distintos en estos procedimientos y especialmente rigurosos para la figura de la subvención excepcional, mientras que para la transferencia solo se exige para su fiscalización previa la resolución por órgano competente, un calendario de tesorería para el pago y su previsión en el PAIF de la empresa.

El régimen más laxo de fiscalización de las transferencias tiene sentido si su tramitación responde realmente a la finalidad para la cual han sido concebidas (y presupuestadas)… la utilización de esta figura para financiar actuaciones concretas, como las subvenciones excepcionales, da lugar a importantes deficiencias, provoca, por un lado disfunciones en la labor de control al impedir verificar de forma exhaustiva el correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas, y, por otro, facilita que se produzcan resultados contrarios a las normas de aplicación. Entre éstas la adopción de compromisos de obligaciones superando los límites de créditos presupuestarios… que en caso de seguirse la tramitación procedente (subvención), difícilmente se habrían producido”.

Este informe adicional, sí como el Definitivo de Cumplimiento del ejercicio 2003, fueron debidamente notificados, además de al Consejero de Innovación (Francisco Vallejo Serrano) y al de Empleo (Antonio Fernández García), al imputado José Antonio Griñán a través de la Viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, que lo recibió para su conocimiento y traslado al Consejero el 25 de julio, según dice expresamente la notificación.

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En estos informes… se advierte al Consejero de Economía y Hacienda no de meras “irregularidades” o “inadecuaciones” en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencias de financiación, sino de auténticas ilegalidades, pues no pueden catalogarse de otra forma las vulneraciones patentes de preceptos legales. José Antonio Griñán alegó en su defensa que no le fueron notificados, toda vez que la Viceconsejero Carmen Martínez Aguayo no le dio cuenta de los mismos, a pesar de que en las notificaciones figuraba el Consejero como destinatario final”.

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En efecto, resulta inverosímil que la persona de confianza del imputado, la Viceconsejera, reciba notificaciones de un contenido relevante durante varios años seguidos y no dé cuenta de ninguna de ellas al superior inmediato que la puso en un cargo de máxima confianza.

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El Interventor general manifestó que aunque no le constaba personalmente que el Consejero de Hacienda conociera el detalle del Informe… es impensable que el Consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros y posteriormente de 95, provocado por uno solo, el Director General de Trabajo; era absolutamente notorio para el responsable de los fondos de la Junta.

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Así pues, la versión del imputado de que la Viceconsejero no le dio cuenta de las graves admoniciones de la Intervención General carece de toda razonabilidad dentro de un desempeño mínimamente diligente de la alta función pública. Es más, el hecho de que el Consejero no reaccionara ante la supuesta ocultación de la Viceconsejero, sino que cuando llegó a Presidente de la Junta de Andalucía la nombrara Consejera de Economía y Hacienda, cargo en que la mantuvo cuando estalló judicialmente el tema de los ERE, es un dato a mayores de que la Viceconsejera actuó diligentemente en sus daciones de cuenta, y por ello fue mantenida en el cargo y ascendida incluso a Consejera, puesto que desempeñó hasta el año 2013, un año y medio más tarde que se incoara el procedimiento penal.

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El imputado alegó que, precisamente, atendiendo a esas memorias se adoptaron las medias pertinentes en diversos Acuerdos del Consejo de Gobierno. Sin embargo, la lectura de esos acuerdos denota que los consejeros respondían a las advertencias de la Intervención General con unas resoluciones en las que recogían extensas citas del contenido de las normas del Decreto 9/1999… pero sin que se dispusieran medidas concretas ante los problemas advertidos de forma reiterada año tras año con la utilización de las transferencias de financiación.

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A la hora de confeccionar el presupuesto… en algún momento tenía que aparecer que el IFA-IDEA tenía anualmente un superávit muy importante de ingresos… visto lo cual lo lógico sería que todos los años hubiera un importante remanente a reintegrar que no se cumplimentaba, por lo que en la Consejería de Economía y Hacienda tenían que ser conscientes de que ese remanente iba a parar a pagos a terceros que no eran otra cosa que la ejecución de las ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas, que quedaban sin fiscalizar tanto en la Dirección General de Trabajo como en la propia IFA-IDEA.

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Por todo lo que antecede, es claro que concurren datos indiciarios consistentes de que el imputado José Antonio Griñán, en contra de lo que manifestó al Instructor, conocía que las transferencias de financiación se estaban utilizando como sistema descontrolado e ilegal para la concesión de subvenciones.

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Pues no es solo que la falta de entrega por la Viceconsejera de los informes que se dirigen al Consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que, de acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de las Viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de “conspiración del silencio” dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación. Inferencia que conduce a conclusiones absurdas por oponerse a la lógica de lo razonable en la forma de operar de un ente público como la Junta de Andalucía.

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En efecto… el sistema ilegal establecido en la Consejería de Empleo se centró en crear una partida específica para conceder las ayudas/subvenciones, partida a la que se adscribió el rótulo de “transferencias de financiación al IFA”, bajo el que se ocultaban auténticas subvenciones, cuyo concepto y función es ajeno al de transferencia de financiación. De modo que se comenzaron a conceder las ayudas/subvenciones haciendo trasferencias de financiación al IFA-IDEA, que actuaba como caja pagadora a terceros que se beneficiaban con las ayudas.

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Otro efecto derivado de la implantación del nuevo sistema, al margen del falseamiento del presupuesto anual del IFA-IDEA, era la elusión de la fiscalización previa por parte de la Intervención de Andalucía de las ayudas/subvenciones que fraudulentamente se concedían bajo el nombre de “transferencias de financiación”. De manera que la Intervención fiscalizaba como transferencias de financiación lo que realmente eran ayudas/subvenciones, quedando éstas sin fiscalizar en la Consejería de Empleo, que era el órgano que las concedía y que poseía, cuando menos en teoría, la documentación pertinente. Estas subvenciones encubiertas tampoco se controlaban como tales en el IFA-IDEA, pues aquí solo constaba la ejecución de un pago a terceros a modo de suplido. Con lo cual, las subvenciones quedaban realmente sin fiscalizar, siendo ello unas de las razones principales que llevaron a implantar el sistema, puesto que se conseguía evitar los controles de la Intervención y agilizar la concesión de ayudas, al mismo tiempo se facilitaba la discrecionalidad y arbitrariedad en su concesión.

Los efectos nocivos derivados del descontrol eran ostensibles. Pues, en primer lugar, impedía fiscalizar si la concesión de subvenciones estaba justificada, tanto en la modalidad de regladas como en la de excepcionales. También se quedaba sin supervisar el cumplimiento en el caso concreto de la normativa europea, la estatal y la de la Comunidad Autónoma. Y se impedía igualmente comprobar si se daban en IFA-IDEA las condiciones para actuar como entidad colaboradora; si los beneficiarios cumplían las condiciones para serlo; si concurrían en la práctica las exigencias mínimas que marcaban las bases reguladoras de las ayudas; cuál era el destino final de éstas y cómo se controlaba su cumplimentación por los beneficiarios, etc.

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En consecuencia, y a tenor de los datos indiciarios referidos con respecto al Consejero José Antonio Griñán, es claro que su conducta no puede ser enjuiciada separadamente de la de los otros Consejeros aforados que se hallan implicados en los hechos. Pues todos ellos ocupan el mismo escalón de la estructura piramidal de la Junta de Andalucía y era su Consejería la que controlaba todo el tema presupuestario, autorizando presuntamente el imputado la operatividad del nueva sistema mediante el que se utilizaban fraudulentamente las transferencias de financiación para conceder ayudas/subvenciones y se alteraba maliciosamente el presupuesto del IFA-IDEA.

Por lo cual, el presunto delito continuado de prevaricación que se le imputa (arts. 404 y 74 CP) ha de ser investigado y enjuiciado, en su caso, en este Tribunal, al resultar inescindible de los hechos que se le atribuyen a los restantes aforados.

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La defensa de José Antonio Griñán sostiene que la competencia para la instrucción contra su defendido le corresponde al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en virtud del Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 2 de diciembre de 2014.

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El criterio doctrinal  jurisprudencial… ha aconsejado la unidad en la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento porque permite asegurar la realización de la justicia, evitando pronunciamientos contradictorios y facilita la instrucción y el enjuiciamiento de aquellas causas de naturaleza compleja o en las que al aforado se le imputa una participación en la realización del hecho delictivo. En estos supuestos es aconsejable una instrucción y, en su caso, enjuiciamiento conjunto para alcanzar la verdadera entidad fáctica que se investiga o enjuicia.

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En efecto, este Instructor lleva investigando varios meses un delito de prevaricación y otro de malversación atribuido a los componentes de la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que, en principio, y solo como hipótesis, podrían haber incurrido en una conducta prevaricadora por las decisiones que tomaron en gran parte como integrantes de un Consejo de gobierno que aprobaba modificaciones presupuestarias dirigidas a aportar fondos públicos para conceder ayudas/subvenciones ilícitas. Estaríamos, pues, ante una posible coautoría de un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, en un momento determinado, como el cargo que determina el fuero es renunciable, comienzan a dispersarse individualmente los imputados, y se entra en una fase de fragmentación del proceso que impide un enjuiciamiento conjunto, de acogerse la tesis de la defensa.

Pero, es más, en el caso de que decidieran renunciar al escaño todos los imputados, este Instructor habría estando investigando durante seis meses para la Audiencia de Sevilla, cuyo Tribunal podría perfectamente dejar sin efecto las resoluciones procesales que ha dictado el Instructor y también la Sala de apelación del Tribunal Supremo. Tribunal que, además, quedaría contaminado en un número importante de sus componentes en el caso de que la causa regrese en su día a su conocimiento a través de un recurso de casación. Las disfunciones y las incoherencias resultan, pues, evidentes.

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Y otro tanto puede decirse del hecho de que la cusa se haya estado instruyendo durante cuatro años en un Juzgado de Sevilla sin que la Juez haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionarial de la Junta de Andalucía por tener la condición de aforados…

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Así pues, por las razones de conexidad e inescindibilidad del contenido de la causa, y dada la posible coautoría de un presunto delito de prevaricación, no ha lugar a atribuir la competencia de la instrucción al Juzgado nº 6 de Sevilla con respecto al imputado José Antonio Griñán.


III. Parte Dispositiva

DISPONGO: Mantener la competencia del Instructor de la causa respecto al imputado José Antonio Griñán Martínez, que ha dejado de desempeñar la función de Senador en la Cámara Alta del Estado.

miércoles, 24 de junio de 2015

¡Banderita, tú eres roja...!



24/06/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal


¡… Banderita, tú eres gualda… !

La puesta en escena de Pedro Sánchez, el más desconcertante de los líderes socialistas, excepción hecha de ZP de momento, ha bastado para ofuscar y desorientar no solo a su electorado, también al que no lo es, ni nunca lo será.

En la proclamación de “Míster PSOE 2015” del pasado fin de semana en las ya famosas Primarias que casi nunca lo son, el jefe del partido hispanofóbico -capaz de pactar en Valencia y Baleares con los nacionalistas catalanes; en Navarra con los vascos y en Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz con los que tachan a nuestro himno de cutre pachanga fachosa y a los que ha entregado la mitad del poder autonómico y municipal- ante la mirada atónita de los presentes, se envolvió en la rojigualda para proclamar a los cuatro vientos que el futuro le pertenece. Y de testigos el presidente y la práctica totalidad de un gobierno (dicen que hasta Rubalcaba se sonrojó) que, en una noche extrema de nicotina y cafeína, pactó con Arturo Mas, no con Cataluña, un estatuto antinacional proscriptor del español en las escuelas y obstaculizador de los rótulos comerciales en la lengua común.

El gesto de sacar la bandera de España como adorno, como pareo playero, pretende -otra cosa es que cuele- un efecto indudable: trasladar una imagen de moderación y centrismo, de amparo y protección de las clases media y obrera españolas a las que su partido contribuyó a empobrecer con unas políticas tan expansivas como caóticas; eso sí, con una eficacia exageradamente dudosa que todavía se ha hecho más evidente tras entregar el poder a los que su primera gesta ha consistido en retirar la enseña nacional de la fachada de las instituciones a las que este inane los ha encumbrado.

Los símbolos poseen en sí mismo un valor intrínseco invaluable, lo que desconoce esta chusma capaz de acoger en su seno torticeramente -aprovechando que el Ebro pasa por Sevilla, como afirma un buen número de opositores a maestroescuela- ese símbolo al que escupen con el mismo entusiasmo que enarbolan la tricolor, todo ello para dar apariencia de lo que no es a quien pretende acceder, si el pueblo español no lo impide, a la presidencia del gobierno con el apoyo de los que, al día siguiente, instarán su arriada del mástil del Palacio de Oriente. ¿Alguien lo duda?

En la ceremonia [más de la confusión que nunca] solo faltó la jura al castrense modo: el desfile de todos y cada uno de los asistentes ante la enseña, descubiertos dos pasos antes de encararla, testuz inclinada y tirando besos al holograma cual tonadillera de moda en el escenario de sus éxitos, al mejor estilo de las nuevas talentas que triunfan en Canal Sur de la mano de Eva González en los ratos libres que le deja Juan y Medio.


Ver a los herederos de la nación española, “ese concepto discutido y discutible”, disfrazados con la enseña nacional solo puede ser valorado, para nuestra desgracia, como un acto propagandístico que tiene como contrapartida, y pese a lacerantes efectos secundarios como el sarpullido o la urticaria que soportan sus protagonistas, un buen puñado de votos, porque ahora los grandes gurús del partido parecen haberse dado cuenta de que la bandera “vende”. ¡Allá quién vea otra cosa!

El gesto, aunque tardío y espurio, sería bienvenido y merecidamente valorado si a estas alturas no conociéramos ya el percal, si no fuéramos perfectos conocedores de los que, con su praxis, afrentan los símbolos nacionales un día sí y otro también.

¿Por tan ingenuos y candorosos nos toman, tan equivocados estamos para colegir que este nuevo tiempo se los van a tomar en serio; que a partir de ahora están dispuestos a soportar todo tipo de imprecaciones por asistir a las manifestaciones -no solo a los partidos de la selección- envueltos en la rojigualda, por lucirla en la correa del reloj, o en el cinturón del pantalón, o en el polito de marca? ¿También en los tirantes?

Hablando de la selección, ¿volverá otra vez la roja a ser la selección nacional?

¡Bienvenidos a la Constitución, bien hallados en la legalidad! Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque sea por una sola vez, por intereses inconfesables y -lo que son las cosas- a través del plasma, lo que tiene sus ventajas… si no, ¿dónde guardarían luego tanta tela?

¡Quién no os conozca, que os compre!

miércoles, 17 de junio de 2015

Legalidad vs. legitimidad



17/06/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal


Sábado de investiduras en los ayuntamientos españoles, domingo de toma de posesión en el Parlamento de Andalucía. Primero, los alcaldes… y alcaldesas, después estapresidenta.

Mientras el frentepopulismo, recauda las preciadas rentas, el Partido Popular -que merced a pactos entendibles y contra natura, pierde casi la mitad de las 34 capitales de provincia que lideraba, entre ellas Madrid, Valencia y Sevilla- retiene aún 3.000 alcaldías, situándose otra vez como partido más votado, a la cabeza del ranking y pese al aguacero.

Y es ahora cuando, de nuevo, a la vista de los resultados de estos arreglos imposibles, se produce el histórico e histriónico conflicto de dos palabras con la misma raíz pero de distinto significado: legalidad y legitimidad.

Resulta incuestionable que la ley es la única que marca la frontera entre lo legal y lo ilegal. La legitimidad, empero, se justifica, con la ética, con la moral de quien toma las decisiones. Así, considerando legal lo ordenado por la ley, surge a continuación la pregunta: ¿siempre es legítima la ley? Frente a los que contestan afirmativamente, con rotundidad habrá de replicarse que no siempre y, para terrible ejemplo, ahí está la historia plagada de decisiones tan legales como inmorales y abyectas.
La legitimidad emerge de la voluntad expresada por quien es el titular del poder soberano, en este caso del pueblo español, quien democráticamente se pronuncia periódicamente ante determinados hechos o intereses, cuestión radicalmente distinta de los sentimientos, de la voluntad, de los que, a la postre, resultan ser sus simples apoderados.
Si no fuera así, ¿cómo se explicarían los pactos en sentidos antagónicos de las mismas fuerzas políticas en una localidad y en la más próxima, en el pleno de un ayuntamiento o en la cámara autonómica? Ejemplos múltiples: ¿Cómo entender que Ciudadanos apoye la investidura de una candidata del PSOE en el Parlamento Andaluz, de otra del PP en el Ayuntamiento de Madrid o se abstenga -forzadamente- en Almería para propiciar un alcalde popular? ¿Cómo concebir, hace ahora cuatro años, que la misma fuerza, Izquierda Unida, merced a su abstención, invistiera a un presidente del PP en Extremadura, en tanto que en Andalucía, meses después, se empotraba en el gobierno con el PSOE? ¿A cuento de qué, si no, las palabras del nuevo Alcalde de Sevilla -excusatio non petita, accusatio manifesta- en su toma de posesión: “esto no es un fraude, es democrático... ”?
Aunque la realidad se muestre tozuda la interpretación se hace al antojo: parece claro que los electores andaluces (65 %) votaron por un cambio radical, nada que ver con el particular “fallo” dictado por los electos al día siguiente, u ochenta y dos días después de las elecciones, más aún cuando, desvergonzadamente, las avenencias llegan al tiempo que se ciscan sin rubor en sus palabras de días antes. Y si no que se lo pregunten a Juan Marín: “Pactar con el PSOE es traicionar la ilusión de la gente”, o a Pedro Sánchez: “El PSOE no pactará con Podemos”... “El PSOE no pactará con los populismos”... “El PSOE descarta pactar con Bildu”...
Todo vale para que los favorecidos, que no elegidos, merced a pactos tri, tetra, penta y hasta sexta partitos, retuerzan a su antojo la voluntad popular, cuya interpretación -en aras de la legitimidad- debiera corresponder únicamente a sus soberanos, a la nación, a la gente como es ahora la moda, motivo por el que ya están tardando todos los partidos políticos en proceder, tirando de legalidad, a la reforma de la ley electoral que permita la segunda vuelta ante situaciones de ingobernabilidad como las que se divisan en el horizonte.
Estos dragomanes supremos de la voluntad legitimaria se reputan ungidos por la gracia del pueblo para, sin sonrojarse, decir digo y Diego a la misma hora, en su pueblo y en el de al lado, o incluso en el propio pasados unos meses. Pero no, por encima de sus ladeadas decisiones ha de prevalecer siempre la libertad individual, la única capaz de interpretar deseos propios en detrimento de los eslóganes de voceros políticos en los que florecen otra clase de intereses en nada coincidentes con la del ciudadano de a pié.
Concluyendo: una cosa es la legalidad (lo prescrito por ley y conforme a ella), que es lo que ha brillado en -casi- todos los plenarios, y otra la legitimidad, que no corresponde a los electos sino a los electores. Y digo casi porque no en todos sitios se ha cumplido ni siquiera con la ley: las tomas de posesión en ayuntamientos nacionalistas catalanes, navarros y vascos, y en consistorios y parlamentos podemistas del resto de España, han estado preñadas de proclamas inconstitucionales y contra legem que la Fiscalía General del Estado ya está tardando en combatir con todo el poder de la ley, otra vez la legalidad.

En clave doméstica, las dudas sobre los apaños comienzan a florecer:

¿Qué ocultas fuerzas de la política son capaces de encumbrar a un candidato para, a renglón seguido, pasar a la oposición, tirando de desdén y soberbia? ¿En base a qué intereses inconfesables la candidata de Participa Sevilla (Podemos) es capaz de firmar el apoyo a Juan Espadas mientras le niega el saludo? Si ni entre ellos se pueden ver, si no se fían y así lo han proclamado, ¿cómo nos van a pedir confianza a los que, con nuestro voto, los ignoramos?

INSERTAR VIDEO:

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Mientras esto ocurría, Juan Ignacio Zoido se despedía tras reducir drásticamente la deuda en cuatro años, ganar las elecciones y dejar ahí las arcas prestas y dispuestas para “mejores logros”. Eso sí, haciendo el canelo según el explícito reconocimiento del excalde de Sevilla Manuel del Valle, cuyo consejo le llegaba anteayer, ya demasiado tarde: “tendría que haber gastado más y dejarle la losa al que viene detrás”, reconvención que, a buen seguro, será acogida por el novel primer edil sevillano: ¿Otra de setas? ¡Otra de setas!

miércoles, 10 de junio de 2015

Si don Marcelo levantara la cabeza…



10/06/15. Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal


Debatían ayer mis camaradas -y sin embargo amigos- de El Demócrata Liberal (por higiene mental, me niego a leer pasquines) sobre el baboso y remilgado artículo publicado el pasado domingo en El Correo de Andalucía a mayor gloria de Carmen Martínez Aguayo y del Régimen Andaluz, obra -¡qué fiesta sin la tía Juana!- de Antonio Yélamo.

Haciendo de tripas corazón, y saltándome las buenas prácticas, me embarqué en la lectura de la que resultó ser una mugrienta y roñosa oda prisaica de forzadas alabanzas y rebuscados halagos, mezclada con un cúmulo de embates hacia los funcionarios de la Junta de Andalucía y de sermones a los compañeros del partido que, al parecer, la han dejado, si no en la indigencia, al menos en la estacada. En definitiva, un ensayo que sonrojaría al fundador del diario decano de la capital de Andalucía.

Dicen sus biógrafos que el cardenal Spínola fue un hombre de visión histórica, un santo en la tierra, un pastor comprometido con las necesidades de sus conciudadanos de finales del XIX y principios del XX, testigo directo del abandono de la clase obrera, un adelantado de su época que intuyó no solo el poder de los medios de comunicación para el desarrollo de la sociedad sino también el papel fundamental que habría de jugar la mujer en la misma, además de la influencia decisiva de la educación en la formación de la persona y en la transformación de la colectividad. Y que, para no quedarse solo en buenas palabras, acometió la fundación de El Correo de Andalucía a comienzos de 1899. Su mandamiento al primer director no dejaba lugar a dudas: «Ni un solo trabajo, ni una sola línea, ni una letra de la nueva publicación deje de encaminarse a la defensa de la verdad y de la justicia».

En estas andábamos cuando -otra vez, de forma recurrente- aparece el apesebrado de turno para dar por enterrados los cánones del purpurado y para dejar bien clara -junto a los reproches a sus compañeros de partido y contigua a la ristra de descalificaciones hacia los que han padecido sus decisiones- la “grandeza” de los logros de doña Carmen, su patrocinada. La bazofia no tiene desperdicio: “Podría ser, en fin, que determinados responsables de su partido o del Gobierno repararan… para situarla en otra posición aunque sólo fuera para obtener así de ella un mayor rendimiento dada su valiosa experiencia en la gestión pública y sus amplios conocimientos”.

No esconde ni desaprovecha la ocasión de dejar entre renglones su tierna cercanía; tampoco el bombo ni las lisonjas hacia la decisión de lo que debe ser la obligación de cualquier servidor político que se precie, la de volver a sus responsabilidades una vez finalizada la etapa pública, en este caso la reentré en el ambulatorio de la susodicha: “Conociéndola como se la conoce, difícilmente hubiera aceptado otra propuesta en aplicación del viejo sistema de «puerta giratoria»”.

No oculta los “temores” por lo que, tras el paso de la moqueta al barro, pudiera ocurrirle cerca de tanto “descerebrado”, ni soslaya el socorrido ataque a quienes osaron poner contra las cuerdas al Régimen que ellos defienden como si les fuera la vida, o quizá por ello mismo: “… ella, que lo ha sido todo en la Junta asumiendo entre otras responsabilidades la de acometer una reforma de la administración pública andaluza muy contestada internamente por sus empleados, podría haberse preparado un destino algo más cómodo, un puesto, tal vez, fuera del alcance de los enfurecidos funcionarios autonómicos que no le guardan especial afecto que digamos… Por ello, tendrá que resignarse a soportar estoicamente las invectivas de algún impertinente que otro que aún tiene acumulado determinado resentimiento hacia la que quiso meter en cintura tanto organismo público, tanto empleado recalcitrante a asumir reformas”.

Y, por supuesto -para eso sirve la subvención- no deja pasar la oportunidad del afianzado guiño al “bendito” Régimen con el que se autosustenta: “No es, desde luego, una historia nueva. Bajo esas duras circunstancias se encuentran otros, en su momento, altos cargos de la Junta que dieron lo mejor de sí en favor de una acción pública en la que siempre creyeron y que ahora se ven atrapados en una tupida maraña de diligencias, inculpaciones, embargos, costosas facturas de abogados o paseíllos al juzgado de turno. Un proceso parece que interminable que se está llevando por delante, también, la salud de más de uno de los implicados y sus allegados más cercanos. Una pesada carga, en fin, que habrán de llevar en la más absoluta soledad sin ni siquiera un mínimo gesto de comprensión o apoyo moral de esos que no cuestan dinero pero que reconfortan, al menos”.

En definitiva, unos desgraciados a los que la justicia persigue injustamente, la injusticia les priva la salud y la enfermedad le lleva al ostracismo, a la soledad más absoluta de los apestados del Medievo:

“En la cuneta están quedando muchos, malheridos, arruinados, poco menos que apestados y sin que nadie tenga en cuenta lo que han sido y lo que han podido aportar al servicio de los andaluces. Su error ha sido que han formado parte de un sistema que lo intentó todo para salvar a Andalucía del declive masivo que le afectaba”.

Arruinados con billetes pa asar una vaca... ignorados pese a sus ingentes aportaciones a los andaluces... héroes y heroínas que intentaron salvar a Andalucía de su declive...

El potingue es de Yélamo, pero quién dice que no podían firmarlo Sánchez, Aroca u Orozco, o cualquier otro escribiente del magnífico equipo de amanuenses prestos y dispuestos, subvención mediante, a tapar las redes urdidas de blanqueo empresarial y sindical andaluz; a desabastecerse de tinta cuando toque escribir de los ERE, de los Cursos de Formación, de Invercaria o de Aznalcollar; a aprovechar en beneficio propio esa “bendita” administración paralela en la que pastan sin saciarse y creada, eso sí, para “meter en cintura tanto organismo público, tanto empleado recalcitrante a asumir reformas”.

«Ni un solo trabajo, ni una sola línea, ni una letra de la nueva publicación deje de encaminarse a la defensa de la verdad y de la justicia». ¡Si el prelado levantara la cabeza!

Menos mal, dirán los melindrosos, que después del cardenal llegaron PRISA, Gallardo y Morera (lo mismo da que da lo mismo) para hacer de su sotana un sayo.

¡Manda huevos! ¡En la maldita hora que rompí mis sanas costumbres!