14/10/15. Mi colaboración de
ayer en El
Demócrata Liberal
No nos engañemos:
las últimas elecciones del 27-S y toda la parafernalia plebiscitaria que le ha
rodeado tienen su razón de ser, en última instancia, en el desesperado intento
de los nacionalistas catalanes por procurarse un Concierto Económico al uso de
la Comunidad Autónoma del País Vasco o del propio Convenio navarro. Otra cosa,
llámese plena independencia, no les conviene y bien que lo saben, entre otras
cosas porque el nuevo y pretendido intento de diferenciación tiene su necesario
correlato en forma de rotundo ¡basta ya! del resto de la nación española. Eso
sí, con un solo error, el de los que han señalado a la Constitución de 1978
como la madre de todas las afrentas en ese sentido. Haciendo un poco de
historia repararemos como nuestra Carta Magna no ha sido, aunque sí la ha
santificado, la generadora de una desigual normativa tributaria que, indefectiblemente,
repercute en los bolsillos de los ciudadanos:
Desde finales del
siglo XIX, tras la Tercera Guerra Carlista, los territorios vascos ya contaban
con el denominado Concierto Económico, ratificado en el Estatuto de Guernica de
1979, norma que regula las relaciones tributarias y financieras con la Hacienda
española. Pero, incluso, antes de 1876, las tres provincias vascas ya
gestionaban estas relaciones por sus propios fueros. Álava y Navarra son los
únicos territorios que han mantenido tal potestad ininterrumpidamente, pues Franco
les compensó su apoyo al alzamiento salvaguardándolos, al tiempo que los abolía
en las “provincias rebeldes” de Guipúzcoa y Vizcaya.
“Pertenecer al Estado español
les conlleva una serie de derechos que tienen como contrapartida recíprocas
obligaciones”
Es cierto, pues, que
mediante un sistema añejo e inverso al que soporta el resto de España, el País
Vasco y Navarra vienen gestionando (con la salvedad del IVA y de impuestos
especiales tales como alcoholes e hidrocarburos) sus propios recursos,
recaudando y gastando, a voluntad, por vía de impuestos y leyes anuales de
presupuestos, además de ostentar sus propios servicios de inspección y
recaudación. Sin embargo pertenecer al Estado español les conlleva una serie de
derechos que tienen como contrapartida recíprocas obligaciones. Esa y no otra
es la finalidad del cupo vasco, que consiste en la aportación anual de la
citada comunidad al Estado por los gastos generales referidos a competencias
propias de éste, tales como Asuntos Exteriores, Defensa, Cortes Generales,
aduanas, ministerios, etc., sin olvidar las inversiones en infraestructuras
tales como las ferroviarias, puertos, aeropuertos, etc. Esa contribución, que
se renegocia cada lustro, se fijó en 1981, en función del peso de la economía
vasca de entonces sobre el PIB del total de España, en el 6,24 % del gasto
total del Estado en los citados asuntos.
Sin embargo el
problema se hace todavía más complejo, y termina enquistándose, llegado el
momento de negociar esa ley quinquenal del cupo ahora prorrogada desde enero de
2011, fecha en la que finalizó el periodo de vigencia de la última, de manera
que ese porcentaje inicial aún no se ha tocado a pesar de que, según la gran
mayoría de los expertos, la cifra, que sigue sin revisarse, se elevaría hoy por
encima del 8,00 %.
Como el importe del
cupo vasco no depende de sus propios ingresos sino de los gastos totales del
Estado que le son repercutidos en el porcentaje cifrado, al final resulta
cierto que la Constitución ha venido a confirmar (no a dar carta de naturaleza)
un derecho de pernada vascongado y cuasi inmemorial sobre los carpetovetónicos
a los que, ahora, además, se les obliga a “poner la cama”, pues está diseñado
de tal forma que será favorable a los del Rh negativo mientras la economía vasca
supere la media del Estado -lo que ha venido sucediendo desde la Revolución
Industrial- produciéndoles desventajas solo si se originara una caída mayor de
su economía con respecto al total nacional. Claro que, llegado ese momento, ya
clamarían con algo parecido a “Espainia lapurtzen digu”, traducción obtenida en
la red del consabido “Espanya ens roba”.
“Imaginemos, para
reconfortarnos, qué hubiese sido de este país si esas competencias (Justicia,
Educación y Sanidad) hubiesen estado en las manos de un ZP de la vida en plena
crisis económica”
Está claro que la arcaica
supervivencia de tales exenciones, ratificada por la Disposición Adicional
Primera de la Constitución, y que ahora persigue con ahínco Cataluña, en nada
se compadece con su artículo 14, que, con toda fastuosidad, proclama la
igualdad de los españoles ante la ley; privilegios que no pueden suprimirse,
como pretenden Ciudadanos y UPyD, sin entrar en la reforma constitucional,
circunstancia que, por otra parte, esperan como agua de mayo, no solo los
separatistas y antisistemas, sino un PSOE sin rumbo y dispuesto a abrir el
melón de la Carta Magna ofreciendo a cambio no se sabe qué.
Dar marcha atrás en
esta materia, al tiempo que se fomenta una política recentralizadora en materias tales como Justicia, Educación y
Sanidad, como ocurrentemente y con ligereza gustamos pregonar, resulta absoluta
y afortunadamente imposible. Imaginemos, para reconfortarnos, qué hubiese sido
de este país si todas esas competencias hubiesen estado en las manos de un ZP
de la vida en plena crisis económica. Es por ello que la solución ha de
encontrarse, con la experiencia acumulada, en una redistribución de
competencias más acorde y menos drástica y en la fijación de un cupo objetivo
que garantice no solo la contribución a los gastos del Estado de los
territorios forales sino el principio constitucional más olvidado por ese
sistema, el de solidaridad, que ha de seguir siendo una herramienta en manos
del Estado para disminuir las desigualdades entre territorios y para, en
definitiva, seguir denominando España al conglomerado de intereses egoístas que
entre todo hemos forjado.
Si no somos capaces,
habría que ir pensando en solucionar incertidumbres y coger de una vez el toro
por los cuernos para no seguir alimentando a esa fiera egoísta, insaciable y partidaria
del ancho del embudo en todas las circunstancias.
