El Consejo de Gobierno
andaluz, excediéndose en sus competencias, aprueba, previo ineficaz acuerdo con
CCOO, UGT y CSIF, un Decreto-ley que establece una jornada de 35 horas
semanales en la administración andaluza a partir de 2017
Y eso que Díaz lo tenía fácil
tras la arriada de pantalones y bragas de Ferraz del pasado domingo: “Cucha,
Mariano, nos abstenemos en tu investidura pero, a cambio, deroga la adicional
71ª de la Ley de Presupuestos de 2012... y tos tan contentos”
Que por mayo era
por mayo, cuando va estapresidenta, rodeada de la parafernalia habitual,
y anuncia que el Consejo de Gobierno más inmediato aprobaría la
recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los
empleados públicos, refrendando así el compromiso alcanzado por la consejera de
Hacienda y Administración Pública con los sindicatos que integran la Mesa
General de Negociación Común de la Administración autonómica: CCOO, UGT y CSIF.
Pacto que contemplaba, además, al mejor estilo ercortinglés, el abono
del 75 por ciento pendiente de la paga extra de 2012 en tres cómodos
plazos que se harían efectivos en septiembre de 2016, en febrero de 2017 y en
febrero de 2018…
Susana, que divulgó
la primicia aprovechando un debate con el presidente del PP-A en el Pleno del
Parlamento, requirió al 'popular' para que se comprometiera a pedirle al
presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no recurriera la
decisión: “¿Va a poner los intereses de los empleados públicos en Andalucía por
encima de sus intereses? Es ahí donde yo quiero verlo”. ¡Los intereses de los
empleados públicos andaluces…! ¡Qué desfachatez, incumple la jurisprudencia, le
pide al presidente del gobierno que haga lo propio y se queda tan pancha!
Si insolente se
muestra la mandamás, ¿cómo calificar la actuación del trío de “representantes”
de los empleados públicos? Solo el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF),
mayoritario en la administración general, ha echao la pata alante al
exigir a la Junta de Andalucía, tal que un Paco Ojeda de la vida, que "no
engañe" a los empleados públicos, ni cree falsas expectativas con la
“cacareada recuperación de las 35 horas”, una medida con "escaso
recorrido", al tratarse de una competencia estatal que, en concreto, ha
fijado, mediante la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley
2/2012, una jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales, medida
que hoy continúa vigente según el refrendo de la Sentencia del TC 99/2016 que
desestimó una reclamación similar de
la Generalidad de Cataluña y de otra más reciente, que con motivo de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el
presidente del Gobierno, anuló una ley con las mismas pretensiones del gobierno
de Castilla-La Mancha.
Pues nada, sin
cortarse un pelo, ahí que el Consejo de Gobierno andaluz aprueba el Decreto-ley
5/2016 y regula con un acto vecino de la prevaricación -¡y porque yo
lo valgo!- la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de
Andalucía, al tiempo que exige al presidente del gobierno el abandono de sus
obligaciones, o lo que es lo mismo: “¡Mariano, prevariquemos en estéreo!”.
En derecho todo
-hasta lo más zafio y ruin- es interpretable, todo puede tener defensa, pero
una vez conocido el parecer del Constitucional, ¿a cuento de qué
engañar, timar, maniobrar y, en definitiva, perder y hacer perder el tiempo en
defensa de una causa que se sabe perdida de antemano? ¿Por qué generar falsas
expectativas? ¿Por qué comenzar una guerra que se sabe perdida anticipadamente?
La respuesta es clara: el enfrentamiento por el enfrentamiento, la única
premisa de un gobierno a la deriva -con el remo firme de Juan Marín- a la que
poco o nada importan los legítimos derechos de los funcionarios y empleados
públicos andaluces.
La jornada de 37,5
horas supuso -crisis recurrente mediante- una puñalada trapera pero legal a los
derechos adquiridos de los empleados públicos. El Estado, mediante la citada disposición
adicional de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 (“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de
trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”),
en vigor según las dos sentencias comentadas, así lo estableció pero ya nadie
recuerda que -mientras nutría con fondos su amada administración paralela- fue
la mismísima Junta de Andalucía quien, rizando el rizo y en uso de las
competencias que le permitían incrementar pero no reducir la jornada
laboral, se adelantó a la decisión del maligno de la Moncloa
estableciendo, a través del artículo 25.1 del Decreto-ley 1/2012 de 19 de
junio, de cosecha propia, la maléfica jornada de 37,5 horas semanales (“La
jornada ordinaria de trabajo del personal referido en el artículo 3.a), b) y c)
será como mínimo de treinta y siete horas y media semanales de promedio en
cómputo anual. Todo ello sin perjuicio de las demás modalidades de jornada
normativa o convencionalmente establecidas, que se adaptarán a esta jornada
ordinaria en lo que fuere necesario. En todo caso, las modificaciones de
jornada y demás extremos que se lleven a efecto como consecuencia del
establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo alguno”), e
incrementando de 18 a 20 horas la parte lectiva de la jornada semanal del
personal docente mediante otro Decreto-ley de las bodegas de San Telmo, el
14/2012. Entonces se calló la boquita, actuó con nocturnidad amparada en las maldades
de Rajoy. Ahora contraataca con fuegos de artificio en un intento desesperado
de embaucar a quien se deje enredar.
El fraudulento
Decreto-ley 5/2016 que promueve tan engañosa expectativa habrá de ser
ratificado, o no, en el pleno de las Cinco Llagas. Será el momento en el que
todos y cada uno se retraten y eso que Díaz lo tiene fácil tras la arriada
de pantalones y bragas de Ferraz del pasado domingo: “Cucha,
Mariano, nos abstenemos en tu investidura pero, a cambio, deroga la adicional
71ª de la Ley de Presupuestos de 2012... y tos tan contentos”. No, lo
fácil, lo populista, es forzar la ley y exigir al oponente que la contravenga;
en definitiva, buscar gigantescos enemigos del pueblo donde solo hay
molinos de viento y no dar solución a las reivindicaciones de los funcionarios
públicos que es lo que, en el fondo, claramente se persigue.
