“Una vez más, la política (con
minúsculas) ha antepuesto sus espurios intereses sobre la voluntad de la ley”
“Negocien, dialoguen,
transijan, lleguen a acuerdos, pero cúmplanla”
Los desafíos al
Estado de derecho se han convertido, por mor de las males artes, en el pan
nuestro de cada día. Si hace ya algún tiempo fueron las instituciones vascas
-con el Plan Ibarretxe por bandera- las autoras de provocaciones y desdenes
-felizmente relegados- soportamos estoicamente ahora y desde hace más de un
lustro las acometidas que llegan de unos cuantos iluminados de Cataluña, los mismos que se han adueñado en ese
territorio español del pensamiento único en pos de una ruptura que no comparte
la mayoría de sus poderdantes, ni, por supuesto, el pueblo español, sujeto de
la soberanía nacional y del que emanan todos
y cada uno de los poderes del Estado, según el artículo uno de la
Constitución.
Si hasta ahora los
retos a las reglas del juego democrático procedían de esas dos regiones
norteñas, es ahora Andalucía quien, mostrando bíceps, no ha querido quedarse
atrás en cuestiones de desafíos. Y para muestra un botón: el pasado 11 de
octubre el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el Decreto-ley
5/2016 que regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la
Junta de Andalucía, un monumento a la prevaricación al que me referí en este diario, ratificado un mes después por el
Parlamento de Andalucía, con la pusilánime abstención de PP y de
Ciudadanos y el apoyo de PSOE, Podemos e IU.
Un mes largo
después parece que, ingenuo de mí, erré en el análisis cuando anuncié el
incuestionable recurso del decreto ley por el gobierno central basándome en
sendas sentencias del Tribunal Constitucional que habían desestimado normas
similares de la Generalidad de
Cataluña y del gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, y para
colmo de males, todo indica que, una vez más, la política (con minúsculas) ha
antepuesto sus espurios intereses sobre la voluntad de la ley. No en balde, la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha previsto abrir un "diálogo" con
la Junta de Andalucía antes de pronunciarse sobre el “posible” recurso ante el
Tribunal Constitucional.
El tiempo se agota:
el artículo 33.1 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional
establece que “el recurso de
inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la
publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley”, término que
vence el próximo 19 de enero.
Dirán los buenistas que las cuestiones vasca y
catalana no tienen parangón con el asunto andaluz. ¡Falso de toda falsedad! El
deleznable argumento es exactamente el mismo: el desprecio a las reglas del
juego, el torcimiento de la voluntad expresada en la ley, sea ésta la máxima
norma u otra de rango inferior. El escaso margen de maniobra que, consecuencia
de su insuficiente respaldo en la Carrera de San Jerónimo, le queda al gobierno
de Mariano Rajoy, no empece para que, por encima de cualquier pacto, la ley que
a todos nos obliga se respete. Negocien, dialoguen, transijan, lleguen a
acuerdos, pero cúmplanla: deroguen, a cambio de otros apoyos, la disposición
adicional de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 (“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de
trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”), pero si no es así y continúa vigente,
recurran el atropello por respeto al sistema que nos hemos dado y, también, lo
que no es cuestión menor, por el honor del único sindicato defensor de
la legalidad, mayoritario en la administración general de la Junta de Andalucía, el SAF, que no se dejó engatusar por tan soez
medida.
¡Que se cumpla la
ley! ¡Nada más y nada menos! Es mi deseo para 2017. Y es que lo que debiera ser
una constante en nuestro diario devenir, parece desterrarse, a causa de
intereses bastardos, a la espera del momento político más propicio.
Semejantes
actuaciones, queramos verlo o no, a la vez que nos alejan de la serena
convivencia, nos abocan irremediablemente al fin del sistema.
