Calígula e Incitatus: Los ERE son solo la continuación

 

26/06/24. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

Cayo Suetonio fue un historiador y biógrafo romano que vivió durante el imperio de Trajano y Adriano, a caballo de los siglos I y II de nuestra era. Su obra más importante fue Vidas de los doce césares, de la que trasciende especialmente la biografía de Calígula que fue emperador romano entre los años 37 y 41 de nuestra era. Lo más chocante que cuenta de él es que nombró Cónsul de Roma a su caballo Incitatus, que significa “Impetuoso”; era un caballo de carreras de cuadrigas, al parecer de origen hispano, que eran de los preferidos por rebelarse briosos, veloces y resueltos a la hora de salir al campo de batalla.

Casi dos milenios después, cambien Calígula por Pedro, Incitatus por Cándido, Cónsul de Roma por Presidente del Tribunal Constitucional e hispano por galaico… la historia se repite.

Justo dos días antes de las elecciones europeas, en un mitin en Benalmádena, Calígula, que atribuyó sin recato lawfare a los jueces, tuvo ocasión de mostrarle el camino a Incitatus, reivindicando públicamente a Mimaleni -de cuerpo presente en el acto- a quien aludió como “un ejemplo de político socialista que ha sufrido el vil ataque de la derecha durante muchos años… no somos ingenuos". Pasada la jornada electoral y arreado convenientemente, Incitatus -éste sí respeta los tiempos electorales- ya desbocado, trató de ponerse al día y, a su mando, ¡qué casualidad!, la corte de garantías ha estimado parcialmente el recurso de amparo de la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, condenada por el caso ERE. En ausencia de un miembro, los siete magistrados progresistas -así se autoproclaman-, liderados por el equino, votaron a favor de la exaltacarga y se impusieron a los cuatro conservadores -así los tachan-, que se posicionaron en contra y que emitieron votos particulares discrepando del fallo que (aún no se conoce la sentencia completa) anula la pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado al elaborar los anteproyectos de ley de los presupuestos andaluces de 2002, 2003 y 2004 y por las modificaciones presupuestarias de octubre del 2002, al tiempo que ordena a la Audiencia de Sevilla rebajarla en una nueva sentencia, tras vulnerarse el derecho a la legalidad penal.

Sostiene el fallo que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación no puede ser constitutiva de delito de prevaricación porque este acto no es una resolución ni un asunto administrativo; en definitiva, que en la elaboración de una ley de presupuestos no se puede cometer delito alguno. Pregunta: ¿Quedaría sin pena el proponente de una partida presupuestaria que incluyera una cantidad destinada a la ablación voluntaria del clítoris de las menores?

Tres de los magistrados discrepantes han firmado un voto particular conjunto, argumentando que «los actos prelegislativos sí son susceptibles de control penal», reprochando que el TC descalifique al Supremo y a la Audiencia Provincial, y concluyendo que las sentencias de ambos tribunales no fueron «imprevisibles» ni contrarias al derecho. El cuarto formuló un voto particular previo, en el que carga contra este fallo por «rectificar el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica» y considera que los miembros del Gobierno no son «irresponsables ni gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar los anteproyectos».

En resumen, la sentencia del TC debiera haberse limitado (ésas son sus competencias) a valorar el derecho fundamental vulnerado; sin embargo -no es la primera vez- irrumpe en el ámbito penal, sustituyendo al Tribunal Supremo y entra en el fondo ya juzgado, estimando que no puede haber delito de prevaricación al no tratarse de un acto administrativo.

Dice el artículo 404 de nuestro Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. Ladyaviaco fue condenada al mínimo establecido por la horquilla.

¿Pero qué es entonces un acto administrativo? Según se nos ha dicho siempre, la definición más aceptada es obra de Zanobini, que completó García de Enterría: “cualquier declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, emanada de un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”.

Hasta ahora nos parecía que la elaboración de un anteproyecto de ley de presupuestos no es ya que fuera un acto administrativo, sino un conjunto de ellos que da comienzo con una Orden por la que anualmente se dictan normas para la elaboración presupuestaria. Así ha sido siempre y, naturalmente, así lo era entre 2002 y 2004.

Para mayor escarnio, como queda dicho, en Benalmádena, dos semanas antes, Magda y no por Incitatus, sino directamente por Calígula, fue conocedora de la nueva doctrina que le reducirá la pena. En el colmo del descaro, del despotismo y de la impunidad, la malagueña se ha atrevido a pronosticar que “con Chaves y Griñán ocurrirá lo mismo” para que, a continuación, sea el propio TC quien anuncie que agilizará los recursos de los ERE que tengan penas de prisión y que convoca sendos plenos -¡con las frescas!- para los próximos 2 y 16 de julio, en los que se deliberará sobre los recursos pendientes. Si esto no es precisión suiza… al menos andorrana.

Paralelamente, es cierto, apenas 24 horas antes, el Pleno del Constitucional por unanimidad desestimó el recurso de amparo presentado por otro de los implicados en una de las causas de los ERE, el exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, que fue condenado a siete años de prisión por un delito de prevaricación, si bien en concurso medial con malversación, de los que ha cumplido cinco meses tras concedérsele el tercer grado por “motivos de salud”. En esta ocasión la misma ponente recriminó al exsenador socialista que expresara en términos genéricos sus quejas sobre la vulneración de derechos fundamentales, sin que las acompañara de argumento alguno, motivo por el que, al tratarse de un «defecto insubsanable», cerró en banda la posibilidad de anular su pena de siete años de prisión. Sin embargo, ya se ha filtrado que para el 2 de julio se verán los casos de las personas en prisión y la ponencia propone anular la condena por malversación a Carmen Martínez Aguayo, ideóloga, además, de la reordenación del sector público andaluz.

Todo apunta a que los fallos sobre los recursos de los expresidentes socialistas de Andalucía, previstos para el 16 de julio, serán respetuosos con estas sentencias que resultan anteriores: Respecto a Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado, se ordenará a la Audiencia de Sevilla rebajar la pena en una nueva sentencia. Por su parte, Griñán, condenado a 6 años y dos días de cárcel e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, si su abogado ha sido tan ágil como el de Martínez Aguayo, su condena por malversación resultará anulada; al contrario, si no ha sido más diligente que el de Viera a la hora de “argumentar sus quejas sobre la vulneración de los derechos fundamentales”, vería su futuro ligado á éste y no se anulará su pena. Condena, por otra parte, que asimismo sigue sin cumplir al continuar gozando por un periodo de cinco años, del que ya se ha cumplido uno y medio, de la suspensión de la ejecución de su pena privativa de libertad, también por motivos de salud.

O quizá piensen -igual que yo- que demostrarán que esa malversación no ha sido la típica, que no se han beneficiado personalmente… como si -palasacaymelollevo- cuarenta años apesebrando bueyes y apacentando corderos con dinero público no mereciera reproche penal alguno.

¿O dudan quizá que, llegado el momento, o sea ya, Calígula no tirará de la amnistía, esa institución jurídica que -¡vergüenza!- le sigue reportando votos? Sí, la misma que según los actuales mandamases socialistas no cabía en la Constitución el sábado 22 de julio del año pasado y que al día siguiente, haciendo de la necesidad virtud, se ha convertido, mediante ley orgánica, en instrumento para la “normalización institucional, política y social en Cataluña”.

Efectivamente, los ERE solo resultarán ser la continuación de lo que comenzó con la amnistía y culminará con el referéndum en Cataluña. En el medio, mientras tanto y aprovechando el solsticio de verano, se tiene que notar que -con lo que están tragando- “también estoy con los míos”.

¡Si Cayo Suetonio levantara la cabeza!

210527. El indulto y la responsabilidad criminal del Presidente

 

Como anuncié el primero de junio pasado, a los siete años en el dique seco en lo que en RRSS a mí respecta, se une un lustro de colaboraciones muy esporádicas en otros medios y espacios tales como Letra Cursiva, El Tercer Lado, esRadio o Columnas Blancas, que iré recordando en este reaperturado espacio, poco a poco. Algunas parecerán nostálgicas, otras se antojarán imposibles a la luz de los acontecimientos vividos en España y, especialmente, en Andalucía en los últimos cinco años… Continuamos con Letra Cursiva: El indulto y la responsabilidad criminal del Presidente, publicado el 27 de mayo de 2021 (3 de 5)

 

“La felonía -ya anunciada por el propio gobierno- se va a sustanciar gracias a la voluntad decidida de retorcer la Ley”

“Las ocho solicitudes de indulto las han incoado asociaciones, fundaciones y el sindicato UGT”

“El PSOE ya creó escuela tras las controvertidas elecciones de 1936, cuando Manuel Azaña firmó un decreto ley de amnistía para los golpistas como Companys”

“Sin perjuicio de otros gravísimos, al menos el delito prevaricación, empapado de un claro ejercicio de desviación de poder, reluce palmario”

Es “la” noticia que el Tribunal Supremo se ha opuesto a la concesión del indulto a los doce condenados en la causa del 'procés' en base al artículo 544 del Código Penal: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Mi vigésimo cumpleaños coincidió con las vísperas del referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución de 1978, primera de mis citas con las urnas.

Recuerdo que uno de los artículos que más estupor me causó fue el 102, naturalmente hoy en vigor, al establecer en sus tres apartados disposiciones que entendía inaplicables:

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Las preguntas, apenas tres años después del cambio de régimen, se me acumulaban sin encontrar respuestas satisfactorias: ¿A qué vendrá este artículo? ¿Qué imposible fechoría tendrá que cometer un presidente o un ministro para poner en funcionamiento la letra del enunciado? ¿Cómo va a ser capaz de algo semejante un miembro del gobierno? En definitiva, me pareció una disposición inaplicable. Naturalmente, me equivoqué: ignoraba la existencia de un tal Sánchez que, por aquel entonces, no había celebrado la Primera Comunión.

La felonía -ya anunciada por el propio gobierno- se va a sustanciar gracias a la voluntad decidida de retorcer la Ley de 1870 que establece las reglas para el ejercicio del indulto y que, de forma muy somera, analizamos:

1º) ¿Quiénes pueden ser indultados? Artículo 1: los reos de toda clase de delitos (de toda o parte de la pena) con excepción (artículo 2) de los pendientes de sentencia firme y los reincidentes, entre otros.

¿Pueden considerarse no reincidentes los que presumen abierta y ufanamente que “lo volverán a hacer” sin muestra alguna de arrepentimiento?

2º) ¿Quiénes pueden solicitar el indulto? Artículos 19, 20 y 21: los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre; el Tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal; por último, también el Gobierno, en el caso de que no hubiesen sido solicitados por los anteriormente citados.

Ninguno de los 12 penados lo ha solicitado y uno de ellos, Jordi Cuixart, además, se ha permitido el lujo de denostarlo en su respuesta a la sala. El resto se ha callado como pu… ertas. Las ocho solicitudes de indulto las han incoado asociaciones, fundaciones y el sindicato UGT. ¡Qué boda sin la tía Juana! De todas formas, al aguardo estaba el gobierno de Sánchez si falta hubiera hecho.

3º) ¿Qué condiciones debe reunir el indulto? Artículo 15: En el caso que nos ocupa, que no cause perjuicio a tercera persona, o no lastime sus derechos.

¿Puede decirse sin temor a errar que el indulto no causa perjuicio a la nación española en su conjunto cuando los condenados han pretendido birlarle un derecho inalienable, cuasi sagrado, como la soberanía?

4º) ¿A quién ha de dirigirse la petición? Artículos 23: al tribunal sentenciador para que emita el informe, que hemos conocido rubricado por la totalidad de los miembros de la sala. El Tribunal sentenciador (artículo 25) ha hecho constar en su informe, además de una serie de datos tasados, otros tales como: si el penado fue con anterioridad procesado y condenado por otro delito, si cumplió la pena impuesta o fue de ella indultado, por qué causa y en qué forma, las circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la parte de la condena que hubiere cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia.

El demoledor informe de los componentes de la Sala Penal del Tribunal Supremo explicita que la figura requerida por este artículo (la del arrepentido) no la contempla ninguno de los secesionistas condenados.

5º) ¿Qué debe apreciar necesariamente el Tribunal sentenciador para poder otorgar un indulto total? (Artículo 11) Se otorgará tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública. Sin embargo (artículo 12), en los demás casos, se concederá tan sólo el parcial, y con preferencia la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual.

Por tanto, la sala deja sin efecto la primera posibilidad (indulto total) y habrá que ver hasta dónde está dispuesto a enfangarse el gobierno, en los indudables contactos con los condenados, a la hora de conceder el indulto parcial, estando obligado, como está, a imponer otra pena menos grave pero pena al fin y al cabo.

6º) ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer este gobierno? Si nos remitimos a los antecedentes, la respuesta está clara: Habrá indulto y, posteriormente, iniciará el camino hacia la amnistía que difícilmente culminará por lo que se dirá en el siguiente punto.

El PSOE ya creó escuela tras las controvertidas elecciones de 1936, cuando Manuel Azaña firmó un decreto ley de amnistía para los golpistas como Companys, presidente de la Generalidad, que fue juzgado en 1935 por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que le condenó a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar por la proclamación de "la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica" el 6 de octubre de 1934. Más ultrajante aún resulta poner hoy a la firma del Rey una docena de reales decretos que choca frontalmente con su discurso del 3 de octubre de 2017 en el que situó al Gobierno catalán "al margen del derecho y la democracia.

7º) ¿Le saldrá gratis la fechoría a Sánchez y sus compinches? Todo apunta a que no será así y, por vez primera, cuatro décadas después, se exigirá ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ese “inaplicable” artículo 102 referido a la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno.

Sin perjuicio de otros gravísimos, al menos el delito prevaricación, empapado de un claro ejercicio de desviación de poder, reluce palmario: El artículo 404 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo aplicándole la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Bastan las hemerotecas sin necesidad de más pruebas para apreciar el delito. Y es que, conocida la sentencia, el “doctor” se engolaba, mientras su partido presumía de líder: “quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España… el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento… Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento… La vulneración de los principios de nuestra Constitución (igualdad entre ciudadanos, diversidad territorial, inviolabilidad de la integridad territorial y defensa de la soberanía nacional) está en la base de las acciones que han sido sancionadas en la sentencia del Tribunal Supremo… se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello una fractura de la convivencia dentro de la sociedad catalana… El autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán… La integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados los derechos y las libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española…”.

Quien a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria… ¡No hay más preguntas, señoría!

¿Pucherazo europeo?

 

21/06/24. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

Sobre las recientes elecciones al Parlamento Europeo, tratamos hoy otro asunto perverso sobre el que se ha pasado de puntillas por la mayor parte de medios y opinadores.

Antes, una somera noción de Derecho: Las fuentes del ordenamiento jurídico español, históricamente vienen definidas en el artículo 1.1 de nuestro Código Civil y resultan ser “la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. Además, su apartado 7 establece que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las mencionadas fuentes.

Pero, para nuestra pretensión de hoy, es necesario ir más allá y recordar que, desde hace justo 39 años, formamos parte de la Unión Europea, entidad que aplica sus normas jurídicas a todos los estados miembros. Así, a partir del Derecho primario de la Unión Europea, constituido básicamente por los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales, surge el Derecho derivado que constituye el conjunto de fuentes creadas con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en las fuentes del mencionado Derecho primario y que se clasifican como actos legislativos vinculantes (Reglamentos, Directivas y Decisiones) y actos legislativos no vinculantes (Recomendaciones y Dictámenes).

La diferencia de las directivas con los reglamentos radica en que estos últimos, se aplican directamente en los Estados miembros tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), mientras que las directivas no son de obligado cumplimiento hasta que no sean transpuestas al Derecho nacional. En cuanto a las decisiones, básicamente son actos vinculantes en su totalidad e inmediatamente ejecutivos cuando participa en su adopción el Parlamento Europeo (actos legislativos). Cuando no se adoptan de conformidad con el citado procedimiento, se denominan actos no legislativos y son amparadas, por ejemplo, por el Consejo Europeo, el Consejo o la Comisión Europea.

Valga esta pequeña pero necesaria introducción para valorar -atención a las fechas- otra de las acreditadas felonías del mamelucodelamoncloa, recordando que el 1 de junio de 2018 prosperó la moción de censura presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Como consecuencia de ello, el marido de Begoña fue investido presidente del Gobierno, cesando Mariano Rajoy, cuyo Gobierno permanece en funciones hasta el 7 de junio.

Solo un mes después, el 16 de julio de 2018, el DOUE y el BOE publicaron la Decisión (UE, Euratom) 2018/994, del Consejo, de 13 de julio de 2018, por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consejo de 20 de septiembre de 1976. Así, el Consejo de Europa aprueba una serie de artículos modificativos de esta última.

Especialmente, llama la atención la redacción del nuevo artículo 3 que, en síntesis, establece que (3.1) los Estados miembros podrán establecer un umbral mínimo para la atribución de escaños que no podrá ser superior al 5% de los votos válidos emitidos. Además, (3.2) si el Estado en cuestión utiliza el sistema de votación de listas, establecerá un umbral mínimo, no inferior al 2% ni superior al 5% de los votos emitidos, para la atribución de escaños en las circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños, incluidos los Estados miembro de circunscripción única. Por último, (3.3) los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la anterior obligación a más tardar para las siguientes elecciones al Parlamento Europeo.

Por su parte, el artículo 2 deja en las manos de cada Estado miembro la fecha de su entrada en vigor que resultará ser el día siguiente a la recepción de la notificación por cada uno de ellos de que han terminado los procesos necesarios enviada a la Secretaría General del Consejo.

En resumen, seis años después de la publicación de la Decisión y dos elecciones europeas más tarde (celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 9 de junio de 2024), con Sánchez a los mandos de lo que va quedando, España se ha convertido en Estado incumplidor de lo mandado por el Consejo que recomienda, para tener derecho a escaño, un umbral mínimo no superior al 5% pero que exige, entre otros, para el caso de España un umbral mínimo, no inferior al 2% ni superior al 5% de los votos emitidos.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio (LOREG), también de 1985 como la ya analizada Ley Orgánica del Poder Judicial, de 19 de junio, en los inicios del felipismo triomphant, ha sufrido un total de cuarenta modificaciones, también insustanciales a lo largo de su historia, ocho de ellas con posterioridad a este mandamiento del Consejo de Europa. Pues bien, su artículo 163 que atribuye los escaños en función del escrutinio mediante un sistema basado en la Ley d'Hondt, requiriendo al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción, no ha sido agraciado con ninguna de estas tres docenas largas de modificaciones en los 39 años de su vigencia, permaneciendo virgen al día de hoy, lo que vienen agradeciendo -extorsión mediante- grupos minoritarios, nacionalistas e independentistas. Para más inri, en lo referente a las elecciones europeas, la propia ley deja sin efecto el citado límite del 3% de votos válidos para obtener representación. Es decir, que si de elecciones al Parlamento Europeo hablamos, todavía más, ancha es Castilla… con perdón.

Las consecuencias, además de la ruptura de los pactos que mantienen en La Moncloa contra toda razón al informal y desleal presidente del gobierno, hubieran sido llamativas: Si se hubiera establecido un mínimo del 2%, CEUS, la coalición formada por el PNV y Coalición Canaria, entre otros, y que ha logrado un escaño con el 1,6% de los votos, se habría quedado fuera; si el umbral mínimo se hubiera dispuesto en el 3%, a los anteriores se habría sumado Junts, que ha conseguido un escaño con el 2,5% de los votos válidos emitidos; si el límite elegido hubiese sido el 4%, se uniría a los citados Podemos, con dos escaños y el 3,3% de votos; si, finalmente, nos hubiéramos ido al límite máximo la horquilla (5%), habrían quedado fuera, además de los anteriores, Se Acabó la Fiesta con tres escaños y el 4,6% de votos, Sumar, con tres escaños y el 4,7% y Ahora Repúblicas (EH Bildu, Ara Més y BNG) con tres escaños y el 4,9% de votos válidos.

Cierto es que no cabe hablar de pucherazo en sentido estricto, pues se ha aplicado por inacción el derecho vigente. Ahora bien, hasta el 21,31% de los escaños (13 de los 61) han podido adjudicarse, porque yo lo valgo, al margen del mandamiento comunitario que desde hace seis años viene obligando a nuestro país a actualizar su legislación.

Urge también en esta materia el más que deseado acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para que, no solo de cara a las elecciones europeas, sino a las de ámbito nacional, se establezca ese umbral mínimo por circunscripción que sea fiel reflejo de la representación de la nación española, con la vista puesta en un futuro estable de sus gentes y no en los intereses espurios de Antonio, también conocido como mipersona, consistentes en permanecer a cualquier precio al frente de un gobierno al reprise, y al que le importa un comino hacer de la necesidad virtud cuantas veces hagan falta, como viene proclamando sin sonrojarse.

Eutanasia a la Justicia

 

17/06/24. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

En un artículo doctrinal (Los avatares de Montesquieu. Muerte y RCP) publicado en el Diario La Ley el pasado 29 de mayo, argumenté los avatares por los que había pasado el desarrollo del aciago artículo 122.3 de la Constitución Española: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

El miércoles pasado, el levantamuros de La Moncloa, ha vuelto a poner el asunto de actualidad cuando, sin decir esta boca es mía a los representantes de la soberanía popular, mostró su comprobada desfachatez al abandonar la cámara baja para explayarse con su empleada, Silvia Intxaurrondo, en la televisión pública estatal y anunciar, en el marco de la sesión de baño y masaje de la baracaldesa, dos medidas que la extrema izquierda y el PSOE, valga la redundancia, vienen mascullando desde que dio comienzo la Dictadura de Sánchez. Por un lado, concediéndole a la oposición, generosamente y antes de “dar la respuesta oportuna”, dos semanas de plazo para llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por otro, informando de la creación de un órgano para censurar a los medios de comunicación que, según él, forman parte de la maquinaria del fango.

Tan alarmante sería la puesta en práctica de una medida como de la otra, pero centrémonos en la primera:

Está claro que a la situación actual de bloqueo del CGPJ se ha llegado, haciendo un resumen de Los avatares de Montesquieu. Muerte y RCP, tanto por la acción del PSOE como por la inacción del PP.

La triste historia que siguió a la brillante e impoluta Ley Orgánica 1/1980 de Cavero y Suárez, que establecía solemnemente que los doce vocales de procedencia judicial serían elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo… mediante voto personal, igual, directo y secreto, ha venido marcada por su derogación, a través de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, de infausta actualidad, obra de Ledesma y González, con la que Guerra proclamó la muerte de Montesquieu. Norma con la que el poder legislativo (en realidad el ejecutivo) se arrogó la potestad de nombrar a la totalidad del órgano de gobierno de los jueces.

Desde entonces, la práctica totalidad de las reformas sobre este asunto trascendental, sin hurgar en lo sustancial, se han llevado a cabo hasta el mismo 2015 por gobiernos del Partido Popular que (primero con Acebes y Aznar y después con Ruiz Gallardón, Catalá y Rajoy al aparato) introdujeron un sistema mixto, en el que se mantuvo el espíritu de la reforma socialista de 1985 al seguir permitiendo la elección parlamentaria de los jueces y magistrados del CGPJ, aunque dando mayor relevancia en el procedimiento de propuesta de candidatos a los propios jueces y magistrados, así como a las asociaciones judiciales existentes.

Pero con ser importante la trayectoria hasta entonces, el marido de Begoña con la pericia que le caracteriza y especialmente arropado por sus altavoces mediáticos, endilgan la parálisis a la oposición, pretendiendo hacernos olvidar que el auténtico cerrojazo al normal funcionamiento del CGPJ lo perpetró precisamente Sánchez, con la ayuda inestimable de Pilar Llop, mediante la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, que instauró una serie de limitaciones a las atribuciones del CGPJ.

El citado artículo 570 bis apenas deja una exigua tabla de funciones al CGPJ cuando “no se haya producido su renovación en el plazo legalmente previsto”. Volviendo la oración por pasiva, de la desbordante lista de atribuciones para su correcto funcionamiento del artículo 560, sisadas hace ya dos años por el mamelucodelamoncloa, mientras acusa a los demás de paralizar al órgano de gobierno de los jueces, extraigo las más trascendentales:

- Proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

- Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.

- Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.

- Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.

- Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de estos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.

- Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.

- Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su Director y al resto de su personal.

- Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales.

- Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.

- Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.

- Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias: Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial; Personal del Consejo General del Poder Judicial en el marco de la legislación sobre la función pública; Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales; Especialización de órganos judiciales y Reparto de asuntos y ponencias.

- Elaborar y ejecutar su propio presupuesto.

- Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

- Elaborar y aprobar los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.

La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al Juez o Magistrado, que corresponde en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.

En definitiva, ninguna de estas funciones pueden ser hoy ejercidas por el CGPJ. Parece claro que la idea de Sánchez, jaleado por sus vicepresidentas, Alamierda y Tucabrón, no es otra que practicar la eutanasia no solo al órgano de gobierno de los jueces, sino a la misma Justicia, a la que él y sólo él, hace ya dos años, dispuso con respiración asistida en estado vegetativo.

200103. Aquí sentado, esperando a Susana y a los barones

 

Como anuncié el primero de junio pasado, a los siete años en el dique seco en lo que en RRSS a mí respecta, se une un lustro de colaboraciones muy esporádicas en otros medios y espacios tales como Letra Cursiva, El Tercer Lado, esRadio o Columnas Blancas, que iré recordando en este reaperturado espacio, poco a poco. Algunas parecerán nostálgicas, otras se antojarán imposibles a la luz de los acontecimientos vividos en España y, especialmente, en Andalucía en los últimos cinco años… Continuamos con Letra Cursiva: Aquí sentado, esperando a Susana y a los barones, publicado el 3 de enero de 2020 (2 de 5)

 

• Para hoy, con nocturnidad, alevosía y festividad, está prevista la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE en la que se analizará, tras la pertinente reforma estatutaria, el flamante acuerdo alcanzado con ERC y ratificado ayer por su Consell Nacional

• De ellos, solo García-Paje al modo Cid Campeador balbuceó hace unos días su colosal oposición (“no quiero vaselina para Reyes”) al pacto con comunistas, independentistas y proetarras

El precursor del teatro del absurdo (nada pasa, nada viene, nadie va) pretendió representar la insignificancia de la vida moderna tras la Segunda Guerra Mundial.

Con toda seguridad, cuando Beckett estrenó en los años cincuenta de la pasada centuria Esperando a Godot, no imaginaba la dirigencia española actual, pero la perfiló como muy pocos.

Para hoy, con nocturnidad, alevosía y festividad, está prevista la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE en la que se analizará, tras la pertinente reforma estatutaria, el flamante acuerdo alcanzado con ERC y ratificado ayer por su Consell Nacional. El mismo se fundamenta en la creación de una mesa de negociación "bilateral" que debe iniciarse en 15 días tras la constitución del nuevo Gobierno y en la celebración de una “consulta” a la ciudadanía catalana.

La comisión ejecutiva socialista, a imagen y semejanza de su mandamás, está integrada por fieles como Cristina Narbona, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Óscar Puente, Patxi López, Odón Elorza, Alfonso Rodríguez o Susana Sumelzo. Conocida la alineación, imaginen el resultado del partido.

Personificadas en Alfonso Guerra, de nada servirán las únicas voces de ultratumba, la de dirigentes ya retirados que se han pronunciado contra el pacto. Paradójico resulta que, mediante la más socorrida puerta giratoria de los años ochenta (el trasvase PCE-PSOE), una “personaja” que entró por la gatera en erpartido se permita el lujo de reprobarle. ¡A moro muerto gran lanzada…!

Tras la deriva del okupa de La Moncloa, Godot, ese personaje al que siempre se aguarda con extrema paciencia, continúa sin aparecer. Encarnan a la perfección su papel Susana Díaz y el resto de barones socialistas (Emiliano García-Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Javier Fernández) que ni están, porque fueron expelidos del cónclave, ni se les espera, porque han hecho del silencio clamoroso su única forma de supervivencia ante el ninguneo de Sánchez al comité federal.

De ellos, solo García-Paje al modo Cid Campeador balbuceó hace unos días su colosal oposición (“no quiero vaselina para Reyes”) al pacto con comunistas, independentistas y proetarras. El resto callados como… dicen Ramoncín o Herrera. En concreto, de la esperanza que llegaba del Sur, de la chica de la estación (del AVE) nunca más se ha sabido. Desapareció de la circulación a la misma velocidad con la que decidió, sin oficio ni beneficio, evocando un pasado agrio y un futuro sin ilusión, resguardar su faldriquera, el sustento diario propio y el del tieso que le tocó en suerte.

Aún así, bien en comandita, bien cualquiera de ellos, tienen la ocasión el próximo 7 de enero de enterrar la partitocracia en la que pastelean, rompiendo la disciplina de voto y defendiendo con sus diputados en la sede de la soberanía nacional la dignidad de centenares de miles de andaluces, manchegos, aragoneses, extremeños o asturianos que no conciben que el granero de votos socialistas sirva para hacer más pobre a Andalucía, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura o Asturias, en beneficio exclusivo de los más poderosos y de los que (Ortuzar dixit) no se sienten españoles ni por el forro.

Y en esto que, esperando aquí sentado, desperté.