De profanador de tumbas a exaltador de panteones

 

16/04/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “A nadie sorprende ya que quien se ha proclamado guía espiritual de la “memoria democrática”, se muestre tan ignorante respecto de uno de los genocidas más reconocidos… ”

Se amontonan los desatinos que brotan de los felones monclovitas y, así, con ánimo de reivindicarse, durante el reciente viaje que Antonio @sanchezcastejon ha emprendido por Extremo Oriente -al tiempo que las bolsas de todo el mundo se debatían en la incertidumbre generada por Trump, alimentada por la Europa de Von der Leyen y enloquecida por la China del dictador comunista Xi Jinping- tuvo un instante en su apretada agenda para publicar en la red social X un mensaje para la posteridad que conviene no dejar en el olvido: “Este año, Vietnam celebra el 50 aniversario de su reunificación y del fin de la guerra. Durante mi visita a Hanói he expresado la cercanía del pueblo español con una ofrenda floral en el monumento a sus héroes y una visita al mausoleo del presidente Ho Chi Minh”. Y se queda tan fresco…

Al tiempo, España o, mejor dicho, el Gobierno, “conmemora”, con su presidente a la cabeza, lo que ha dado en llamar “50 años de libertad en España”. En un alarde de ignorancia absoluta de la reciente historia de nuestro país, en la web de La Moncloa todavía puede leerse: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a impulsar, a lo largo de 2025, la conmemoración de los 50 años de libertad en España, al cumplirse cinco décadas de la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio de la Transición Española”.

A ver si se entera el zoquete: si de 1975, año de la muerte del Caudillo, a 2025, fecha de la pretendida celebración, van 50 años, resulta ser lo único en lo que ha acertado. Sabe restar, que no es poco para un doctor en Economía, eso sí, por una universidad privada… ¡Si don Camilo José levantara la cabeza! Porque, con el resto de la soflama, muestra su absoluta ignorancia: si en 1975 comenzó lo que llama libertad, debiera parecerle claro que España disfrutaba de ella en aquel tiempo porque lo único que acaeció por entonces en el plano político fue la continuidad hasta el 2 de julio de 1976 -lo era desde 1973- de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno; después, tras la interinidad de tres días del Teniente General Fernando de Santiago, el Rey designó presidente del Gobierno a Adolfo Suárez que ostentó el cargo hasta el 17 de junio de 1977, instante en el que volvió a ser ratificado por confirmación real tras las primeras elecciones libres, compromiso que revalidó hasta el 31 de marzo de 1979, fecha en el que volvió a tomar posesión, esta vez sí, tras las primeras elecciones generales constitucionales.

Tan desatinada evocación, considerando efemérides importantes, ésas sí, como las que se avecinan en 2027 o en 2028 -cincuentenarios de las primeras elecciones libres y de la promulgación de la Constitución Española, por ejemplo-, solo le viene a cuento para poner en valor su “hazaña” de hace un lustro, la de profanar la tumba del penúltimo jefe del Estado 34 años después de su inhumación.

 

Nada que ver con esa dócil y respetuosa, casi sumisa, inclinación de cabeza que el incompetente brindó, en su mausoleo, al dictador vietnamita Ho Chi Minh, gesto que no se le recuerda en ningún otro lugar, excepción hecha de las dos protagonizadas ante la señera rojigualda; la segunda, bien cierto, más comedida y ya casi repuesto de la hernia cervical que le originó la primera.

 

De las peripecias y andanzas de Franco en el plano de la represión, todos tenemos noticias, minimizadas unas por sus adeptos, hinchadas otras por la propaganda mayoritaria de sus adversarios, pero en ningún caso comparables por su magnitud e impiedad con las de su admirado Ho Chi Minh, “asesino brutal dedicado a expandir el comunismo por Asia”, en palabras del investigador independiente Paul Schmehl; o, directa e indirectamente, responsable de la desaparición de 1,7 millones de camboyanos, 2 millones de vietnamitas y posiblemente 230.000 laosianos, según las estimaciones del historiador francés Stéphane Courtois en “El libro negro del comunismo: Crímenes, terror y represión”.

A nadie sorprende ya que quien se ha proclamado guía espiritual de la “memoria democrática”, se muestre tan ignorante respecto de uno de los genocidas más reconocidos que -si bien a distancia de la medalla de oro que ostenta la República Popular de China (60 millones) y de la medalla de plata cosechada al unísono por la Unión Soviética y Alemania (20 y 17 millones)- comparte pódium en estas olimpiadas numéricas de la infamia con Camboya y Corea del Norte (2 millones) y ya lejos de sus perseguidores comunistas de Latinoamérica, de la Europa Oriental o, en el plano doméstico, de la represión en la zona republicana (100 mil).

Que un impostor, un analfabeto funcional, se comporte así solo puede entenderse si sus cientos de asesores disfrutaran de su misma clarividencia o, también pudiera ser, vinieran en comandita de esa tan denostada universidad privada…

La ocurrencia como fuente del Derecho

 

14/04/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “Resulta necesario referirse a la novedosa ‘fuente del derecho’ que ha estado a punto de surgir de la mente del inefable Conde-Pumpido y que no es otra que la ocurrencia” 

Desde su reforma de 1974 hasta hoy, en el frontispicio de nuestro Código Civil de 1889 -en el punto 1 de su artículo 1, dentro del capítulo I del título preliminar- puede leerse: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. A ellas se suman, si bien no en sentido estricto, la jurisprudencia y la doctrina.

¿Y qué se entiende por fuentes del derecho? Los actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear Derecho y que deben servirnos para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que promuevan normas.

Después de esta pequeña pero necesaria introducción, y tras las últimas artimañas pergeñadas por determinados magistrados del Tribunal Constitucional con su presidente a la cabeza, resulta necesario referirse a la novedosa ‘fuente del derecho’ que ha estado a punto de surgir de la mente del inefable Conde-Pumpido y que no es otra que la ocurrencia.

Cronológicamente: el 27 de marzo pasado, la Audiencia de Sevilla consideró en una fundamentada providencia que las valoraciones hechas en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el fraude de los ERE que ampararon a los ex altos cargos andaluces, con Griñán y Chaves a la cabeza, no eran del todo compatibles con el derecho de la Unión Europea y concedió diez días a las partes para que presentaran las alegaciones que estimasen oportunas. La primera en oponerse fue la defensa de Griñán y a renglón seguido -¡qué boda sin la tía Juana!- la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello, pese a que el único precedente, de 1964, dejaba muy clara la primacía de los Tratados de la UE sobre el ordenamiento de los estados miembros: cuando corrigió a la Corte Costituzionale italiana en una oposición planteada por la Corte de Milán que, tras el fallo de la primera, se dirigió al TJUE.

Aunque, finalmente, el pasado martes dio marcha atrás, de la misma opinión -¿quién lo dudaba?- era Cándido, que llegó a considerar que esa decisión de la Audiencia de acudir al tribunal con sede en Luxemburgo era “un acto de rebeldía” ante las decisiones adoptadas por el órgano que preside, admitiendo que le preocupaba muchísimo “que se cuestionara la legitimidad de la corte de garantías desde la política y desde el Supremo”, y llegando a lamentar que “se amenazara a sus magistrados, incluso por la vía penal, por la respuesta dada al desafío” planteado por el órgano judicial afincado en el sevillano Prado de San Sebastián.

Pese al repentino cambio de opinión, es necesario que conste en acta -de cara al inminente futuro en que todos lo negarán sin rubor- que al antiguo ex fiscal general del Estado durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) llegó a intranquilizarle el asunto, reconociendo que la providencia le quitaba el sueño, tanto que en plena madrugada, al modo de los tebeos de siempre, se le “encendió la bombillita” para, a continuación, raudo y veloz, acudir a consultar a los magistrados de la Sala Primera, a los que les reveló su novísima y flamante fuente del Derecho, en definitiva, su ocurrencia, la misma con la que, sin esperarlo y en desesperante insomnio había tropezado: un caso anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, ni corto ni perezoso, puso en relación con éste, con el que verdaderamente les importa, con el de los ERE.

Sin embargo, después de casi dos horas de locución del que ya mostró su disposición (“el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”) a no interferir en las negociaciones de Zapatero con ETA; pese a haber pronunciado frases tales como “no estoy dispuesto a admitir que ningún juez ponga en entredicho el resultado de sus resoluciones [las del TC]”, o que “en los 40 años que España lleva en la UE siempre se han presentando las cuestiones prejudiciales antes de dictar sentencia y nunca después de una sentencia firme”, Cándido y el bloque izquierdista recularon de improviso: tan grosera hubiera resultado la maniobra que hasta a estos asaltatrenes les pareció demasié.

Pero… ¿Y ese cambio inesperado de rumbo? ¿Qué estarán pergeñando en sus retorcidas mentes? No cantemos victoria: tras resolver el asunto en el último segundo y tirando de foto-finish, hoy, 94 años después, volverán a aclamar la llegada al Gobierno Provisional del Comité Revolucionario que tanto añoran, el mismo que, tras quebrantadas promesas, tanto sufrimiento y tormento trajo al pueblo español.

El señor Mopongo y la aprendiz de Delsy

 

31/03/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “Sigo sin imaginarme oír de boca del gallego aquello de ‘mopongo’”

 

Tendría su gracia si la artista fuera graciosa en lugar de graciosilla y si, alamismavé y obviando las habituales, extravagantes y zafias muecas desde su escaño, no destacara como la ministra “sobresaliente cum laude” que más patadas por minuto viene dando al Diccionario de la Lengua Española, lo que ya es meritorio teniendo tan cerca a Yolanda y Pilar.

Todo apunta (ya lo contó hace dos años y medio) que el recurrente chiste puesto en escena de nuevo ayer en Málaga, en el enésimo acto de los socialistas en pos de dar lustre al chiringuito andaluz en el que se refocilaron durante cuatro décadas, no fue sino una tosca y torpe expresión de la protagonista que un avispado asesor monclovita -del más de medio millar a su servicio- supo cosechar para solaz de los propios, eso sí cambiando de comediantes. Así, lo que sin duda alguna vez soltó Marixu por esa boquita, se lo endiñan ahora a Feijóo y asunto arreglado.

Sin embargo, justo es reconocerlo, algo ha aprendido, pues en aquel septiembre de 2022, cuando se refirió por primera vez al líder popular como “el señor Mopongo”, incurrió en un desliz xenófobo de los que solo se le perdonan a la progresía: “Feijóo es el señor ‘Mopongo’, y no es que venga de África, es que es ‘ponga usted una propuesta’, que yo mopongo. Da igual lo que usted diga, yo, mopongo” (disculpen el embrollo, es textual). No, ni La 1, ni Cuatro, ni La Sexta, solo algunos aguerridos de las redes sociales reprocharon a la ministra por esa expresión que tan profunda carga de racismo encierra.

Ya es curioso que tache a los demás de hacer obstruccionismo siendo como es la primera novicia de quien se placía ante Rajoy con aquel terminante “no es no, ¿qué parte del ‘no’, no ha entendido?”.

A los que continúan incidiendo en la existencia de un lengua andaluza, conviene recordarles gratuitamente -de gañote, o de pescuezo, decimos aquí- que es lenguaje la capacidad del ser humano para comunicarse mediante signos; es lengua el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos en un determinado grupo; y, finalmente, es habla la manifestación oral de esta última.

Y no, no es inculta el habla andaluza, todo lo contrario, incluso en la garganta de Marixu. Cosa distinta son sus célebres incongruencias, que no chascarrillos, que ni ella misma entiende, tampoco la Yoli, baste mirar la cara que puso en la última de las ocasiones que a continuación se recuerdan:

“Chiqui, mil millones no son nada”…

“Este Gobierno ha solicitado entrono al billón o billón y medio de euros”…

“Los abuelos no quieren las pensiones para ellos”…

“Lo que dice el acuerdo es lo que dice y lo que no dice el acuerdo no lo dice”…

“No es que Hacienda vaya a recaudar más, de lo que se trata es de que no recaude menos” (sic).

 

Pero la locuacidad de la vicepresidenta primera no siempre da por unas compasivas risotadas y no ha desaprovechado el fin de semana en Jaén para corroborarlo, donde se permitió arremeter contra la justicia y en particular contra los cuatro magistrados del TSJ de Cataluña, tres de ellos mujeres, que el día anterior revocaron por unanimidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso Dani Alves, al que condenó a cuatro años y medio de prisión como responsable de un -otra vez presunto- delito de agresión sexual a una joven de 23 años en los lavabos de un reservado de la barcelonesa discoteca Sutton.

En este caso, ya desbarrando, su facundia deviene logorrea: “¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!”.

Esta señora, pese a todo, es hoy vicepresidenta del Gobierno de España, aunque su referencia sigue siendo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Según el Índice del Estado de Derecho de World Justice Project, de un total de 142 países, la república bolivariana ocupa el primer lugar -por la cola- en lo que al cumplimiento de leyes respecta. España está en el puesto 25, pero con una Marixu absolutamente dispuesta a acortar las distancias.

Aún después de esto y volviendo al principio: sigo sin imaginarme oír de boca del gallego aquello de ‘mopongo’.

El Barranco del Poyo ¡Que cada palo aguante su vela!

 

06/03/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 “¿Cómo de calamitosa ha de ser la situación y con cuántos minutos ha de conocerse para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se celebre, se apruebe la solicitud, se levante acta, se envíe el burofax al ministro de las barbas blancas y que éste se ponga al mando?”

Los recientes aguaceros, generalizados en España, pero de nuevo muy acentuados en la zona levantina, nos hacen retroceder justo tres meses cuando me referí aquí a la operación, que por entonces comenzaba, de acoso, derribo y crucifixión de Carlos Mazón y que, llevada a cabo por la manada izquierdista, se veía venir de lejos ante la inoperancia de un gobierno autonómico en absoluto dispuesto a explicar que las efectivas carencias de su gestión fueron siempre de la mano y en paralelo de un comportamiento perverso de quienes tenían la información y dejaron de distribuirla durante dos horas y media en el momento más crítico de los efectos de la tormenta; y de los que, según la ley, poseyendo idénticas potestades a las del presidente valenciano, no movieron un dedo para tratar de cambiar el curso de los acontecimientos que condujeron al desastre.

Es, decir, un trimestre después, el PP se sigue dejando comer la tostá de la responsabilidad y no reclama siquiera la mitad del tentempié a un gobierno central corrupto hasta el tuétano y perennemente jaleado por sus alborozadas milicias… un desayuno enfangado que, si nunca se volverá apetitoso por la magnitud de la tragedia, pudiera servir de aperitivo político cuando no hay mejor bocado que llevarse a la boca.

Decía entonces y confirmo ahora que no seré yo quien le quite responsabilidad a la administración valenciana como parece que los dirigentes populares pretenden ahora y pocas son las concentraciones -ya multitudinarias, aprovechando los sábados falleros, con la suma de acreditadas excrecencias del zurderío patrio desembarcando en la Plaza del Ayuntamiento, antes del Caudillo, mediante bus de gañote y bocadillo de chope a punto de caducar- para pedir la marcha de su máximo dirigente. Pero, pregunto, ¿no existen más transgresores, en Mazón confluyen todas las culpabilidades?

Repasemos de nuevo una de las leyes de obligado cumplimiento para un asunto como aquél:

Partimos de dar por aceptada la imposible aplicación de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, especialmente su artículo 10.5 que hace recaer en el Consejo de Gobierno la solicitud al Ministro del Interior de la declaración de una situación de emergencia como de interés nacional. Obsérvese -¡hay que hacer ruido, Iñaki!- que se continúa hablando de dejación de funciones -lo que está muy bien y, además es cierto- sin pararse siquiera un momento a repensar que, en virtud de la ley, tendría que reunirse previamente al Consejo de Gobierno para hacer la correspondiente petición al ministerio de Marlasca. Y necesariamente surge la pregunta: ¿Cómo de calamitosa ha de ser la situación y con cuántos minutos ha de conocerse para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se celebre, se apruebe la solicitud, se levante acta, se envíe el burofax al ministro de las barbas blancas y que éste se ponga al mando? Lo dicho, una ley, esta 13/2010, estridente como tantas otras pero que demuestra la imposibilidad de llevar a la práctica, en los momentos cúlmenes para los que se diseñó, lo que de de manera tan rimbombante como fatua se puso en el papel desde el sosiego y el desconocimiento de los despachos de los legisladores.

Pero no es la única -¡será por leyes en España!-: otras disposiciones iguales o de superior rango reclaman la atención de otras instancias en las que hasta ahora nadie, ni el mismo PP, ha puesto la proa, en un alarde de lealtad “porque no todos somos iguales”:

Y es que el artículo 2.a de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece así de clarito que el Gobierno (autoridad competente según el artículo 7) podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras alteraciones graves de la normalidad, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

Sí, dice textualmente “inundaciones” y dice la RAE, señor Sánchez, para su número gramatical singular: “Acción y efecto de inundar. Dicho del agua: Cubrir un lugar determinado o un territorio”. Con esta herramienta en sus manos, ¿en qué estaban pensando la Delegada del Gobierno y el propio Ministro del Interior? Aquí no vale el “¡si necesitan ayuda, que la pidan!”, es una potestad única y directa del Gobierno de España de la que -presuntamente- se hizo una criminal dejación.

Pero hay más: la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil declara solemnemente que son emergencias de interés nacional (artículo 28), además de las que tienen su origen en la anterior ley 4/1981 y de las que afecten a varias Comunidades Autónomas (y recordemos que, aunque en menor grado, Andalucía y Castilla-La Mancha se vieron igualmente amenazadas por el temporal), ¡atención!:

        3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. ¿Quiénes sabían a la hora del café de aquel día de lo que se venía encima? Estamos seguros, porque ellos mismos lo han dicho, que la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué no actuaron en consecuencia?

Pero sigamos, ¿a quién corresponde la declaración de interés nacional? Resulta cristalino que, según el artículo 29, directamente al Ministerio del Interior, a través de tres procedimientos:

1)    Por propia iniciativa (que, además, según el artículo 30, debería asumir su dirección).

2)    A instancia de las Comunidades Autónomas.

3)    A instancia de los Delegados del Gobierno en las mismas.

Todavía hoy, la campaña -repito, merecida- contra Mazón sigue bebiendo de aquella frase tan indigna como representativa del voceador: ¡Si necesitan ayuda, que la pidan!

¿A qué espera el Partido Popular para asumir responsabilidades, que las tiene, pero al mismo tiempo hacerlas compartir con quienes tenían la información, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar; y con los que, según las leyes en vigor, debieron tomar el mando de las operaciones al tratarse, por sus dimensiones efectivas o previsibles, de una emergencia de interés nacional, el Gobierno y en primer término el Ministerio del Interior?

¡Que cada palo aguante su vela!

Crimen sin castigo

 

10/02/25. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

Al final habrá castigo para los responsables y estos serán los que, sin verificadores de ninguna clase, y con la venia del Constitucional, dicten los tribunales

Lo mismo que, entre 1866 y 1867, la novela Crimen y Castigo de Dostoiévski se dio a conocer por entregas en la revista El mensajero ruso, el thriller del Barranco del Poyo nos viene dando sobresaltos entre 2024 y 2025, desde el 24 de octubre pasado, mediante intrigas y suspense, con mentiras y medias verdades que, más pronto que tarde, habrán de dilucidarse ante la Justicia.

Tras la publicación por Las Provincias, El Español y El Mundo del audio del 19 de diciembre (dos meses después del desastre de la gota fría) entre el secretario valenciano de Medio Ambiente, Raúl Mérida y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en el que este último aseguraba en apacible confesión que “no se transmitió información de la Rambla del Poyo entre las 16:13 y las 18:43”, ha faltado tiempo para que los altavoces mediáticos y fervientes blanqueadores del régimen sanchista intenten borrar toda mácula del proceder, en aquella aciaga tarde, del organismo hidrográfico que, como bien se sabe, perteneciendo a la administración del Estado, está adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Para ello, como bien dice la radio (“si algo pasa, está la SER”), también están La Sexta y demás marcas blanquirrojas como newtral y maldita.es para contar las cosas a su manera. Es el caso de esta última que, apenas horas después de las publicaciones, dio a conocer su objetiva opinión sobre el asunto.

Pese a comenzar reconociendo que la noticia divulgada es cierta, y que la misma sirvió al presidente de la Generalitat Valenciana como prueba para afirmar que esa tarde “hubo apagón informativo”, se refiere después al tuitero comunicado de respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar que afirmaba que la intervención de su presidente “está sacada de contexto” y que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) “estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos”. Es únicamente en este documento, al que pretende diseccionar a base de machota y faca, en el que maldita.es basa una argumentación encaminada a dar como sea la razón al organismo estatal.

Continúa revelando que no ha tenido acceso a los audios pese a haberlos pedido, y se refiere de pasada a lo que El País y elDiario.es publican como verdad incontestable: que en la continuación del audio se escucha a Polo decir que “los centros de coordinación de emergencias (CECOPI), aparte de tener la información disponible en el SAIH de la Confederación, hay constancia fehaciente de que la información se estaba recibiendo” [sic]. Y, a continuación, transcribe los audios aún sin estar en su poder:

Así, Mérida inquiría a Polo aquel 19 de diciembre: “… me hubiera gustado saber tu opinión … se habla de que desde las 16:13 hasta las 18:43 no se recibió información, cuando por la mañana sí habíais dado información vosotros, habíais enviado varios mensajes … pero en ese momento en el que sí que se multiplica rápidamente el caudal no hay una información … me gustaría saber qué ocurrió ahí … ante la catástrofe que venía, ¿cómo nadie se comunicó?”.

Y Polo respondía: “La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias, nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real”. 

Mérida: “Pero en esas horas no transmitisteis …”.

Polo: “No, no, pero me explico. Claro que se transmitió, se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo… Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Poyo”.

¿Parece claro, no? Pues aquí llega maldita.es para sacar sus propias conclusiones y, con ello, también, del apuro al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, aunque al final resulte que consigue meterle más en el lío. Y si no es así, ayúdenme a descifrar lo que dice quien dice estar contra los bulos: “La CHJ dice que el audio que se ha publicado no está completo y la frase atribuida a su presidente está sacada de contexto, porque se refirió a que “durante ese preciso lapso de tiempo del que se estaba hablando, desde las 16.13 horas a las 18.42, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) no envió ningún aviso automático sobre el incremento de caudal en el barranco”. Si mi conocimiento del castellano no es del todo malo, creo entender que el SAIH durante esas dos horas y media no envió ningún mensaje sobre el caudal del barranco.

Pero a ellos lo mismo le da que le da lo mismo y maldita.es continúa con el alegato exculpatorio tras el punto y seguido: “inmediatamente antes de esa frase e inmediatamente después, Polo afirma que en todo momento el SAIH estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos, (también de caudal en la rambla del Poyo) negando el supuesto 'apagón informativo' que esgrime la Generalitat. No hubo interrupción alguna en ningún momento”. A la vista de esto, no yo, el mismísimo Miguel de Cervantes entendería que el SAIH durante esas dos horas y media y en todo momento estuvo funcionando y transmitiendo datos sobre el caudal de la rambla.

No conformes con ello, a continuación, nueva aclaración y consiguiente nueva contradicción: “El SAIH no envía alertas sobre crecidas, sino que muestra el caudal del río en tiempo real (aunque con un desfase de entre 15 y 20 minutos) … Lo que no se enviaron entre las dos horas citadas fueron correos electrónicos desde la CHJ a Protección Civil de la Generalitat sobre el barranco del Poyo”. A ver, tras esto, estoy seguro que el manco de Lepanto y yo, ante dos jarritas de Valdepeñas, sacaríamos la misma conclusión y a la vez distinta de las anteriores: Ahora apunta a que el SAIH sí enviaba las alertas pero la confederación dejó de enviar los correos electrónicos tal y como venía haciéndolo con anterioridad.

Ya, como colofón, estos luchadores incansables contra las falsedades, vuelven a disparar, incriminando a los dirigentes autonómicos y respaldando a los estatales: “La CHJ asegura también que el aviso de las 18:43 horas se realizó durante un “receso impuesto por la dirección de la emergencia que, unilateralmente, interrumpió la reunión del CECOPI durante una hora con el fin de decidir una respuesta a la emergencia…”.

Tras el análisis, parece que en esta ocasión la verificadora, en su pretendido afán de confirmar la descontextualización de la información publicada por los periódicos -que, efectivamente, los sistemas automáticos estaban enviando información de los movimientos negativos y positivos del caudal del barranco, pero no la advertencia, llamémosle desencriptada, traducida, descifrada y entendible para los compontes del CECOPI que, por otra parte, no tienen porqué saber del grado de peligrosidad que tiene un caudal de 87 o de 2.500 metros cúbicos por segundo, o de cero como es el habitual- no ha sido capaz de desmentirla, todo lo contrario: arroja más dudas sobre la abundancia o escasez de comunicaciones descifradas que ciertamente se facilitó desde la confederación hidrográfica.

Como siempre, aquí lo importante y absolutamente trascendente para la horda de sectarios habituales, sabedores de su presunta participación en el crimen perpetrado al menos desde la imprudencia en forma de imprevisión, era y continúa siendo que Mazón siga recibiendo su dosis semanal de escraches en forma de manifestaciones y escupitajos, acusándole de todas las desgracias generadas por la tragedia, mientras otros -la justicia lo dirá- iguales o más responsables de lo acontecido, se eternizan en sus poltronas, o son encaramados a mayores encargos, como ha ocurrido con la propia ministra que, tras no dar la cara en la zona afectada, la colocamos en Europa y con la Delegada del Gobierno en Valencia, ascendida a los altares de Ferraz, que, como ya apuntamos el pasado 2 de diciembre en estas páginas, también incumplió el mandato del artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que le obligaba a requerir del Ministerio del Interior la declaración de interés nacional de la emergencia. Y apunto a la “imprudencia” porque, estoy seguro, que de haberse conocido las consecuencias, nadie en su sano juicio, hubiese actuado de manera tan irresponsable, ni siquiera quien dijo ¡si necesitan ayuda, que la pidan!

A raíz de todo ello, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha dado un plazo de cinco días, no prorrogable, para que se le facilite el nombre del técnico que ejecutó la orden de alerta pasadas ya las ocho de la tarde, cuando la situación en algunas localidades afectadas era catastrófica. Al tiempo, ha pedido a la Conferencia Hidrográfica del Júcar que facilite los datos de caudales del Barranco del Poyo de esa tarde y los medios utilizados para transmitir dicha información. Al final habrá castigo para los responsables y estos serán los que, sin verificadores de ninguna clase, y con la venia del Constitucional, dicten los tribunales.

Con la aparición en escena de la Justicia, lenta pero implacable, el remedado título de la novela de Dostoiévski que encabeza esta reflexión aplicado a la tragedia valenciana de octubre, queda a la espera de que se sustituya por la necesaria conjunción copulativa lo que ahora mismo es una infame preposición.