23/11/16.
Mi colaboración de ayer en El Demócrata Liberal
El Parlamento andaluz ratifica las 35 horas
semanales para los empleados públicos con los votos de PSOE, IU y Podemos y las
abstenciones de PP y Ciudadanos
“¿Qué pasa por la mente de los responsables del PP y de
Ciudadanos para que no se atrevan a votar en conciencia, respetando la
legalidad?”
Que las
instituciones autonómicas de la representación popular están bajo mínimos en
cuestiones de vergüenza, de moral y de ética, cuando no ayunas de la más mínima
instrucción, ya a nadie extraña. Que nuestros representantes -¡sálvese quién
pueda!- actúan como mandados de las direcciones de sus partidos y no de sus
electores, es una evidencia cada vez mayor.
Hace casi un mes, con ocasión de la aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Junta
de Andalucía del Decreto-ley 5/2016 que ha(bría) de regular la jornada de trabajo
del personal empleado público de la
Junta de Andalucía, tuve la ocasión de manifestar mi opinión al respecto, que no es otra
que la del respeto a la legalidad, sin triquiñuelas ni retorcimientos,
basándome, exclusivamente, en que se trata de una competencia estatal que, en
concreto, ha fijado una jornada laboral mínima de 37 horas y media semanales y
que, a más a más, había sido refrendada por la Sentencia del TC 99/2016
que desestimó una reclamación similar de
la Generalidad
de Cataluña y de otra más reciente, del Gobierno
de Castilla-La Mancha.
Terminaba la disquisición
recordando: el fraudulento decreto “que promueve tan engañosa expectativa habrá
de ser ratificado, o no, en el pleno de las Cinco Llagas. Será el momento en el
que todos y cada uno se retraten…”.
Y llegó el instante
de la foto: el pasado día 10 nuestros 109 apoderados en el Parlamento
andaluz tuvieron la ocasión de mostrar sus (des)vergüenzas. El texto propuesto
por el gobierno se aprobó, naturalmente, con los votos del PSOE -cuyos
responsables, como tienen acreditado, vienen conjugado los verbos contravenir y
engañar al unísono- a los que se sumaron, al carecer de un programa
medianamente serio en esta y en el resto de materias, los de Podemos e IU, en
su único y celebrado afán de abrir un nuevo frente con el gobierno del Estado.
Si todo ello era
esperable, las abstenciones de PP y de Ciudadanos deja el adjetivo maricomplejines
-made in Jiménez Losantos- en desfasado e insuficiente a la hora de
calificar el desahogo moral de los llamados a mantener el orden, la compostura,
la decencia de las instituciones en definitiva.
Pero colmo, el
decreto ley debatido en el Parlamento no contaba con ningún informe jurídico
que lo respaldase, porque a ningún letrado en ejercicio le va eso de prevaricar
alegremente y, además, porque el presidente de la cámara -que para eso debutó saltándose
el Reglamento- no lo permitió. Tan seguros están el gobierno y sus
respaldos en La Macarena de la infracción que, tras dictaminar el
Consejo Consultivo que se trata de normativa básica estatal, ha hecho
desaparecer del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 la disposición
adicional del anteproyecto que recogía las 35 horas semanales.
¿Qué pasa, pues,
por la mente de los responsables del PP y de Ciudadanos para que no se
atrevan a votar en conciencia, respetando la legalidad? ¿Es que votar en contra
de una ley nula por ilegal, es votar en contra de los intereses de los
funcionarios andaluces? ¿Prefieren los empleados públicos un beneficio ilegal aunque
les traten como incapacitados? O todo lo contrario: ¿votando en contra no les
están diciendo la verdad?, ¿votando en contra no huyen de la engañifa?,
¿votando en contra no se les está considerando gente madura y responsable?
Naturalmente -está
obligado- que el gobierno de Rajoy, en contra de la petición de estapresidenta,
recurrirá el dislate al tiempo que negociará la baza para otros menesteres
desde su minoría en la Carrera de San Jerónimo… Por eso y porque no todo el
mundo goza prevaricando.
Y no estamos solos
en el circo de la ignorancia: Si el presidente del Parlamento de Andalucía,
previamente a la votación, ni admitió ni solicitó informe jurídico alguno, no
le va a la zaga su colega en la Asamblea de Extremadura a la hora de deshacer
un empate en una votación. Hasta tres veces hubieron los diputados extremeños
de “darle al botoncito” a mayor gloria de la licenciada -así está la
Complutense- en Ciencias Políticas doña Blanca Martín que, seguramente, sería
quien al final deshizo el “empate”. Disfruten de los tres minutos porque no
tienen desperdicio:
