15/08/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo
“Hubo errores,
retrasos, mujeres afectadas que sufrieron un calvario. Y esas mujeres,
incluidas las socias de AMAMA, para vergüenza y oprobio de sus directivas y de
quienes políticamente las utilizaron, han merecido y recibido todas las
explicaciones administrativas necesarias”
Hubo un tiempo (no llega al año) en que
el caso del cribado del cáncer de mama en Andalucía era presentado como
el Watergate pepero.
La noticia saltó a los medios de
comunicación a finales de septiembre de 2025 y se convirtió en un escándalo
político y sanitario (a ocho meses escasos de las elecciones autonómicas)
al conocerse que alrededor de dos millares de mujeres podían haber sufrido
retrasos o problemas en el seguimiento de sus pruebas.
Días después, la crisis adquirió mucha
mayor dimensión pública, con protestas, manifestaciones, denuncias e
investigaciones que forzaron la dimisión de la consejera de Salud, Rocío
Hernández, el 8 de octubre.
Ya en noviembre, con Antonio Sanz a
los mandos, trascendió que en una reunión con AMAMA, el 29 de octubre, el
nuevo consejero había pedido a la asociación los datos de las supuestas
afectadas ya que la administración sanitaria contabilizaba 2.317 mujeres
afectadas, mientras la presidenta de las asociadas (¡menudo papelón!)
continuaba agarrada como clavo ardiendo a sus números: “unas 4.000
llamadas recibidas”. Un mes después, y dos y tres… el vicepresidente seguía
sin recibir respuesta.
Mientras tanto, cada rueda de prensa
prometía revelaciones definitivas. Cada comparecencia anunciaba
responsabilidades penales inminentes. Cada micrófono parecía asistir al prólogo
de un juicio histórico. Y así hasta las elecciones en las que, después de otro
repaso histórico de la Andalucía socialista a la Andalucía socialista, retornó
el silencio sepulcral.
De aquel escándalo sanitario y mediático
que amenazaba con socavar por siempre los cimientos del gobierno popular
andaluz, nunca más se supo, hasta que algunos (muy pocos) nos hemos
enterado de que, con agosticidad y alevosía, se han archivado las
últimas denuncias presentadas ante la Fiscalía, hasta un total de quince se
contaban a tres meses de las pasadas elecciones. Quince denuncias. Quince. Un
resultado judicial que no deja precisamente mucho margen para sostener el
relato de una gigantesca trama criminal.
Mientras tanto, quienes durante meses
elevaron el tono hasta convertir cada comparecencia en un avance del Juicio
Final parecen haber encontrado -¡eureka!- una institución jurídica que lleva
vigente centenares de años en nuestro derecho: el silencio administrativo…
durante sus bien ganadas vacaciones.
Ya incursos en el inminente nuevo curso
político, tocará descubrir que nunca se habló realmente de responsabilidades
penales, que lo importante era “la responsabilidad política”, que el
objetivo era “visibilizar” el problema, o cualquier otra reinterpretación
retrospectiva digna de una competición olímpica de gimnasia argumental. ¡Que se
lo pregunten a quienes han sido sujeto pasivo de la investigación del
ministerio fiscal!
La ironía alcanza cotas extraordinarias
cuando algunas voces que reclamaban confianza absoluta en las instituciones
consideran impecable a la Fiscalía cuando investiga a sus adversarios, pero
profundamente decepcionante cuando concluye que no aprecia indicios de delito
cuando son ellos quienes esgrimen el Código Penal desde donde dice “JUAN CARLOS
I, REY DE ESPAÑA - A todos los que la presente vieren y entendieren” a “El
Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ”.
No significa eso que el problema
sanitario no existiera. Existió. Hubo errores, retrasos, mujeres afectadas que
sufrieron un calvario.
Y esas mujeres, incluidas las socias de AMAMA, para vergüenza y oprobio de sus
directivas y de quienes políticamente las utilizaron, han merecido y recibido
todas las explicaciones administrativas necesarias.
Precisamente por eso conviene distinguir
entre una crisis de gestión sanitaria y la existencia de delitos penales. Son
asuntos absolutamente distintos, y la Fiscalía ha decretado que no ha
encontrado base para sostener las denuncias penales presentadas.
En ese contexto, resulta legítimo
preguntarse (y yo respondo afirmativamente sin dudarlo) si algunas asociaciones
y los partidos del progretariado confundieron la defensa de las
pacientes con la construcción de un relato político. Y es que resultó tan
evidente como grotesco que cuando dirigentes políticos -Marixu entre ellos-
aparecían sistemáticamente junto a portavoces de AMAMA en ruedas de prensa, la
frontera entre activismo ciudadano y estrategia partidista comenzaba a
difuminarse.
Y ahí surge la pregunta incómoda:
¿quién, en la búsqueda
incesante de una fallecida por esta crisis, ha pedido perdón tras haber
anunciado durante meses una macrocausa judicial que nunca llegó a existir?
Una democracia sana precisa de
asociaciones independientes, oposición fiscalizadora y medios críticos. Lo que
no necesita es convertir cada problema administrativo en una conspiración penal
antes de que hablen los investigadores.
Quizá el verdadero escándalo no sea que
la Justicia archive denuncias. Quizá sea la facilidad con la que algunos
construyen condenas mediáticas mucho antes de que exista una sola resolución
judicial. Y en esas ha estado la opinión publicada y sincronizada con el
asentimiento de la prensa centrista y pastelera, ayuna de criterio propio y
sometida a la primera por aquello, otra vez, de la superioridad moral. ¿Dónde
quedan ahora los días y horas, los programas y tertulias, dedicados a la
difusión de una falacia rayana en la calumnia del 205 del Código Penal
(“imputar a alguien un delito sabiendo que es falso o con temerario
desprecio hacia la verdad”)?
Y es que, tras quince archivos
consecutivos, siempre quedará el viejo recurso de los que no tienen paciencia,
ni frontera: mirar hacia otro lado, cambiar el argumento... y esperar al
próximo escándalo.
Porque reconocer un error nunca ha dado
tantos titulares como anunciar una conspiración.
Porque, cuando decimos que están dispuestos a todo, ¿qué otras pruebas necesitan?
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