17/11/26. Mi
colaboración de ayer en Sevillainfo
“… el 29 de
noviembre puede suceder algo que hasta ahora no habíamos vivido: que una noche
electoral termine sin conocerse realmente el resultado”
La noche del 29N no será la noche de la
victoria, tampoco de la derrota. Por primera vez en nuestra historia
democrática, el voto de nuestros compatriotas en Hispanoamérica
amenaza con convertir el escrutinio definitivo en un espectáculo de
incertidumbres, recelos y legitimidad bajo sospecha.
A
dos semanas de acudir a las urnas, y a expensas de las de hoy, las encuestas de
medios privados a derecha e izquierda dibujan un panorama inequívoco: una
victoria conjunta y contundente de PP y VOX que -un tanto exagerada- rozaría
los 200 escaños (El
País les adjudicaba el viernes 190). Sin embargo, el último estudio del
CIS, del mismo día también, sitúa al PSOE claramente como primera fuerza
(134-143 escaños), con casi ocho puntos de ventaja sobre el PP (98-106
diputados), mientras Vox alcanzaría el 18,4% (57-65 escaños), dejando a la
derecha lejos de la mayoría absoluta con un máximo de 171 asientos.
Con
todo, lo verdaderamente extravagante de estas elecciones no será ver qué sondeo
acierta, sino la forma y el momento en que se conocerá el resultado real. Tras
el cierre de los colegios, hacia las diez y media, conoceremos con precisión
el reparto derivado del voto en suelo patrio; los partidos sacarán
conclusiones, los vencedores comparecerán y la prensa proclamará un nuevo mapa
parlamentario. Pero faltará una parte decisiva del escrutinio. Y no
precisamente insignificante.
El
voto CERA de los “españoles” residentes-ausentes ha adquirido una dimensión que
no puede despacharse como una anécdota administrativa, tras la eliminación del
voto rogado y, sobre todo, por la aplicación de la Disposición adicional octava
de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, bautizada popularmente como Ley de
Nietos. Ya no hablamos de miles de papeletas, sino de 2.769.645
electores en el extranjero frente a los 35,9 millones residentes en España, un
incremento superior a 440.000 votantes respecto a julio de 2023. Hablamos
de millones de electores que van a decidir el futuro de España desde sus
ranchos, quintas, chacras, hatos, villas o fundos.
Es
tal el crecimiento que hay circunscripciones y municipios en los que el peso de
ese electorado puede resultar determinante, hasta el punto de que el número
de “residentes ausentes” supera al de residentes con los pies sobre el suelo. Sí,
no es una exageración. Incluso en algunos de ellos el número de no residentes sextuplica
al de residentes, lo que obliga a preguntarse si el sistema puede gestionar tal
transformación del censo, si pueden fiarse de él y, sobre todo, si los
ciudadanos (¡otra de gambas!) son capaces de adivinar sus consecuencias.
Nadie
discute el derecho incuestionable de cualquier español en Buenos Aires,
Caracas, La Habana, México o París a votar en igualdad de condiciones que en
Sevilla, Madrid o Valladolid, pues la nacionalidad no se pierde al cruzar una
frontera. Pero reconocerlo exige garantizar transparencia y una explicación
impecable del procedimiento. La última decisión del Tribunal Supremo ha
arrojado más sombras sobre la disposición administrativa dictada por Sofía
Puente, hermana del ad infinitum Alcalde Perpetuo de Atapuerca, que, ya
puesta (diría para sus adentros), abrió la nacionalidad -fueran exiliados o no;
abandonaran España en los años 40 o 50 del pasado siglo, o no; acompañaran a
Colón en su primer viaje, o no- a todos los nietos y biznietos de los apellidos
más comunes de Hispanoamérica (Rodríguez, González, López, Martínez, Hernández,
Pérez, Sánchez, Ramírez, Gómez, Díaz, Fernández…).
El
escrutinio general (el definitivo) comenzará el viernes 4 de diciembre, quinto
día posterior a las elecciones, y a él se le sumará el voto exterior. ¿Cuenta Tezanos con información
privilegiada de los consulados hispanoamericanos para hacer esa apuesta
demoscópica que se sitúa en el polo opuesto de todas las demás? De ser así, el
29 de noviembre puede suceder algo que hasta ahora no habíamos vivido: que una
noche electoral termine sin conocerse realmente el resultado: España podría
acostarse con una aparente mayoría de derechas que, cinco o siete días después,
quedaría revertida por el recuento definitivo.
Estaríamos
así ante una victoria con fecha de caducidad: un jolgorio interruptus
donde las celebraciones de PP y VOX y el semblante de derrota de sus
adversarios, si bien maquillado de una maquiavélica sonrisa, darían paso a casi
una semana de especulaciones pendientes de papeletas que han llegado desde
miles de kilómetros de distancia dispuestas a enseñarnos qué es lo mejor para
nosotros.
¿Y si, finalmente, el resultado exterior
modificase la mayoría? ¿Y si los perdedores de
la noche electoral se convirtieran en ganadores? ¿Sería legal?
Naturalmente, siempre que se hayan aplicado con toda la garantía las leyes y no
las instrucciones que -juzgado está- las han vulnerado. ¿Es necesariamente
irregular? Claro que no, por los mismos motivos. ¿Provocaría una crisis de
confianza y una controversia política? Sin duda alguna. Porque una democracia
no se sostiene únicamente sobre la legalidad de sus procedimientos, que
también. Además necesita que sus ciudadanos perciban que las reglas son claras,
que se aplican sin favoritismos, con objetividad y que los resultados son
fácilmente entendibles y verificables. Sería irresponsable ignorar el
problema de credibilidad que puede producir una diferencia entre el resultado
provisional y el definitivo si no se explica hasta el último detalle, no
sólo cómo se han recibido, custodiado, validado y contabilizado esos votos,
sino quiénes han sido los ejercientes y si -todos- estaban en posesión del más
sagrado de los derechos en democracia.
La transparencia no puede improvisarse
el 4 de diciembre, una semana después. Debería estar garantizada antes del 29
de noviembre y, al menos trece días antes, no lo está.
A partir de ahí, los partidos tienen una
responsabilidad enorme. Especialmente quienes aspiran a gobernar. Si la
izquierda obtuviera la victoria siete días después de una sonada derrota,
gracias al voto exterior, tendrá que asumir que una parte muy importante de la
ciudadanía exigirá explicaciones. No bastará con proclamar que las reglas han
cambiado y se han cumplido. No será suficiente con presumir de haber
implementado, por fin, la teoría del reemplazo (“si los españoles no nos votan,
busquemos ‘españoles’ que nos voten”). Habrá que demostrarlo con
documentación, trazabilidad y controles accesibles a todas las candidaturas y,
principalmente, a la Justicia, aunque ésta, en la búsqueda de la verdad, vuelva
a recibir acusaciones de lawfare.
España está a punto de vivir una
experiencia electoral que puede resultar tan legítima desde el punto de vista
jurídico como explosiva desde el punto de vista político.
Si el último domingo de noviembre gana
la derecha y hacia el primer festivo de diciembre gana la izquierda, no
estaremos necesariamente ante un fraude, pero sí ante una situación por
investigar. Estaremos, en cualquier caso, ante un problema monumental de
comunicación democrática y de confianza institucional. Y si los responsables
políticos no entienden la diferencia, el daño puede ser todavía mayor.
Lo verdaderamente peligroso no es quien
lo celebra el primero y quién lo hace el último. Lo verdaderamente peligroso
sería que, llegado ese momento, una parte sustancial del país no creyera el
resultado.
Y eso, en una democracia del XXI es
jugar con fuego.

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