¿Hermanar Badajoz con Palermo?

 

09/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“En una democracia al juez se le combate con recursos, argumentos y pruebas. Nunca convirtiéndolo en un objetivo”

 

Las recientes publicaciones, en especial de ABC y El Debate, sobre las presuntas amenazas recibidas por la juez Biedma a manos de las cloacas del PSOE, introducen nuevos y preocupantes elementos en una investigación que ya había adquirido una gran dimensión política y judicial. Según cuentan ambos diarios, la Unidad Central Operativa (UCO) habría localizado en el teléfono del empresario jiennense Javier Pérez Dolset una anotación en la que se identifica a la magistrada de Badajoz como “jueza del hermano, choriza sin igual” y otra que se señala que el exjuez Sáenz de Tejada “tiene la info”; además de apuntar directamente a un propósito: “destruir el procedimiento del hermano”.

Lo más preocupante aparece con el testimonio de Cintia Rocho, La Celsa -cabeza del clan de narcos contactada para llevar a cabo dichas operaciones- quien al parecer ha asegurado ante los investigadores que Sáenz de Tejada se habría referido a Beatriz Biedma como “un puto grano en el culo” y que había que “eliminarla”, llegando a utilizar, según su declaración, la expresión “a palos aprende el burro”. Otro miembro del clan ha manifestado lo obvio: “eliminarla es… matarla”.

Este elenco de afirmaciones ha de ser contrastado judicialmente. Pero su gravedad obliga a detenerse en una cuestión que va mucho más allá de la batalla política. Y la pregunta surge sola: ¿hasta qué punto es normal que un juez deje ser visto como el titular de una función encomendada por el Estado para convertirse en un obstáculo que hay que quitar de en medio?

Nada nuevo bajo el Sol: en 1992, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino fueron asesinados por Cosa Nostra. Falcone murió el 23 de mayo, junto a su esposa, Francesca Morvillo, también magistrada, y tres escoltas, en el atentado de Capaci. Menos de dos meses después, Borsellino fue asesinado en Palermo junto a cinco agentes de su escolta.

La mafia siciliana había identificado a determinados jueces como una amenaza para sus intereses. Primero fueron objeto de campañas de desprestigio y presión. Finalmente, la violencia llevada a su máxima expresión se convirtió en herramienta para intentar detener la acción de la Justicia.

No, Badajoz no es Sicilia. La diferencia, en estos momentos, es enorme: en el caso español se investigan ahora unos hechos y unas declaraciones; en Sicilia finalmente se consumaron las amenazas de la Cosa Nostra. Pero sí existe un punto de contacto con el caso pacense que merece toda la atención y preocupación: la presunta utilización de terceros para intimidar o apartar a una magistrada porque sus decisiones judiciales resultaban incómodas para “determinados” intereses de la cosa nostra patria.

Afortunadamente, Beatriz Biedma, la juez instructora del caso David Sánchez Pérez-Castejón, comparece hoy ante la Audiencia Nacional como denunciante. Y lo hace apenas veinticuatro horas después de que se hayan hecho públicos nuevos detalles del informe de la UCO.

En la comparativa con Sicilia surgen los parecidos: una juez que investigaba un procedimiento especialmente sensible aparece ahora como posible objetivo de una trama que, según los investigadores de la Guardia Civil, habría buscado información sobre ella y habría intentado alterar el normal desarrollo del proceso que finalizó con la condena del hermanísimo.

La pregunta no es solamente quién, durante el procedimiento, insultó y escrachó a la magistrada, quién difundió rumores, o quién buscó información sobre ella en Badajoz. Lo realmente trascendente es conocer si “alguien” intentó presionar a una juez para modificar sus decisiones.

Eso es precisamente lo que hace que el recuerdo de Falcone y Borsellino no sea una comparación retórica. La historia de Sicilia demuestra hasta dónde puede llegar una estructura de poder mafiosa cuando identifica al juez como un enemigo y no como una autoridad independiente.

Badajoz sigue distante de la Palermo de 1992. Basta comprobar que Biedma está declarando hoy mientras Falcone y Borsellino reposan bajo tierra. Pero una democracia tampoco debe esperar a que una amenaza se consume para preguntarse dónde está la diferencia entre ambas ciudades.

El Poder Judicial sigue su curso: ahora corresponde a la Audiencia Nacional determinar qué hay detrás de las palabras “eliminarla”, quién las pronunció, con qué intención y, sobre todo, si esas palabras formaban parte de algo más que una conversación.

En una democracia al juez se le combate con recursos, argumentos y pruebas. Nunca convirtiéndolo en un objetivo. Porque la independencia judicial se pone a prueba precisamente cuando el juez dicta una resolución que el poderoso no acepta.

La información conocida tras el nuevo informe de la UCO desemboca necesariamente en una pregunta alarmante: si bien no se culminó, ¿hasta dónde llegó la pretendida operación para apartarla del procedimiento que afecta al hermano del presidente del Gobierno?

El sobrino de Maquiavelo y el “arte” de gobernar sin Parlamento

 

08/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Las democracias constitucionales no están concebidas para un carrusel en el que cada derrota del Ejecutivo desencadene la búsqueda de un procedimiento alternativo a los límites del poder”

 

Con ser el fundamento de la democracia, es tal la gravedad del momento que ni siquiera es de interés debatir si este gobierno acierta o se equivoca. La discusión, al día de hoy, discurre por otros derroteros: hasta dónde está dispuesto a llegar un dirigente político para conservar el poder.

Es más que conocido que la mayoría parlamentaria del Congreso rechazó la pasada semana dos reales decretos leyes del Gobierno sobre la vivienda. Pedro Sánchez, sin embargo, en su última decisión, ha decidido volver a aprobarlos, cambiando dos comas y llevándolos a continuación a la Diputación Permanente, tras haber convocado elecciones y disuelto las Cortes.

Sobre la legalidad de la medida existen posiciones enfrentadas entre constitucionalistas, principalmente porque los constituyentes creían difunto y bien enterrado a Maquiavelo, sin pensar en el sobrino que llegaría a su familia cinco siglos después.

Surge así una nueva cuestión política que quiere disimularse como innovadora técnica parlamentaria: ¿qué resultados tiene para una democracia que el Gobierno busque una nueva vía (una comisión representativa de un órgano superior) para sacar adelante lo que acaba de ser rechazado por el Pleno del Parlamento? ¿Hasta qué punto sufre la democracia con este “hackeo” de la voluntad popular?

La Constitución no fue pensada como un catálogo de mecanismos destinado a garantizar que el Ejecutivo consiga a toda costa lo que se propone. Es todo lo contrario: un sistema de límites al poder. Y cuando el Gobierno trata esos límites como obstáculos que deben ser asaltados y derribados, la alarma con acento golpista ha de sonar necesariamente.

El Príncipe es, sobre todo, una radiografía descarnada del poder y, por extensión, del dirigente político; de su lógica, de sus mecanismos de subsistencia y de la desvergüenza del gobernante para transformar las leyes en edictos a su antojo. El sobrinísimo se ha convertido, sin duda, en el mejor alumno de Maquiavelo, quien, medio milenio después, no dudaría en calificarle con sobresaliente cum laude en la inabordable asignatura “Opus meum in praxi” (Mi obra llevada a la práctica), principalmente ante la imposibilidad manifestada por don Niccolò di Bernardo de asimilar la última frase del Duce Rojo: “Puede que el parlamento le haya dado la espalda a la calle pero el gobierno no”. Y se queda tan pancho.

Hablar de conspiraciones y de golpes de Estado queda para el progretariado. Esto es algo más sofisticado: consiste en llevar las posibilidades del sistema más allá del límite, enfrentando a todos y cada uno de los poderes, para seguir volando en Falcon.

Y ahí reside el problema. Cada decisión puede defenderse por separado. El riesgo aparece cuando se contempla la secuencia completa: la utilización intensiva del decreto-ley, la dependencia de mayorías cambiantes, la búsqueda constante de nuevas alianzas parlamentarias y, ante su ausencia, el intento de que una decisión rechazada por el Pleno pueda prosperar una semana después ante una capitidisminuida representación de la representación popular, la Diputación Permanente.

Las democracias constitucionales no están concebidas para un carrusel en el que cada derrota del Ejecutivo desencadene la búsqueda de un procedimiento alternativo a los límites del poder. Porque su órgano controlador, el Parlamento, dejaría de ser un límite para convertirse en un obstáculo maleable y negociable.

Todo ello ocurre mientras el PSOE y el entorno del presidente se encuentran acechados por una acumulación de sentencias e investigaciones judiciales de extraordinaria gravedad política (casos Koldo, Cerdán, Cloacas Leire, Begoña, David Sánchez, Fiscal General, Air Europa, Hidrocarburos, Plus Ultra, Pagos Leire, Financiación PSOE, Piezas Koldo, Obra Pública, Trama Judicial, Diputación Badajoz, Rescate Air Europa, Conflictos Intereses, Contratos SEPI, Trama Aldama, Intermediación Zapatero, “Joyerías ZP”… y creciendo). Algunos ya sentenciados, otros muchos en investigación. Pero hasta ahora siempre se había entendido que la responsabilidad política no necesitaba esperar a una sentencia para hacer su aparición.

El sistema constitucional se deteriora no solo por erosión, también por acumulación: excepciones que se convierten en precedentes, precedentes que mutan en normalidad e interpretaciones con un único afán, el poder.

El peligro no está en que mañana alguien proclame el final de la Constitución, sino en que, en escaso tiempo, las instituciones continúen llamándose igual aunque funcionen únicamente al servicio de un poder, el Ejecutivo.

El Parlamento ha de controlar al Gobierno. Los tribunales deben poder ejercer su función sin presiones. Las minorías deben aceptar las derrotas. Y el Ejecutivo debe comprender que gobernar no significa disponer de todos los resortes del Estado para alcanzar un resultado previamente decidido. Ese es -perdón, era- el espíritu que da sentido al sistema del 78.

Cada vez son más los que dan por hecho que Sánchez va a colocar a la Corona en un brete: “o el Rey o yo”. O lo que es lo mismo: “o la Monarquía Parlamentaria, caduca y heredada del ejército vencedor franquista, o la III República, imperecedera y heredera del frentepopulismo y del ejército rojo de la Segunda”.

Y, efectivamente, teniendo a los mandos al sobrinísimo, poco queda para que, de facto, y conocida su pasión por la interpretación extensible y dilatable de las leyes, se intente que la Monarquía parlamentaria deje de formar parte del pacto constitucional. Y naturalmente ignorando los procedimientos previstos por la propia Constitución.

Precisamente por eso, cualquier transformación material del sistema ha de afrontarse de frente, no mediante una acumulación de hechos consumados.

Por todo ello, el debate actual es mucho más profundo y va más allá de dos decretos-leyes (en estos casos sobre vivienda) que, tal y como proclama la Constitución (artículo 86), están contemplados para momentos de extraordinaria y urgente necesidad. No para hacer bandera en los estertores de una legislatura y tras ocho años de un gobierno silbando y mirando a otro lado en esta y en otras materias.

La pregunta (ya más que respondida a estas alturas) es si estamos ante un poder que usa las instituciones para gobernar o ante un Gobierno que las utiliza hasta el límite de sus posibilidades, para garantizar su propia supervivencia. Ahí es donde el sobrino/príncipe de Maquiavelo se parece cada vez más a su tito.

El príncipe necesita poder para gobernar. La democracia constitucional existe para recordarle que ese poder no es suyo. Totalmente al contrario: su poder es temporal, delegado, sometido a controles y… ¡qué cosas! puede perderse.

Aceptar una democracia simboliza admitir precisamente esa posibilidad, justamente la que niega el lejano pariente del florentino que nos está tocando padecer. Significa aceptar que una mayoría parlamentaria puede decir que no. Que una ley puede fracasar. Que una negociación puede romperse. Que una elección puede censurarse.

El poder democrático se legitima no solamente cuando se gana, sino también y sobre todo cuando se pierde.

Y ese es el verdadero juicio del próximo 29N. No se trata únicamente en esta ocasión de decidir quién ocupará La Moncloa. Se trata de conocer qué concepción del poder tienen los españoles, la del respeto a la Constitución, incluida su prevista reforma, o la de seguir estirando sus límites hasta que, por deformación, dejen de funcionar como tales límites.

Sánchez desde Yuste: Esta es mi decisión de mañana

 

05/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

(Mañana lunes, amado pueblo, os bombardearán con la decisión que he tomado y que os doy en primicia hoy)

 

Queridos socialistas y socialistos (incluyo, con las correspondientes disculpas, a catalanes y catalanas). En estos momentos trascendentales, os envío mi segunda misiva tras reflexionar unos días a vuestra costa:

Ya en abril de 2024 descubrí las posibilidades terapéuticas de desaparecer unos días mientras todos especulabais sobre mi futuro. ¡Dais pena… pero sois así!

Me divertí tanto que he decidido reincidir en la fórmula. Esta vez, inspirándome en mi homólogo Carlos V, he buscado un retiro sobrio, austero y alejado del mundanal ruido: Yuste.

Con una pequeña diferencia: al contrario del gantés, que apenas contaba con un reloj rudimentario, este emperador cuenta con tres móviles, más los dos de Bego, cinco plasmas, varias televisiones masajeándome y un equipo de asesores monitorizando 24/7 todos mis delirios que, como diría mi especialista, no son pocos.

Sabéis que, según fuentes bien informadas, desde mi retiro contemplo la posibilidad de dimitir o de convocar elecciones. ¡Jo, jo! Perdón.

Inevitablemente, en estos momentos pongo todos mis pensamientos en el viejo emperador, aunque con algunas diferencias históricas. Él abdicó y se vino aquí. Yo me retiro para haceros creer que vengo a pensar si me marcho mientras permanezco en el poder.

Es, en cierto modo, una versión contemporáneamente sanchista de la abdicación: abdicar de la decisión de abdicar. Ya os lo adelanto, mis queridos hooligans.

Como bien sabéis los inquilinos de las Casas del Pueblo, yo no conjugo el verbo dimitir, pero hay una cuestión que me preocupa especialmente: las elecciones. No por el resultado, que eso parece garantizado, según me certifican embajadas y consulados de las Indias. Lo que verdaderamente me preocupa es el calendario. Porque, como cualquier estratega electoral sabe, convocar elecciones no consiste simplemente en decir “convoco elecciones”. Hay que mirar fechas, padrones, circunstancias y, sobre todo, a quién demonios metemos en el censo, importándome un carajo una higa todo lo demás.

Os cuento en primicia: todo estaba decidido hace un par de semanas, hasta que los fachas del Supremo vinieron a suspender cautelarmente la inscripción en el CERA de los millones de españoles que he recolectado en Hispanoamérica. Tan españoles como tú y como yo, conocedores de nuestra Historia mejor que un bachiller actual, lo que por otra parte no es difícil.

Y, claro, al lograr llenar las calles de titiriteros y chiripitifláuticos, me surgió una duda razonable: ¿convocar ahora? ¿Con españoles que todavía no saben si podrán votar o no? Pero, tranquilos, os brindo la respuesta anticipada: ¡Pero estamos locos! No, no, no. De ninguna manera, entendedme: ¿Quién aprobaría que, después de haber ampliado el censo con la ley de nietos, me vaya a presentar a unas elecciones con el censo en obras y paralizado?

Os revelo también que me desternillo desde este retiro, contemplando con satisfacción el espectáculo: oposición, gobierno, tribunales, tertulianos, constitucionalistas, juristas y hasta vosotros mismos haciendo apuestas electorales. Todos esperando mi decisión: todos, todos. ¡Empátame eso, Carlos! (Disculpad que me dirija al emperador en medio de nuestra conversación).

Sí quiero confesaros que sigue provocándome especial hilaridad preocupación en este retiro presidencial el asunto de la vivienda y, especialmente la situación de la inquilina burguesa desahuciada, Maricarmen. Os reconozco que, sin mover un músculo durante mi reinado gobierno, el problema ha ido creciendo hasta convertirse en la principal de las preocupaciones de los españoles. Y ahora, que mediante dos decretos leyes en 72 horas, me ha dado por afrontar la situación, ya sabéis el resultado: Carles, el de Waterloo, me ha puesto mirando pacuenca, motivo de mi retiro extremeño de este finde.

Menos mal que estáis ahí, mis amados súbditos incondicionales, dispuestos a manifestaciones y protestas en un revolutum de alaridos de jóvenes, inquilinos y pensionistas, alrededor de alquileres, precios y propietarios.

Mientras escucho los pajarillos en este monasterio que me pagan los españoles con sus impuestos, no tengo más remedio que seros leales y, a modo de confidencia, deciros:  “Me tiro ocho años tocándome los cojones trabajando con respecto a los problemas de la vivienda y ahora vienen mis perroflautas y titiriteros sectarios partidarios para tirarse a las calles y darme la razón”. Sois un encanto.

A estas alturas, ya me conocéis, no reflexiono sobre si dimitir o convocar elecciones, sino sobre cómo hacer que parezca que estoy reflexionando sobre dimitir o sobre si convocar elecciones. Aunque me lo ponéis fácil, mi querido ganado lanar.

De vez en cuando, alguno de los 85 asesores que me he traído, responden a mi pregunta, que repito cada veinte minutos:

“—¿Qué dicen el pueblo y los medios de la fachosfera?

—Que está usted reflexionando.

—¿Y sobre qué dicen que estoy reflexionando?

—Que probablemente está usted pensando en dimitir o en convocar elecciones.

—¿Y si no dimito?

—La noticia será recibida con enorme sorpresa por nadie.

—¿Y si no convoco?

—Entonces dirán que lo de la reflexión era otra estrategia”.

Lógicamente, esto solo me da pie para seguir rumiando y cavilar, mientras me hincho de falsa vanidad: “Una España que pide vivienda, una oposición que quiere elecciones, unas Cortes que me flagelan, un Supremo que quiere acabar con el derecho de mis panchitos al voto… Y un país entero esperando al lunes para saber qué hará el emperador presidente Pedro Sánchez, o sea yo”.

Y vosotros tenéis el enorme privilegio de saberlo un día antes: mientras oteo el horizonte y una cigüeña cruza el cielo extremeño, dedico un instante a hacer como el que se pregunta: ¿Dimitir yo? ¿Convocar elecciones yo?

—No tengo cojones.

Otra infamia gratis desde el atril del Congreso

 

04/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

“Si cada vez que el Gobierno necesita una mayoría parlamentaria puede negociar excepciones territoriales, España corre el riesgo de convertirse en un catálogo creciente de particularidades y de entendibles confrontaciones… a las que, por otra parte, nos está llevando este gobierno con su forma de discurrir”

 

Hay expresiones que desnudan mucho más a este gobierno que media docena de sentencias del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. La afirmación ayer en el Congreso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de que los diputados de Junts pueden estar tranquilos porque el nuevo decreto de vivienda “no afecta a Cataluña” es una de ellas. Además de mostrar sus vergüenzas, al tiempo desvelan la infamia y la vileza de su particular manera de gobernar.

Cierto es que la Constitución permite que las comunidades autónomas ejerzan determinadas competencias con arreglo a sus Estatutos. Aquí, sin embargo, el problema es otro: ¿qué queda del principio de igualdad ante la ley cuando un miembro del Gobierno de España presenta como argumento, únicamente para obtener votos: “¡tranquilos, catalanes!, que esto no os afecta”?

El artículo 14 de la Constitución proclama que “los españoles son iguales ante la ley”. Y el artículo 139.1 establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Naturalmente, eso no significa que todas las comunidades autónomas tengan que tener exactamente las mismas leyes. El propio sistema constitucional contempla diferencias competenciales y normativas.

Pero hay una diferencia esencial entre una desigualdad normativa derivada del reparto constitucional de competencias y una excepción territorial convertida en moneda de cambio parlamentaria. Y ahí es donde las palabras de la ministra resultan especialmente ofensivas e indecentes.

El nuevo real decreto-ley, que desde ayer es papel mojado, establece una regulación estatal sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, mientras que su propio texto respeta las competencias autonómicas existentes. Cataluña cuenta, además, con una regulación específica en esta materia. Jurídicamente, por tanto, existe una explicación para que el régimen no sea idéntico en Cataluña y en otras comunidades. Cuestión que ya había tenido en cuenta el gobierno en sus negociaciones para conseguir ese equilibrio de contentar a la extrema izquierda en toda España y a la extrema derecha independentista de los territorios forales.

Pero si esa fuera únicamente la explicación, ¿por qué convertirla en un vergonzoso argumento hecho desde la tribuna del Congreso dirigido específicamente a Junts? Porque una cosa es haber dicho: “Cataluña tiene determinadas competencias y esta norma estatal las respeta” y otra muy distinta es decir: “Serénense: esto no les afecta; esto solo va dirigido a la España de segunda división”.

Supongamos que un propietario de Sevilla o de Málaga que pretenda arrendar su segunda vivienda, con tan buena voluntad como desconocimiento de la legalidad, pregunta por qué tiene que someterse a una determinada regulación estatal mientras un propietario de Gerona queda sometido a otra regulación diferente.

El Gobierno podría responder legítimamente que existen competencias autonómicas y que la Constitución permite esa diversidad normativa. Perfecto. La explicación debe ser exactamente esa: competencia, Constitución y Estatuto de Autonomía. La que nunca debería ser es “Los gerundenses pueden estar tranquilos porque Cataluña queda fuera de esta infame decisión”.

Las palabras de la ministra dejaron bien clarito que la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica y pasa a ser política, desfavoreciendo o beneficiando a una parte de la población según se vote. Y esa cuestión, más que política, resulta asquerosa.

La pregunta, por tanto, resulta inevitable: ¿la diferencia existe porque la Constitución distribuye las competencias de esa manera o porque el Gobierno necesita los votos de un partido territorial? Si la respuesta es la primera, la ministra debería haber explicado la cuestión en esos términos a todos los españoles… aunque sea mejor que lo haya evitado, a la vista de sus dificultades lectoras puestas de manifiesto tras la finalización del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos rechazados ayer. Si la respuesta política es la segunda, entonces el Gobierno está reconociendo sin pudor alguno un criterio extraordinariamente preocupante en la elaboración de las normas: que la aplicación territorial de la legislación puede formar parte de la negociación necesaria para conseguir una mayoría parlamentaria.

Si cada vez que el Gobierno necesita una mayoría parlamentaria puede negociar excepciones territoriales, España corre el riesgo de convertirse en un catálogo creciente de particularidades y de entendibles confrontaciones… a las que, por otra parte, nos está llevando este gobierno con su forma de discurrir.

La Constitución permite la diversidad territorial. Lo que no debería convertirse en norma política es que la diversidad se transforme en un privilegio negociado a la carta para mantener en el sillón al gobierno con menos apoyo de la democracia.

Una comunidad obtiene una excepción porque sus diputados son decisivos. Otra reclama la suya. Una tercera exige una compensación distinta. Y poco a poco las leyes estatales dejan de percibirse como reglas generales para convertirse en el resultado de una subasta parlamentaria.

Ese proceso tiene una consecuencia especialmente dañina: erosiona la confianza de los ciudadanos en la igualdad de las reglas y deroga de facto, sin necesidad de reforma constitucional, el citado artículo 14.

Ya lo dijo Miarfonzo en relación con el ataque de este gobierno a nuestra máxima norma: “No es necesario modificar la Constitución -a la que comparó acertadamente con un chorizo- con arreglo al título X; basta con (re)cortarlo lonchita a lonchita, para dejarlo en un pellejito colgando de la guitita”.

Y todo ello a cambio de siete votos. ¡Sánchez, por siete votos tienes…!

¡Confidencial! Acta del Consejo de Ministros de ayer

 

01/10/26. Mi colaboración de ayer en Sevillainfo

 

[Yolanda]: “La izquierda plural es compleja, pero se lo traga todo y tenemos que cabalgar contradicciones continuamente. La política moderna tiene estas cosas. Los socialdemócratas estáis muy lejos de entenderlo”

 

El artículo 5.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece literalmente: “Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas”.  El 18.4 de la misma Ley ordena que de las sesiones se levante acta, cuyo contenido estará limitado a las circunstancias de tiempo y lugar, los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Reservándonos las fuentes, hoy ofrecemos en primicia la transcripción del acta de la reunión de ayer en la que se debatió el Decreto Maricarmen:

 

Palacio de La Moncloa. Consejo de Ministros, Ministras y Ministres del 29 de septiembre de 2026.

Asunto: Decreto-Ley urgente para solucionar el desahucio de Maricarmen.

Hora de inicio prevista: 8:03.

Hora de inicio real: 9:15.

Hora prevista de finalización: 8:15.

Hora real de finalización: cuando acaben las amenazas de dimisión de Yolanda.

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09:15 — APERTURA DE LA SESIÓN

SÁNCHEZ: Buenos días. Por fin, hoy ha llegado el día y vamos a aprobar el decreto Maricarmen.

BOLAÑOS: El que evita su desahucio y evitará los del futuro.

SÁNCHEZ: Sí, dilecto Félix.

BOLAÑOS: Pues siento decirte que no tengo ni idea de cómo hacerlo.

SÁNCHEZ: Eso lo decidimos después. Primero, en un gobierno por mí presidido, lo primero que tenemos que determinar es quién tiene la culpa.

YOLANDA: ¿El casero?

SÁNCHEZ: No.

ÓSCAR: ¿Los bancos?

SÁNCHEZ: Tampoco.

PUENTE: Te veo venir, jefe: la oposición.

SÁNCHEZ: Evidentemente.

PUENTE: Perfecto. Ya tenemos exposición de motivos.

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09:22 — INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE

SÁNCHEZ: Quiero poner las cosas en contexto histórico. El problema de la vivienda no comenzó ayer.

ROBLES: Correcto.

SÁNCHEZ: Tenemos que remontarnos a Felipe González y a Boyer.

PUENTE: ¿Vamos a solucionar el desahucio de Maricarmen viajando en un DeLorean DMC-12 hasta 1985?

SÁNCHEZ: No hagas demagogia, que te encanta.

PUENTE: Presidente, es que llevamos cuatro minutos hablando de Boyer, tan fascista como el que le nombró ministro.

SÁNCHEZ: Tenemos que hacer un esfuerzo y entender cómo determinadas políticas socialistas de vivienda contribuyeron a configurar el mercado actual y cómo evolucionaron los alquileres.

PUENTE: Maricarmen tiene una orden de desahucio que la tiene en un hospital público, de Ayuso, y nosotros jugando con la máquina del tiempo.

SÁNCHEZ: No es una máquina del tiempo. Es memoria democrática aplicada a la vivienda.

PUENTE: Ah. ¡Qué cabeza más privilegiada! (Mientras, se pelea con su iPhone) “Aquí otra vez en el Consejo, en plena armonía solucionando los problemas de la gente. Seguid mamando. #GobiernoDeProgreso”. Enviar.

SÁNCHEZ: Y además quiero dejar claro que no se puede responsabilizar para nada a las políticas actuales; es un problema acumulado durante décadas.

ROBLES: Eso sí es cierto.

SÁNCHEZ: Gracias, Margarita.

ROBLES: No he terminado… Solicito la palabra.

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09:35 — INTERVENCIÓN DE DOÑA MARGARITA

ROBLES: Ya que hablamos de historia, convendría recordar que durante el franquismo existieron políticas públicas de construcción masiva de vivienda y promoción de vivienda protegida y de alquileres de bajo coste.

PUENTE: No, no, eso es falso.

ROBLES: No he acabado.

PUENTE: Es que no hace falta que sigas. Por ahí no.

ROBLES: Como jurista de prestigio, tengo que recordar aquí que la renta antigua se creó por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 31 de diciembre de 1946; sí, en los albores del régimen franquista: el casero estaba obligado a prorrogar el contrato indefinidamente contra su voluntad, y la renta realmente quedaba congelada. Este régimen no sólo se derogó, sino que se consolidó con el Texto Refundido de la LAU de 1964, establecido por el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, cuando España era la octava potencia mundial.

Tuvimos que llegar nosotros, es decir el PSOE, para que con el RD-Ley 2/1985, de 30 de abril (Decreto Boyer), se eliminara la prórroga forzosa para los contratos que se firmaran a partir de entonces, no para los anteriores. Por eso, todos los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985 son de renta antigua. Y fuimos también nosotros los que, mediante la Ley 29/1994, de 24 de noviembre (LAU), les pusimos límites a la subrogación para que esos alquileres se fueran extinguiendo poco a poco.

En definitiva, os guste o no, durante el franquismo existió una política de construcción masiva de viviendas protegidas y de promoción de vivienda de bajo coste. Se cuentan por millones.

SÁNCHEZ: ¡Vale, ahora viene el Cara al Sol! (Entre dientes, aunque se le pudo oír): ¡Maldita pájara!

PUENTE: ¡Margarita, ni que te hubiera nombrado Arias Navarro!

ROBLES: O Felipe González, que era nuestro presidente cuando se derogó todo esto.

PUENTE: ¡Acabas de reivindicar una política de vivienda franquista!

ROBLES: He descrito una realidad política histórica y sus resultados materiales. No he reivindicado ese régimen.

PUENTE: ¡Eso es exactamente lo que diría una persona que vive en una realidad paralela!

ROBLES: ¿Me estás llamando mentirosa? ¿Tú, Óscar, tú?

PUENTE: Sí.

ROBLES: ¿Y facha?

PUENTE: También y fascista, directamente.

SÁNCHEZ: ¡Óscar!

PUENTE: ¿Qué?

SÁNCHEZ: Estamos intentando aprobar un decreto.

PUENTE: Y yo estoy ayudando.

SÁNCHEZ: ¿Llamándola facha?

PUENTE: Pues observo en la mesa un consenso generalizado.

SÁNCHEZ: Tranquilízate de una vez, después te quejas cuando te comparan con el primer alcalde de Atapuerca.

ROBLES: Yo solamente digo que conviene analizar por qué aquello funcionó y por qué determinadas políticas fueron posteriormente derogadas o sustituidas… por nosotros.

SÁNCHEZ: ¡A mí no me compares con Felipe!

PUENTE: Lo digo y lo mantengo: ¡Realidades paralelas! ¡Vives en tu mundo franquista y no puedes evitarlo!

ROBLES: ¡Es Historia!

PUENTE: ¡Es propaganda!

ROBLES: ¡Datos!

PUENTE: Presidente, estamos ante un caso gravísimo.

SÁNCHEZ: ¿De qué?

PUENTE: Margarita está utilizando datos: DA-TOS. Estamos perdidos, nosotros somos más de bulos y triquiñuelas.

ROBLES: ¿Y eso qué significa?

PUENTE: Que si los datos no encajan con el relato, habrá que buscar otro universo.

ROBLES: Presidente, no puedo tolerar esto.

PUENTE: ¡Franquista! ¡Eso es lo que eres!

SÁNCHEZ: ¡Óscar!

PUENTE: No sé a qué esperas para echarla… Ahora esto y la semana pasada lo de Ceuta, que nos dejó a todos con el orto bien ventilado.

(Silencio sepulcral, Margarita infla los mofletes -más aún-, Puente gesticula arqueando los brazos hasta situar sus manos bajo las axilas…)

PUENTE: Bueno, pero “buscadora de realidades paralelas” sí puedo decirlo, ¿no?

SÁNCHEZ: Sigamos. Pero que quede claro que este Gobierno no reivindica el franquismo, aunque hiciera millones de viviendas para los más necesitados. Y si lo hizo, es que nos copió ¡Viva la Revolución!

(Nadie responde, aunque se miran unos a otros meneando la cabeza)

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09:59 — INTERVENCIÓN DE DOÑA YOLANDA DÍAZ

(La vicepresidenta reposa sus codos sobre una carpeta titulada: “DIMISIÓN DEFINITIVA - VERSIÓN 17. Ahora sí”)

SÁNCHEZ: Yolanda, estás muy callada. ¿Tú qué dices?

YOLANDA: No. Yo solo hablo cuando considero que las circunstancias políticas requieren mi presencia.

PUENTE: Pues son las diez y algunos a estas horas ya nos hemos ganado el sueldo.

YOLANDA: Pues por eso. Ahora es el momento de la haute politique que yo represento.

SÁNCHEZ: Yolanda, te dije que te olvidaras de ese francés de BUP estilo Luis Fernández. Recuerda: OIT-english, OIT-english, OIT-english… A ver, ¿qué propones?

YOLANDA: Lo dejo clarito desde el principio: si este Gobierno se pierde en discusiones estériles y no garantiza una solución digna para Maricarmen y para todas las maricármenes de este país y, además, una prórroga para los alquileres, yo dimito.

(Silencio al principio y descojonamiento colectivo a renglón seguido)

SÁNCHEZ: ¿Otra vez, Yoli?

YOLANDA: Sí.

ROBLES: ¿De verdad?

YOLANDA: De verdad.

PUENTE: ¿Pero de verdad de verdad de las buenas?

YOLANDA: De las buenas.

SÁNCHEZ: ¿Y te vas?

YOLANDA: Sí.

SÁNCHEZ: ¿Del Gobierno?

YOLANDA: Sí.

SÁNCHEZ: ¿Y adónde?

YOLANDA: A Galicia.

SÁNCHEZ: De acuerdo, si es tu deseo…

YOLANDA: Bueno, veréis, tampoco hace falta tomar decisiones precipitadas. Pero quiero que quede constancia de que, tal y como salga de aquí, me iré a la Puerta del Sol a manifestarme.

SÁNCHEZ: ¿Manifestarte?

YOLANDA: Sí.

PUENTE: ¿Contra quién?

YOLANDA: Contra las políticas de este Gobierno, incapaz de aprobar dos decretos leyes fundamentales.

SÁNCHEZ: ¿Este Gobierno?

YOLANDA: Sí.

SÁNCHEZ: Del que formas parte.

YOLANDA: Sí.

SÁNCHEZ: ¿Como vicepresidenta?

YOLANDA: Sí.

PUENTE: Esto empieza a ser conceptualmente complicado para un homo antecessor.

YOLANDA: La izquierda plural es compleja, pero se lo traga todo y tenemos que cabalgar contradicciones continuamente. La política moderna tiene estas cosas. Los socialdemócratas estáis muy lejos de entenderlo.

ROBLES: ¡Oye, un respeto, que soy de Jueces para la Democracia!

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10:15 — SOMETIMIENTO A VOTACIÓN DEL PRIMER DECRETO

SÁNCHEZ: Bien, de acuerdo. Vamos al texto del primer Decreto-Ley.

BOLAÑOS: Artículo primero: “Se establecerán mecanismos extraordinarios para evitar situaciones de especial vulnerabilidad habitacional”.

YOLANDA: Hay que añadir “urgentes”.

BOLAÑOS: ¿Urgentes? ¿Cómo de urgentes?

YOLANDA: Sí. Pues urgente, urgentísimo.

BOLAÑOS: Ya dice extraordinarios.

YOLANDA: Pues “extraordinariamente urgentes”.

PUENTE: Yo pondría “históricamente urgentes”.

ROBLES: Así nos quedaría una norma de lo más franquista.

PUENTE: ¡Oye, sin insultar!

ROBLES: No es un insulto. Solo es comparar ambas legislaciones.

BOLAÑOS: Bueno, ¿votos a favor?: 1, 2, 3… 20 y 21. ¿Abstenciones? ¿A ver, por qué Yolanda?

YOLANDA: Lo he dicho: de aquí me voy a Sol. ¿Quieres que me zurren? Malo será que no consigamos que Puigdemont apoye al menos uno de los decretos-leyes.

BOLAÑOS: ¡Uf!, ¿votos en contra? Elma, ¿por qué?

ELMA: No tengo por qué decirlo. Además, tengo que salir ahí ahora a poner la cara.

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10:35 — DECRETO-LEY MARICARMEN

SÁNCHEZ: Son más de las diez y media y todavía no me he montado hoy en el Falcon. ¿Qué hacemos con Maricarmen?

BOLAÑOS: Podríamos establecer que los contratos que estén vigentes y terminen antes de fin de año podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, bajo determinadas condiciones.

YOLANDA: No empezamos mal.

SÁNCHEZ: Lo peor es que esto lo tiene que aprobar Puigdemont. Habría que darse un paseíto por Waterloo y ya no tengo cerca a Santos.

BOLAÑOS: Pero estamos reunidos hoy, 29 de septiembre, para aprobar el Decreto-ley.

SÁNCHEZ: Da igual, lo aprobamos hoy y lo redactamos mañana o pasado.

PUENTE: ¿Y si las condiciones de Maricarmen no encajan?

BOLAÑOS: Se estudia hasta que encaje.

PUENTE: ¿Y quién lo estudiará?

BOLAÑOS: Una comisión.

PUENTE: ¿De cuántos miembros?

BOLAÑOS: Todavía no lo sabemos.

SÁNCHEZ: Que sean siete.

ROBLES: ¿Por qué siete?

SÁNCHEZ: Porque seis parece poco y ocho parece demasiado. Siete son suficiente para enredar, no hacer nada y que la gente se olvide.

BOLAÑOS: Y aprovecho para anunciar que ambos decretos-leyes irán a convalidación al Congreso el próximo 2 de octubre.

YOLANDA: ¿Este viernes? Pues yo así no estoy satisfecha.

SÁNCHEZ: ¡Uf!, Yoli, te lo digo con cariño: te recomiendo mi psiquiatra. A ver, ¿qué faltaría que te satisfaga?

YOLANDA: Una garantía política.

PUENTE: ¿Otra amenaza de dimisión? (Gritó mientras otra vez aporreaba su iPhone) “Una vicepresidente rubia y comprometida. Hay gobierno para rato. #GobiernoDeProgreso”. Enviar.

YOLANDA: No. La garantía es que dimitiremos todos si de aquí al viernes la comisión no hace su trabajo.

SÁNCHEZ: ¿Dimitir? Claro, nosotros al guano y tú a la OIT. ¡Qué lista! ¡Anda y que te den, Yoli!

YOLANDA: Es que…

SÁNCHEZ: ¡Venga ya, dimite de una puñetera vez, si tienes coj… lo que hay que tener!

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11:07 — ACUERDO FINAL (RESUMEN)

Después de tres cafés, dos discusiones históricas, una acusación de franquista, tres de facha y cuatro amenazas de dimisión, se alcanza el siguiente consenso:

1. Maricarmen no será abandonada a su suerte.
2. Se aprueban los decretos-leyes a la espera de que los vascos y los catalanes nos los santifiquen el viernes, previa negociación.
3. Se creará una comisión para estudiar las condiciones de Maricarmen, cuyos resultados se incorporarán a este decreto-ley que aprobamos hoy, con carácter retroactivo.
4. Se debatirá quién tiene la culpa, aunque este gobierno lo tiene claro: Felipe, Boyer (QEPD), Franco, por jugar a comunista y, naturalmente, la derecha reaccionaria.
5. El gobierno seguirá culpando a las políticas de vivienda de hace décadas, que ahora quieren revivir los nostálgicos como la Ministra de Defensa.
6. Óscar seguirá preocupado por todo menos por las infraestructuras y únicamente en horario laboral.
7. Yolanda anuncia (otra vez) que dimite.
8. Yolanda (otra vez) no dimite.
9. Yolanda anuncia que se manifestará contra el Gobierno.
10. Yolanda confirma que seguirá en el Gobierno mientras se manifiesta contra el Gobierno.
11. Y, encima, por todo esto nos pagan.

FIN DEL ACTA