04/10/26. Mi
colaboración de ayer en Sevillainfo
“Si cada vez que el Gobierno necesita una mayoría
parlamentaria puede negociar excepciones territoriales, España corre el riesgo
de convertirse en un catálogo creciente de particularidades y de entendibles
confrontaciones… a las que, por otra parte, nos está llevando este gobierno con
su forma de discurrir”
Hay expresiones que desnudan
mucho más a este gobierno que media docena de sentencias del Tribunal Supremo o
de la Audiencia Nacional. La afirmación ayer en el Congreso de la ministra de
Vivienda, Isabel Rodríguez, de que los diputados de Junts pueden estar
tranquilos porque el nuevo decreto de vivienda “no afecta a Cataluña” es
una de ellas. Además de mostrar sus vergüenzas, al tiempo desvelan la infamia y
la vileza de su particular manera de gobernar.
Cierto es que la Constitución
permite que las comunidades autónomas ejerzan determinadas competencias con
arreglo a sus Estatutos. Aquí, sin embargo, el problema es otro: ¿qué queda
del principio de igualdad ante la ley cuando un miembro del Gobierno de España
presenta como argumento, únicamente para obtener votos: “¡tranquilos,
catalanes!, que esto no os afecta”?
El artículo 14 de la
Constitución proclama que “los españoles son iguales ante la ley”. Y el
artículo 139.1 establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Naturalmente, eso no
significa que todas las comunidades autónomas tengan que tener exactamente las
mismas leyes. El propio sistema constitucional contempla diferencias
competenciales y normativas.
Pero hay una diferencia
esencial entre una desigualdad normativa derivada del reparto constitucional
de competencias y una excepción territorial convertida en moneda de
cambio parlamentaria. Y ahí es donde las palabras de la ministra resultan
especialmente ofensivas e indecentes.
El nuevo real decreto-ley, que
desde ayer es papel mojado, establece una regulación estatal sobre los
alquileres de temporada y por habitaciones, mientras que su propio texto
respeta las competencias autonómicas existentes. Cataluña cuenta, además, con una
regulación específica en esta materia. Jurídicamente, por tanto, existe una
explicación para que el régimen no sea idéntico en Cataluña y en otras
comunidades. Cuestión que ya había tenido en cuenta el gobierno en sus
negociaciones para conseguir ese equilibrio de contentar a la extrema izquierda
en toda España y a la extrema derecha independentista de los territorios
forales.
Pero si esa fuera únicamente la
explicación, ¿por qué convertirla en un vergonzoso argumento hecho desde la
tribuna del Congreso dirigido específicamente a Junts? Porque una cosa es haber
dicho: “Cataluña tiene determinadas competencias y esta norma estatal las
respeta” y otra muy distinta es decir: “Serénense: esto no les afecta;
esto solo va dirigido a la España de segunda división”.
Supongamos que un propietario
de Sevilla o de Málaga que pretenda arrendar su segunda vivienda, con tan buena
voluntad como desconocimiento de la legalidad, pregunta por qué tiene que
someterse a una determinada regulación estatal mientras un propietario de
Gerona queda sometido a otra regulación diferente.
El Gobierno podría responder
legítimamente que existen competencias autonómicas y que la Constitución
permite esa diversidad normativa. Perfecto. La explicación debe ser exactamente
esa: competencia, Constitución y Estatuto de Autonomía. La que nunca debería
ser es “Los gerundenses pueden estar tranquilos porque Cataluña queda fuera de
esta infame decisión”.
Las palabras de la ministra
dejaron bien clarito que la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica y pasa
a ser política, desfavoreciendo o beneficiando a una parte de la población
según se vote. Y esa cuestión, más que política, resulta asquerosa.
La pregunta, por tanto, resulta
inevitable: ¿la diferencia existe porque la Constitución distribuye las
competencias de esa manera o porque el Gobierno necesita los votos de un
partido territorial? Si la respuesta es la primera, la ministra debería
haber explicado la cuestión en esos términos a todos los españoles… aunque sea
mejor que lo haya evitado, a la vista de sus dificultades lectoras puestas de
manifiesto tras la finalización del Consejo de Ministros que aprobó los dos
decretos rechazados ayer. Si la respuesta política es la segunda, entonces el
Gobierno está reconociendo sin pudor alguno un criterio extraordinariamente
preocupante en la elaboración de las normas: que la aplicación territorial de
la legislación puede formar parte de la negociación necesaria para conseguir
una mayoría parlamentaria.
Si cada vez que el Gobierno
necesita una mayoría parlamentaria puede negociar excepciones territoriales,
España corre el riesgo de convertirse en un catálogo creciente de
particularidades y de entendibles confrontaciones… a las que, por otra parte,
nos está llevando este gobierno con su forma de discurrir.
La Constitución permite la
diversidad territorial. Lo que no debería convertirse en norma política es que la
diversidad se transforme en un privilegio negociado a la carta para mantener en
el sillón al gobierno con menos apoyo de la democracia.
Una comunidad obtiene una
excepción porque sus diputados son decisivos. Otra reclama la suya. Una tercera
exige una compensación distinta. Y poco a poco las leyes estatales dejan de
percibirse como reglas generales para convertirse en el resultado de una
subasta parlamentaria.
Ese proceso tiene una
consecuencia especialmente dañina: erosiona la confianza de los ciudadanos
en la igualdad de las reglas y deroga de facto, sin necesidad de reforma
constitucional, el citado artículo 14.
Ya lo dijo Miarfonzo en
relación con el ataque de este gobierno a nuestra máxima norma: “No es
necesario modificar la Constitución -a la que comparó acertadamente con un
chorizo- con arreglo al título X; basta con (re)cortarlo lonchita a lonchita,
para dejarlo en un pellejito colgando de la guitita”.
Y todo ello a cambio de siete
votos. ¡Sánchez, por siete votos tienes…!
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